Álvaro Aragón Ayala.
La Universidad Autónoma de Sinaloa cumplió a cabalidad con la dolorosa reingeniería institucional, las reformas laborales y el fideicomiso exigidos por la Federación. La respuesta del Gobierno Federal fue el abandono presupuestal y la indolencia
El estallamiento de la huelga en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no es el resultado de una mala gestión interna; es la consecuencia directa de una traición institucional operada desde las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno Federal. Exacto: La parálisis que hoy afecta a cerca de 170 mil estudiantes sinaloenses tiene un responsable con nombre y apellido: un Estado mexicano que empeñó su palabra, exigió sacrificios estructurales a la comunidad universitaria y, a la hora de cumplir con el financiamiento prometido, decidió dar la espalda.
La narrativa oficialista suele simplificar las crisis universitarias al pago de las jubilaciones dinámicas para evadir cumplir con el otorgamiento de presupuestos suficientes, pero el caso de la UAS es especial. La institución se sometió a un riguroso y complejo proceso de reingeniería integral orientado a contener su déficit estructural. Sindicatos y autoridades universitarias asumieron el costo político y social de implementar reformas administrativas profundas, aceptar medidas de contención laboral, recortar personal y constituir un fideicomiso pensionario destinado a garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
Todas y cada una de estas severas condiciones fueron impuestas por las propias autoridades educativas federales. La promesa del Gobierno Federal fue clara y explícita: si la UAS realizaba el saneamiento financiero y la reconfiguración de sus pasivos, la Federación intervendría de manera inmediata con la inyección de apoyos y subsidios extraordinarios para estabilizar la institución. La UAS cumplió escrupulosamente con su parte del trato. El Gobierno Federal, de manera irresponsable, no envió un solo peso.
El Sindicato Único de Trabajadores de la UAS (SUNTUAS) colocó entonces el dedo en la llaga al iniciar el paro laboral bajo una premisa irrebatible: los trabajadores y la institución ya hicieron el sacrificio; ahora le toca a la Federación pagar su deuda. La huelga es, en realidad, el último recurso de una comunidad laboral que se niega a pagar los platos rotos de un incumplimiento bilateral donde la SEP actuó como un deudor de mala fe.
La SEP falló. Con la asfixia presupuestal a las universidades públicas del país y clausurar de golpe los fondos extraordinarios de cierre de ejercicio, la Federación empuja a las instituciones de educación superior al precipicio. No se puede exigir calidad académica, cobertura universal, gratuidad constitucional e innovación tecnológica manteniendo congelado un modelo de subsidio inercial que pertenece al siglo pasado. El discurso gubernamental que ensalza a la educación como un derecho se desmorona cuando, en la práctica, se le condena a la inanición financiera.
Resulta jurídicamente perverso y financieramente inviable que el Estado pretenda trasladar en su totalidad el costo de las obligaciones históricas y los pasivos de retiro a las universidades, especialmente cuando estas demuestran la voluntad de reformarse. La austeridad mal entendida no es una política pública; es un mecanismo de demolición institucional. Ningún programa de ahorro interno puede sustituir la corresponsabilidad financiera que la Ley General de Educación Superior impone de manera concurrente a la Federación y a los estados.
Hoy, las banderas rojas y negras en la UAS son el monumento a la negligencia gubernamental. La parálisis de una de las universidades más grandes e importantes del país es el síntoma de un Gobierno Federal que prefiere el conflicto abierto antes que el cumplimiento de los acuerdos firmados. Si la SEP y la Federación mantienen su postura de indolencia, no solo estarán hundiendo las finanzas de la UAS, sino traicionando el futuro de miles de jóvenes que dependen de la educación pública para salir adelante. La palabra empeñada se cumple; de lo contrario, la crisis actual sólo será el prólogo del colapso universitario nacional.
