Álvaro Aragón Ayala.
El viejo modelo presupuestal diseñado hace más de tres décadas quedó rebasado por una nueva realidad académica, tecnológica, demográfica y laboral
La crisis financiera que golpea a las universidades públicas estatales no nació en las oficinas de los actuales rectores ni en las administraciones universitarias de los últimos años. Su origen se remonta al modelo de financiamiento construido a principios de la década de los noventa, durante la reorganización económica del Estado mexicano; un esquema que permitió la expansión de la educación superior, pero que nunca evolucionó al mismo ritmo en que crecieron las responsabilidades constitucionales, académicas y sociales de las instituciones. Hoy, ese sistema agotó su capacidad de respuesta.
Durante más de treinta años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda mantuvieron prácticamente intacto un sistema de subsidios calculado bajo una lógica inercial: el presupuesto del año anterior más ajustes limitados. Ese mecanismo pudo funcionar cuando las universidades tenían una matrícula mucho menor, una planta académica joven, infraestructura reducida y obligaciones laborales relativamente contenidas. Hoy, el escenario es radicalmente distinto.
Las universidades ya no son las mismas instituciones que existían cuando nació ese modelo financiero. La matrícula creció de manera acelerada; la Constitución elevó a rango de derecho la gratuidad y amplió el acceso a la educación superior; se multiplicaron los campus, las carreras, los programas de posgrado, la investigación científica, la internacionalización y la vinculación tecnológica. Al mismo tiempo, surgieron nuevas obligaciones que hace tres décadas simplemente no existían.
Hoy en día, una universidad pública debe invertir permanentemente en plataformas digitales, educación híbrida, inteligencia artificial, conectividad, ciberseguridad, laboratorios especializados, redes de alta velocidad, bibliotecas digitales, certificaciones internacionales, innovación científica y modernización tecnológica. Nada de ello fue incorporado de manera suficiente al viejo modelo presupuestal.
A esa transformación académica se sumó otro fenómeno igualmente determinante: el crecimiento natural de la planta laboral. Miles de profesores, investigadores y trabajadores administrativos que ingresaron durante las décadas de expansión universitaria comenzaron a alcanzar la edad de retiro. El sistema pensionario empezó entonces a ejercer una presión creciente sobre los presupuestos institucionales.
Décadas atrás, numerosas universidades incorporaron en sus contratos colectivos esquemas de jubilación dinámica sin que el Estado mexicano estableciera un mecanismo nacional de financiamiento para respaldarlos. No se crearon fondos suficientes desde su origen ni se diseñó una política pública que anticipara el impacto demográfico de esas obligaciones. El problema permaneció oculto mientras predominaba una planta laboral joven; cuando las generaciones comenzaron a jubilarse masivamente, el déficit estructural emergió con toda su fuerza.
Los estudios actuariales practicados en diversas universidades públicas no constituyen opiniones políticas. Son diagnósticos técnicos elaborados mediante metodologías especializadas que proyectan el comportamiento financiero de los sistemas pensionarios durante las siguientes décadas. Su finalidad consiste en estimar el tamaño de los pasivos laborales, calcular las obligaciones futuras y determinar si la institución podrá sostener simultáneamente el pago de jubilaciones, salarios, investigación, infraestructura y servicios educativos.
Las auditorías financieras cumplen una función distinta. Revisan el ejercicio de los recursos públicos, verifican la legalidad de las operaciones y evalúan la razonabilidad de los estados financieros bajo las Normas de Información Financiera, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los criterios del Consejo Nacional de Armonización Contable. Mientras las auditorías observan el pasado y el presente, los estudios actuariales proyectan el futuro. Ambos instrumentos son complementarios y constituyen herramientas técnicas ampliamente reconocidas.
Los diagnósticos elaborados durante los últimos años coincidieron en una misma advertencia: los sistemas jubilatorios sin respaldo financiero suficiente ejercerían una presión creciente sobre los presupuestos universitarios. Esa conclusión llevó a la SEP a exigir a diversas instituciones -bajo la promesa de que les otorgaría apoyos financieros emergentes- que implementaran procesos de reingeniería administrativa, reformas laborales y la creación de fondos o fideicomisos pensionarios.
Algunas universidades aceptaron ese proceso de transformación. Sindicatos y autoridades universitarias negociaron modificaciones contractuales, incrementaron aportaciones, impulsaron fideicomisos y realizaron ajustes administrativos con el propósito de fortalecer la viabilidad financiera de sus sistemas de retiro. Otras apenas comienzan ese proceso debido a las resistencias internas propias de cualquier reforma estructural.
Sin embargo, mientras las instituciones emprendían o cumplían con esas transformaciones, el Estado mexicano no envió los respaldos financieros ofrecidos ni sustituyó el viejo modelo por uno acorde con las nuevas obligaciones constitucionales. Tampoco institucionalizó un mecanismo permanente para atender los pasivos históricos acumulados durante décadas.
El problema es gravísimo, ya que también desaparecieron los programas extraordinarios que durante algunos años funcionaron como mecanismos de apoyo temporal para las universidades con problemas estructurales. Aunque esos fondos nunca resolvieron el origen del déficit, permitían aliviar parcialmente las presiones financieras de cierre de ejercicio. Al extinguirse, muchas instituciones quedaron dependiendo exclusivamente de un subsidio ordinario insuficiente frente a las nuevas responsabilidades académicas y laborales.
En ese contexto comenzaron a repetirse en diversas entidades del país escenarios similares: universidades con dificultades para cubrir aguinaldos, salarios, prestaciones, crecimiento de matrícula e inversiones tecnológicas; rectores obligados a gestionar recursos extraordinarios ante la Federación, pero sin respuestas de la SEP; sindicatos demandando apoyos emergentes y estudiantes preocupados por la continuidad de los servicios educativos.
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) forma parte de ese fenómeno nacional. Atiende a cerca de 170 mil estudiantes, mantiene presencia en prácticamente todo el territorio estatal, continúa ampliando su cobertura educativa y enfrenta, como muchas otras instituciones públicas, los efectos acumulados de un modelo presupuestal que dejó de responder a las exigencias del siglo XXI.
La discusión, por ello, no puede reducirse exclusivamente al tema jubilatorio. La presión financiera proviene de múltiples frentes: el crecimiento sostenido de la matrícula, las nuevas obligaciones constitucionales derivadas de la gratuidad, el incremento de la planta académica, la regularización pendiente de horas-aula y tiempos completos, la expansión territorial, la modernización tecnológica, la inflación, los aumentos salariales, el mantenimiento de infraestructura, el fortalecimiento de la investigación científica y la atención de pasivos laborales acumulados durante décadas.
La solución tampoco puede limitarse a exhortar a las universidades a aplicar más austeridad. Ningún programa de ahorro puede sustituir a un modelo nacional de financiamiento acorde con la realidad actual de la educación superior mexicana.
La respuesta a la crisis corresponde, entonces, al Estado mexicano. La Constitución reconoce la educación superior como un derecho y la Ley General de Educación Superior establece principios de concurrencia, corresponsabilidad y progresividad en el financiamiento público. Ese marco jurídico exige que la Federación y las entidades federativas garanticen condiciones suficientes para que las universidades puedan cumplir las funciones que la propia Constitución les impone.
