Álvaro Aragón Ayala.
Para Morena en Sinaloa, el camino hacia la sucesión gubernamental de 2027 dio un giro de 180 grados. Lo que antes del deterioro político y de los severos cuestionamientos que han marcado la administración de Rubén Rocha Moya parecía un triunfo prácticamente asegurado, hoy se ha convertido en un tablero dominado por la incertidumbre y múltiples variables de riesgo. Si algo enseñan la ciencia política y el análisis del comportamiento electoral es que no existen bastiones inexpugnables. El mayor desafío para el partido gobernante no proviene de un eventual crecimiento “milagroso” de la oposición -PRI, PAN o Movimiento Ciudadano-, sino de un adversario mucho más silencioso y peligroso: el desgaste progresivo y la desmovilización de su propia base social.
La ventaja con la que Morena inicia esta etapa interna es incuestionable, pero enfrenta cinco presiones de fondo que han ido erosionando el ánimo ciudadano. La primera es la inseguridad, convertida ya en un factor determinante. La violencia extrema dejó de percibirse como un episodio aislado para instalarse como una realidad cotidiana que sofoca la economía, restringe la movilidad y altera la vida familiar. Cuando el ciudadano concluye que el Estado perdió la capacidad de garantizar el orden público, el voto de castigo deja de ser una posibilidad remota para convertirse en una opción tangible.
A ello se agrega el deterioro económico, reflejado en una desaceleración que golpea directamente el ingreso de las familias mediante la caída de la inversión, el debilitamiento del consumo y el cierre de establecimientos. Paralelamente, la crisis estructural del campo mantiene al sector agropecuario en permanente tensión por los bajos precios del maíz, la pérdida de rentabilidad y la escasez de agua. A este escenario se suma el desgaste natural de toda administración avanzada -visible en la lentitud burocrática- y una polarización política alimentada por la confrontación constante con organizaciones sociales y representantes de los sectores productivos, rompiendo los puentes indispensables para construir acuerdos.
La principal fortaleza electoral de Morena descansa sobre un amplio ecosistema de programas sociales federales. Sin embargo, en el arranque de la contienda interna, trece aspirantes comenzaron a disputarse el respaldo político derivado de ese capital, partiendo del supuesto de que los beneficiarios constituyen un ejército electoral disciplinado. El padrón es enorme: más de 330 mil adultos mayores; alrededor de 22 mil 600 beneficiarias de Mujeres Bienestar; entre 10 mil y 15 mil jóvenes inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro; más de 32 mil pescadores incorporados a Bienpesca; 36 mil productores en Producción para el Bienestar; 52 mil beneficiarios del programa Fertilizantes, además de más de 270 mil estudiantes becados.
Sin embargo, el comportamiento electoral de ese universo dista mucho de ser homogéneo. Existe un núcleo duro -entre 35 y 40 por ciento- que respaldará al partido prácticamente bajo cualquier circunstancia. Convive, sin embargo, con un segmento pragmático -25 a 30 por ciento- que privilegia la estabilidad; un voto crítico -20 a 25 por ciento- que distingue entre el beneficio recibido y la evaluación del gobernante, rechazando las imposiciones; y un sector altamente volátil -10 a 15 por ciento- proclive al abstencionismo cuando percibe el deterioro de su entorno económico o social. Si la combinación de inseguridad y estancamiento lograra que apenas entre el 10 y el 15 por ciento de este padrón, estimado en más de medio millón de electores, decidiera no acudir a las urnas o dividir su sufragio en las elecciones locales, Morena perdería de inmediato entre 50 mil y 75 mil votos, una merma potencialmente decisiva en una contienda competida.
Al mismo tiempo, la definición de la candidatura incorpora sus propios riesgos. La fatiga electoral y la apatía pueden reducir la participación del votante independiente y de amplios sectores de las clases medias urbanas, cansados de observar, elección tras elección, el predominio del mismo partido. A ello se añaden las inevitables tensiones derivadas de una competencia con trece aspirantes: desde el optimismo de Imelda Castro y Tere Guerra, pasando por la persistencia de Gerardo Vargas, hasta perfiles incorporados como piezas de negociación -como Omar López- o la estrategia del Partido Verde al impulsar a Ricardo Madrid. También pesa una percepción que comienza a extenderse: la sensación de impunidad. Si la sociedad concluye que las crisis no generan rectificaciones y, además, se impone una candidatura percibida como débil o producto de una decisión cupular, el entusiasmo de la estructura territorial podría diluirse con rapidez.
Bajo estas condiciones, la afirmación de que “Morena gana en Sinaloa con cualquier candidato” carece de sustento técnico. Hay perfiles capaces de ampliar la ventaja; otros apenas conservarían el respaldo existente; y varios más tendrían la capacidad de reducirlo significativamente. Precisamente por ello cobra fuerza un escenario que merece atención: la aduana del centro. Si la dirigencia nacional concluye que la disputa interna amenaza con fracturar al partido en Sinaloa o advierte que los liderazgos locales arrastran el desgaste acumulado del actual gobierno estatal, podría ignorar los acuerdos regionales e imponer una candidatura surgida directamente desde la Ciudad de México, ajena a las tribus locales, con el propósito de contener daños y preservar la plaza.
La moneda ya no está cargada hacia un solo lado. En Sinaloa, la red de programas del Bienestar continúa ofreciendo a Morena un extraordinario punto de partida, pero, en el contexto actual, dejó de representar un boleto automático hacia la victoria. La certeza electoral que durante años pareció inamovible comienza a transformarse en una hipótesis que deberá probarse, esta vez, en las urnas.
