Álvaro Aragón Ayala.
La crisis financiera que asfixia a la Universidad Autónoma de Sinaloa rebasó cualquier límite tolerable. Tras meses de gestiones y drásticos ajustes en la institución y la demanda de apoyo emergente, la respuesta del Gobierno Federal es la indiferencia absoluta. Ante este panorama de abandono gubernamental, los sindicatos universitarios activaron una advertencia contundente: el inicio inminente de paros laborales y movilizaciones masivas.
El pronunciamiento conjunto de las dirigencias del SUNTUAS Académicos y Administrativos marcó así un punto de inflexión histórico. Por primera vez, las bases trabajadoras señalan directamente al verdadero responsable de la parálisis: una Federación que mantiene congelados los recursos de apoyo emergente. La SEP decidió ignorar que la universidad se encuentra a días de cumplir compromisos extraordinarios como salarios, quincenas y primas vacacionales.
La directiva sindical se mueve en tres vertientes inquebrantables: la defensa irreductible de la autonomía, la protección del derecho a la educación de 170 mil estudiantes y la exigencia inmediata de un rescate financiero emergente para garantizar las prestaciones laborales. Los trabajadores han sido pacientes, pero el cerco presupuestal impuesto desde el centro del país los obligó a radicalizar las medidas de presión.
Samuel de Jesús Castro Camacho, dirigente del SUNTUAS Académicos, denunció el desprecio centralista hacia el esfuerzo de la comunidad universitaria. La UAS cumplió a rajatabla con cada una de las condiciones impuestas por la Federación para liberar los respaldos financieros, ejecutando una reingeniería institucional profunda y absorbiendo la cobertura universal. A cambio, la SEP respondió con un silencio sepulcral y el secuestro de los recursos comprometidos.
Por su parte, Isfa Bernabé Leal Salazar, líder del SUNTUAS Administrativo, advirtió que la paciencia laboral se agotó frente a la indolencia burocrática. La Universidad ya hizo la tarea exigida, pero el Gobierno Federal prefiere mantener un estrangulamiento financiero que castiga a quienes sí trabajan.
Lo que ocurre en la UAS es el colapso provocado por un modelo nacional de financiamiento caduco y diseñado para el fracaso de las universidades de provincias. En tanto la SEP exige en sus discursos ampliar la matrícula y abrir espacios de inclusión, en los hechos castiga la excelencia otorgando uno de los presupuestos por alumno más raquíticos y miserables del país.
La Federación utilizó el discurso de la cobertura universal como bandera política, y la UAS asumió esa responsabilidad histórica abriendo las puertas a cerca de 170 mil jóvenes. Sin embargo, el Estado/Gobierno traicionó su propia narrativa al congelar los recursos económicos necesarios para sostener las aulas, los laboratorios y el salario de los docentes que atienden esa demanda masiva.
A esta asfixia premeditada se suma el histórico desentendimiento federal del sistema de jubilaciones complementarias. Durante décadas, las autoridades de la SEP conocieron, avalaron y convivieron con las estructuras jubilatorias de las universidades públicas; hoy, de manera tramposa, pretenden lavarse las manos exigiendo reformas draconianas a cambio de liberar el dinero que por derecho le pertenece a los trabajadores.
La Universidad Autónoma de Sinaloa no se cruzó de brazos y asumió el reto con valentía. Implementó reformas financieras drásticas, optimizó sus estructuras y creó un fideicomiso sólido para dar viabilidad a su sistema de pensiones. La institución tomó decisiones dolorosas y pagó los costos políticos exigidos, confiando en la palabra de una contraparte federal que terminó por traicionarla.
La Universidad cumplió con su misión. Los trabajadores entregaron su esfuerzo en las aulas. Los sindicatos mantuvieron la estabilidad institucional. El único eslabón que falló, por negligencia y falta de voluntad política, fue y es el Gobierno Federal. Ese incumplimiento es el combustible de la inconformidad sindical que hoy amenaza con paralizar el estado.
La advertencia de paros laborales y movilizaciones es una demanda directa para que el Estado mexicano asuma su obligación constitucional con la educación superior pública. La Constitución mandata la gratuidad y la Ley General de Educación Superior establece la corresponsabilidad de la Federación en el sostenimiento universitario. La SEP viola flagrantemente estos principios al regatear el oxígeno financiero de la institución.
Así, mientras el discurso oficial se llena de retórica sobre el fortalecimiento de la educación pública, la realidad material demuestra que a la Federación no le importan los estudiantes. Las universidades son obligadas a sobrevivir con presupuestos de hambre, fondos extraordinarios retenidos y una asfixia operativa que busca doblegar su dignidad.
Por esa razón, la advertencia de huelga del SUNTUAS adquirió una dimensión de reclamo nacional. Y ya no se trata simplemente de reclamo por salarios y primas vacacionales; es un grito de alerta ante el desmantelamiento institucional que el centralismo de la SEP está operando en contra de la educación pública en los estados del país.
Si la Federación mantiene su postura de soberbia e indiferencia, las consecuencias no golpearán a una oficina de Rectoría; el daño histórico recaerá directamente sobre miles de familias trabajadoras y sobre el futuro académico de 170 mil estudiantes que dependen de la UAS para salir adelante. La SEP está jugando con fuego al vulnerar la estabilidad social del estado.
La Universidad Autónoma de Sinaloa ya hizo su tarea y demostró con creces su rentabilidad social. Ahora le corresponde al Gobierno Federal abandonar la simulación y cumplir con su obligación presupuestal. Si se asfixia financieramente a una universidad que atiende a 170 mil jóvenes, el Estado no está ahorrando recursos; pretende dinamitar la herramienta de movilidad social más importante del pueblo sinaloense. La deuda de la SEP es con el futuro inmediato y el tiempo de pagarla se está terminado.
