Álvaro Aragón Ayala.
Un aparente diagnóstico con perfil de supuesta denuncia -convenientemente alineado con relatorías políticas externas- intenta utilizar las legítimas demandas de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) como un arma de descrédito institucional. Se habla de la falta de aulas en Comunicación, de la carencia de insumos en los laboratorios de Nutrición y Gastronomía, de las limitaciones operativas en la Cámara de Gesell de Psicología, o de la saturación de campos clínicos en Medicina. Sin embargo, quienes pretenden leer estos testimonios como un fracaso de la gestión interna cometen un error metodológico craso o, peor aún, actúan con profundo dolo narrativo.
Las voces de los alumnos de Fisioterapia cooperando para proyectores, o de los estudiantes de primer año de Derecho adaptándose a la virtualidad, no están acusando a su alma mater. Están exhibiendo las costuras de un modelo de financiamiento federal que dejó solas a las universidades que se atrevieron a cumplir con el mandato Constitucional de la universalidad de la educación. La inconformidad estudiantil que hoy hierve en los campus de Culiacán no es un problema de gestión: es la prueba viva del éxito de una política de puertas abiertas que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno Federal aplauden en los discursos, pero que estrangulan en el presupuesto.
En 2021, la UAS asumió el compromiso histórico de garantizar el 100 por ciento de cobertura, absorbiendo una matrícula masiva que hoy ronda los 170 mil estudiantes, pero mientras la demanda y la responsabilidad social de la universidad se multiplicó exponencialmente, el subsidio federal por alumno asignado por la SEP se convirtió en uno de los más raquíticos e indignos del país ¿Cómo se le puede exigir a una institución mantener laboratorios de televisión de última generación para Ciencias de la Comunicación o actualizar tecnología de punta en Fisioterapia, cuando el Gobierno Federal mantiene congelados los fondos extraordinarios para infraestructura?
La raíz matemática del problema de la UAS no miente. Aunque se mencionen bolsas presupuestales aparentes para materiales y suministros, la realidad macroeconómica es implacable: la inflación en insumos tecnológicos y el crecimiento de la matrícula diluyen cualquier recurso inercial. Los docentes que expresan su preocupación por la suficiencia de pagos o por la optimización de espacios mediante la bimodalidad y el Plan de Austeridad y Racionalidad de Gasto no están improvisando; están resistiendo un cerco financiero impuesto desde la Ciudad de México.
Intentar contener el espíritu crítico de los jóvenes sinaloenses dentro del perímetro del debate administrativo local es subestimar su inteligencia. Los estudiantes de medicina, derecho y psicología saben perfectamente que el enemigo de la educación pública no es la Rectoría que les otorgó un espacio de estudio cuando otras instituciones les cerraban la puerta. El descontento ya maduró, y hoy se perfila una auténtica rebelión de jóvenes que están listos para salir a las calles a exigir un trato federal digno para su universidad.
El reclamo estudiantil es, en el fondo, una defensa de la autonomía y de la dignidad universitaria frente a las presiones externas: No piden menos Universidad, exigen más presupuesto federal. Si los alumnos exigen mejores aires acondicionados o mantenimiento en Psicología y Fisioterapia, su exigencia no es un voto de censura a la UAS; es una demanda directa a la SEP para que devuelva los fondos de infraestructura que legítimamente le corresponden a Sinaloa.
La comunidad estudiantil entiende que la imposición de auditorías locales con tintes políticos y los procesos judiciales que pretendieron desestabilizar la gobernabilidad de la institución son “cortinas de humo” para desviar la atención de lo fundamental: la falta de presupuesto federal para salarios dignos y equipamiento. La Universidad Autónoma de Sinaloa no enfrenta una crisis por exceso de estudiantes; enfrenta el castigo de haber cumplido de manera excepcional con la misión del Estado. Los 170 mil jóvenes matriculados son el argumento más contundente de que la educación pública en Sinaloa funciona y es necesaria.
Quienes pretenden capitalizar el descontento material de los alumnos para intervenir la autonomía universitaria se van a topar con una muralla estudiantil. Las carencias en infraestructura no se resuelven con persecución política ni con discursos de austeridad centralista; se resuelven con el presupuesto digno que la SEP le debe a los jóvenes sinaloenses. La inconformidad está en las aulas, pero la protesta legítima está por tomar las calles, y su objetivo claro y unificado es el Gobierno Federal. La UAS abrió las puertas; ahora le toca a la Federación sostener el peso de la educación del futuro.
Es una miopía política monumental -o una burda estrategia de manipulación- pretender hacer creer que los conatos de rebelión y las voces de inconformidad que hoy vibran en los campus van dirigidos hacia la Rectoría. Los estudiantes de la UAS no son piezas ingenuas en el tablero de la SEP; ellos caminan diariamente por los pasillos y saben con absoluta claridad que la crisis de infraestructura no se decreta en las oficinas universitarias, sino que se impone desde los escritorios de la burocracia federal en la Ciudad de México.
La furia de los jóvenes que hoy amagan con tomar las calles no busca confrontar a las autoridades que les tendieron la mano y les abrieron las aulas, sino señalar directamente al Gobierno Federal. Es la SEP, con su indolencia presupuestal y su política de asfixia financiera, la única responsable de que falten proyectores, de que los laboratorios se queden a medias y de que las aulas sufran el rigor del clima. La indignación estudiantil ya identificó al verdadero culpable: la demanda no es local, el reclamo es nacional, y la exigencia de un trato digno va con dedicatoria exclusiva a una Federación que prefiere regatear el futuro de Sinaloa antes que financiar el éxito de su universidad.
