Álvaro Aragón Ayala.
Sinaloa vive una de las mayores contradicciones de su historia. Es el principal productor de alimentos del país, un territorio privilegiado por sus valles agrícolas y su vocación exportadora, pero al mismo tiempo enfrenta una profunda crisis estructural marcada por la violencia, la precarización del empleo, el agotamiento de sus recursos hídricos y un modelo institucional donde, con demasiada frecuencia, los poderes públicos coexisten o terminan subordinados a poderes fácticos.
Cuando la violencia recrudece o la economía entra en crisis, la sociedad vuelve la mirada hacia los partidos políticos esperando soluciones. Sin embargo, la experiencia demuestra que el sistema partidista sinaloense ha dejado de ser un instrumento de transformación para convertirse, en gran medida, en una maquinaria electoral dedicada a la disputa del poder, la distribución de cargos públicos y la administración de presupuestos. Bajo esa lógica, los ciudadanos terminan siendo simples electores periódicos y no el centro de las políticas públicas.
Por ello, la solución de fondo difícilmente surgirá únicamente de las urnas bajo las reglas actuales. El verdadero desafío consiste en transformar las instituciones, modificar los incentivos del poder y reconstruir la relación entre gobierno, economía y sociedad.
Los problemas que arrastra Sinaloa son de naturaleza estructural. Su economía continúa excesivamente primarizada: produce enormes volúmenes de alimentos, pero captura una parte mínima del valor agregado. La riqueza se concentra en las cadenas de comercialización y exportación, mientras el campo mantiene salarios bajos, empleo precario y escasa industrialización. La ausencia de una agroindustria sólida impide generar empleos especializados y retener mayor riqueza dentro del estado.
A esta fragilidad económica se suma una gobernanza debilitada. El narcotráfico dejó de ser exclusivamente un fenómeno criminal para convertirse en un factor que altera el funcionamiento económico, político y social. La infiltración del lavado de dinero en sectores estratégicos distorsiona mercados, debilita el Estado de derecho y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
La desigualdad territorial agrava el panorama. Mientras el corredor Culiacán-Mazatlán-Los Mochis concentra inversión, infraestructura y servicios, amplias regiones serranas y municipios del norte y del sur profundo permanecen rezagados, con limitadas oportunidades de desarrollo. Ese abandono histórico alimenta la migración, la economía informal y la expansión de actividades ilícitas.
A estos rezagos históricos se agregan desafíos propios del siglo XXI. La mutación del crimen organizado transformó radicalmente el escenario de seguridad: la producción tradicional de marihuana y amapola fue desplazada por laboratorios de drogas sintéticas que requieren menos territorio, pero generan mayor violencia, fragmentación criminal y conflictos urbanos de alta intensidad.
El cambio climático representa otra amenaza estratégica. La agricultura sinaloense depende del agua almacenada en las presas, mientras las sequías prolongadas, la baja tecnificación del riego y el uso ineficiente del recurso colocan al estado frente a un riesgo creciente de inviabilidad productiva.
En ciudades como Mazatlán también emerge una nueva presión: el acelerado crecimiento inmobiliario, impulsado por la inversión, el turismo y, en algunos casos, por capitales de origen ilícito, ha incrementado el costo de la vivienda y de los servicios urbanos, desplazando a sectores de ingresos medios y bajos y sometiendo a los municipios a una creciente presión sobre su infraestructura.
LA QUIEBRA DEL SISTEMA DE PARTIDOS
La incapacidad de los partidos para enfrentar estos desafíos responde a una lógica de funcionamiento que privilegia la supervivencia política sobre la transformación institucional. Las candidaturas suelen construirse mediante acuerdos internos, cuotas de poder y reparto de posiciones, antes que sobre perfiles técnicos o proyectos de largo plazo.
En consecuencia, los gobiernos cambian de colores, pero conservan prácticas similares: sustituyen cuadros técnicos por operadores políticos, reproducen redes clientelares y mantienen una administración pública vulnerable a intereses corporativos y, eventualmente, a presiones derivadas del financiamiento ilícito o de pactos de impunidad. Mientras ese modelo permanezca intacto, difícilmente podrán resolverse los problemas estructurales que frenan el desarrollo de Sinaloa.
HACIA UN NUEVO MODELO INSTITUCIONAL
La reconstrucción del estado exige una profunda reingeniería institucional sustentada en tres ejes fundamentales:
El primero consiste en blindar las instituciones de procuración de justicia. Fiscalías, auditorías y corporaciones policiales deben contar con autonomía efectiva, procesos de designación transparentes y controles ciudadanos que impidan su utilización como instrumentos de persecución política o negociación partidista.
El segundo eje implica atacar las finanzas del crimen organizado. Más que multiplicar operativos policiacos, resulta indispensable fortalecer mecanismos permanentes de inteligencia financiera que supervisen operaciones inmobiliarias, notarías, actividades agrícolas y movimientos patrimoniales susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero.
El tercer eje requiere transformar el modelo económico. Sinaloa necesita abandonar la lógica de producir únicamente volumen para avanzar hacia una economía basada en el valor agregado, la agrobiotecnología, la innovación tecnológica y la industrialización regional. Al mismo tiempo, debe impulsar una gestión moderna del agua mediante sistemas avanzados de riego y políticas permanentes de adaptación al cambio climático.
Esta transformación también exige descentralizar el desarrollo económico, promoviendo incentivos para que nuevas industrias, centros logísticos y cadenas agroalimentarias se establezcan en los municipios históricamente rezagados, reduciendo la concentración de oportunidades en unos cuantos polos urbanos.
Finalmente, la profesionalización del servicio público debe convertirse en una política de Estado. El acceso a los cargos técnicos tendría que depender exclusivamente del mérito, los concursos públicos y la capacidad profesional, de manera que los cambios de gobierno no impliquen el reemplazo masivo de servidores públicos por cuotas partidistas.
MÁS ALLÁ DE LAS ELECCIONES
La crisis de Sinaloa no constituye un destino inevitable. Es el resultado de un modelo político y económico que durante décadas privilegió la rentabilidad inmediata, el control faccioso del poder y la ausencia de instituciones verdaderamente autónomas.
Si ese modelo no cambia, las próximas generaciones heredarán un estado con menor disponibilidad de agua, ciudades más costosas, instituciones más débiles y una economía menos competitiva.
Democratizar Sinaloa no significa únicamente sustituir a un partido por otro en el gobierno, sino construir instituciones suficientemente fuertes, transparentes y profesionales para que ningún gobernante, ningún partido y ningún poder fáctico puedan volver a capturar el Estado. Hasta entonces las urnas dejarán de ser un mecanismo de alternancia para convertirse en el verdadero instrumento de transformación democrática.
