Álvaro Aragón Ayala.
Con un año de anticipación y bajo el gastado pretexto de “salvar a la patria”, la maquinaria partidista en México comenzó a mover sus piezas de cara al proceso electoral de 2027. Aunque las dirigencias de Morena, el PAN y el PRI adornan sus discursos con promesas de estabilidad social y defensa ciudadana, los movimientos internos revelan una temprana repartición de cuotas de poder y el blindaje de las élites políticas ante el previsible desgaste de sus propias marcas.
Esta prisa por adelantar el reloj electoral no responde al temor de las cúpulas partidistas de perder el control de las candidaturas y de la elección. Exacto. En tanto el país exige resultados en seguridad, economía y salud, los partidos prefieren volcar sus recursos humanos y financieros en una campaña interna disfrazada de “estrategia nacional”.
Morena, el partido en el poder, justifica su activismo anticipado bajo la bandera de “defender y consolidar el proyecto de nación”. Presumiendo una sólida mayoría legislativa y el control de más de 20 gubernaturas, la dirigencia de Morena busca mantener aceitada su estructura territorial. Sin embargo, detrás de la narrativa de unidad se esconde una urgencia crítica.
El adelantamiento en Morena responde a la necesidad de contener las feroces pugnas internas por las candidaturas a gobernadores y diputados y frenar la escalada de acusaciones de corrupción y de alianzas con el crimen en contra de algunos de sus gobernadores. Sin una figura unificadora omnipresente en la boleta, las tribus internas («los puros» contra los liderazgos pragmáticos o expriistas) amenazan con fracturar los comités locales y estatales.
Así, mientras el discurso oficial exige “lealtad al pueblo”, las decisiones reales siguen dependiendo de encuestas internas opacas y de las designaciones directas de Palacio Nacional, ignorando la verdadera democracia horizontal que tanto pregonan.
Para el Partido Acción Nacional, el banderazo rumbo a 2027 es una lucha por la supervivencia. Con un padrón de militantes que apenas roza el mínimo legal para mantener el registro y tras perder bastiones históricos en los últimos ciclos electorales, el PAN apela a la narrativa de “frenar el autoritarismo” y “salvar las instituciones”.
La dirigencia panista necesita adelantar los tiempos para evitar que Movimiento Ciudadano los desplace por completo como la principal fuerza de oposición. Mover las piezas un año antes es un intento desesperado por amarrar a los pocos gobernadores y alcaldes que les quedan y evitar fugas masivas de capital político.
El PAN acusa al gobierno federal de centralizar el poder, pero internamente su nueva dirigencia sigue secuestrada por los mismos grupos tradicionales que se reparten las diputaciones plurinominales (las que entran sin pedir votos). Exigen “renovación” mientras reciclan las mismas caras que los llevaron a la derrota.
El Partido Revolucionario Institucional presenta el caso más agudo de cinismo retórico. Reducido a su mínima expresión histórica, con apenas un par de gubernaturas en su poder y una bancada legislativa testimonial, el PRI insiste en presentarse como el “voto de la experiencia” y la “defensa de la estabilidad republicana”.
Para la cúpula priista, el 2027 no es una contienda para ganar el país, sino una negociación de supervivencia. Adelantar los movimientos les permite cotizar caro su membrete en una posible coalición con el PAN y asegurar que el grupo compacto que controla el partido mantenga sus fueros y prerrogativas económicas.
Su discurso de “institucionalidad” choca de frente con las reformas estatutarias impuestas para perpetuar a su dirigencia nacional. El PRI pretende defender los derechos de los mexicanos cuando ni siquiera es capaz de respetar los derechos políticos de su militancia crítica, la cual ha sido sistemáticamente expulsada o marginada por Alejandro Moreno Cárdenas.
El adelanto de la carrera hacia 2027 confirma que la partidocracia mexicana vive en una realidad paralela. Así, pues, con el saturamiento del debate público con pura retórica electoral un año antes de lo legal, los partidos pretenden logran tres objetivos perversos: Evadir la rendición de cuentas, justificar el gasto del presupuesto asignado y cerrar el paso a nuevas opciones: con el monopolio de los tiempos de comunicación y los recursos con tanta anticipación, las cúpulas blindan el sistema para que ningún perfil ciudadano o independiente pueda competir en igualdad de condiciones.
La prisa de Morena, PAN y PRI por “defender a México” no es más que el inicio de una costosa puesta en escena. Lo que arranca no es una cruzada por el bienestar del país, sino una feroz batalla campal por el presupuesto, las nóminas gubernamentales y el fuero constitucional.
