Plantean desmantelar redes criminales y reforzar la vigilancia penitenciaria
La estrategia del Gobierno federal para combatir la extorsión mediante el registro obligatorio de líneas telefónicas enfrenta cuestionamientos sobre su eficacia. Hasta el 5 de junio, poco más de 56.7 millones de líneas habían sido registradas, menos del 40% de los más de 144 millones de números activos en el país, según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Para el académico y especialista en seguridad de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, este bajo nivel de participación evidencia la desconfianza ciudadana hacia las autoridades y el manejo de datos personales. “El ciudadano ya no confía en la autoridad. Existe una causa fundada para desconfiar de registrar su línea telefónica. Los mexicanos hemos tenido malas experiencias cuando grandes cantidades de información quedan concentradas en pocas manos, ya sea del Gobierno o de la iniciativa privada”, señaló.
El especialista recordó que la medida ha enfrentado cuestionamientos jurídicos desde su anuncio. Diversos sectores promovieron recursos legales al considerar que el registro obligatorio podría vulnerar derechos relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.
A su juicio, el contexto político y social tampoco favorece la aceptación de la estrategia. Consideró que la credibilidad de las instituciones se ha deteriorado y que ello influye directamente en la disposición de la población para proporcionar información sensible.
Sostuvo que el problema de la extorsión debe atenderse desde los centros penitenciarios, donde, afirmó, se origina una gran parte de las llamadas fraudulentas que afectan a la población.
“Las propias autoridades de Jalisco han reconocido que muchas llamadas de extorsión salen de las cárceles. Entonces, la pregunta es por qué no se controla verdaderamente lo que ocurre dentro de los penales, en lugar de trasladar la carga a millones de ciudadanos”.
El académico recomendó a la población mantener medidas preventivas básicas para evitar ser víctima de este delito. Entre ellas, evitar responder llamadas provenientes de números desconocidos, especialmente cuando se reciben durante horarios en que suelen operar los extorsionadores. Además, insistió en que las autoridades deben replantear la estrategia nacional y dirigir los recursos hacia el control efectivo de los centros penitenciarios y la detección de redes criminales que operan mediante infraestructura telefónica clandestina.
“El primer paso tendría que ser recuperar el control real de las cárceles mexicanas. Ahí está una parte importante del problema. También es necesario localizar y desmantelar los call centers clandestinos que son utilizados para cometer fraudes y extorsiones”.
Según explicó el especialista, dentro de algunos penales existen esquemas de corrupción que permiten a internos operar complejas redes de extorsión durante amplias jornadas. Incluso, aseguró que algunos reclusos llegan a pagar cantidades considerables para mantener acceso a teléfonos y continuar realizando llamadas ilícitas.
Para Jiménez Reynoso, mientras no se ataque de manera frontal el origen de estas operaciones criminales, medidas como el registro obligatorio de líneas telefónicas difícilmente lograrán reducir de forma significativa la incidencia de la extorsión en el país.
Registro de celulares está lejos de la meta
A menos de dos semanas de que concluya el plazo para registrar las líneas de telefonía móvil en México, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que América Móvil, a través de Telcel, concentra el 57.9% del mercado nacional de telefonía móvil. Le siguen AT&T, con el 16.42%; Telefónica Movistar, con el 14.05%, y Grupo Walmart, mediante Bait, con el 7.04%. El resto de las líneas se distribuye entre otros 23 concesionarios autorizados para operar en el país.
La CRT rechazó que la estrategia sea un fracaso, argumentando que es normal que los usuarios realicen el trámite en las últimas semanas; asimismo, descartó un mercado negro de tarjetas SIM y señaló que las irregularidades detectadas por la Policía Cibernética corresponden a fraudes o números previos al inicio del programa, el pasado 9 de enero de 2026.
Este registro federal busca combatir delitos como la extorsión y el fraude; aquellas líneas no vinculadas perderán los servicios de llamadas, SMS y datos al vencer el plazo. El trámite es gratuito y se realiza con las compañías telefónicas, que asocian el nombre y la CURP del titular.
A medida que se acerca la fecha límite, las autoridades confían en que el ritmo de registros se acelere y permita incrementar significativamente la cobertura del programa durante los últimos días del proceso.
Rechazo ciudadano frena registro
Existe una notable oposición por parte de la población ante la iniciativa gubernamental que busca asociar la clave de identidad (CURP) con las líneas telefónicas: apenas el 39.3% de las líneas activas han sido registradas, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Para Fernando Jiménez Sánchez, académico del Colegio de Jalisco y especialista en seguridad, este bajo nivel responde a la desconfianza ciudadana y la falta de claridad en el manejo de datos. “El principal problema es la resistencia de la ciudadanía a registrarse. Existe incertidumbre sobre el uso que se dará a la información personal y sobre los mecanismos para protegerla”, señaló el especialista.
La medida se impulsó a inicios de 2026 para combatir la extorsión, el fraude y el robo de identidad, buscando que cada número esté asociado a una persona identificada. Sin embargo, surgieron obstáculos que cuestionan su efectividad. “El problema es que rápidamente aparecieron mecanismos para evadir el registro. Hay personas que prestan su identidad para registrar números de terceros y también persisten problemas relacionados con la falsificación de documentos oficiales. Eso complica enormemente la operación de la política pública”, advirtió.
Además, persisten deficiencias como la falta de desactivación inmediata de números denunciados por extorsión ante la Policía Cibernética y la falta de control telefónico en centros penitenciarios. Ante esto, Jiménez Sánchez consideró necesario reforzar las campañas de información, fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías y agilizar el rastreo y suspensión efectiva de líneas criminales.
Pese a los retos, concluyó que un registro nacional puede ser útil si forma parte de una estrategia integral: “Contar con líneas telefónicas plenamente identificadas proporciona una herramienta adicional para las investigaciones. Si se complementa con otros mecanismos de identificación y control, podría contribuir a fortalecer las capacidades del Estado para combatir distintos delitos”.
El Informador
