Álvaro Aragón Ayala.
En política y en el periodismo de Estado, los verdaderos aliados no se conocen durante la bonanza, sino durante la crisis. Con el poder en ascenso abundan los respaldos, las voces favorables y los medios y periodistas dispuestos a defender la narrativa oficial.
Sin embargo, cuando la realidad golpea y la opinión pública se vuelve adversa, aparece la prueba definitiva de las lealtades. En el ejercicio de la comunicación vinculado al poder, las alianzas eternas son una quimera; la máxima pragmática dicta que las amistades mediáticas duran hasta que dura el presupuesto. Cuando el financiamiento público flaquea o el costo reputacional supera el beneficio económico, los pactos tácitos y los visibles se disuelven. Eso es precisamente lo que ocurre en Sinaloa.
En noviembre del 2021, la llegada de Adriana Margarita Ochoa del Toro a la Coordinación de Comunicación Social representó la continuidad de un modelo tradicional de comunicación política basado en relaciones personales con medios, administración de convenios publicitarios, construcción de lealtades, interlocución selectiva y atención diferenciada a determinados actores del ecosistema periodístico. Operó bajo el clásico esquema clientelar del control de daños que funciona mediante el intercambio de favores y el subsidio gubernamental. Fue un esquema eficaz para administrar la agenda cotidiana del gobierno, pero totalmente inoperante para enfrentar una crisis sistémica donde las traiciones internas y los reacomodos fácticos reconfiguran el tablero.
Efectivamente, la crisis detonada el 9 de septiembre de 2024 por la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa modificó el escenario de seguridad y exhibió las fortalezas y debilidades del aparato de comunicación construido durante la administración de Rubén Rocha Moya. En la teoría de la comunicación, el fenómeno del agenda-setting (la capacidad de infligir los temas de interés público) se revirtió en contra del gobierno. Lo que funcionó bajo condiciones de normalidad política comenzó a mostrar sus límites frente a una crisis prolongada y de gran impacto nacional, demostrando que la pauta publicitaria compra treguas temporales, pero no lealtades ideológicas ni defensas suicidas ante el escrutinio público.
La violencia, al convertirse en el principal tema de conversación pública, evidenció la ausencia de un verdadero sistema integral de inteligencia, narrativa y gestión de riesgos. No se observó la consolidación de un centro permanente de monitoreo político-mediático, ni una estructura robusta de análisis prospectivo, ni una estrategia de contención para una crisis que se prolongaría durante meses. En el manual de la estrategia periodística, el vacío de información oficial es inmediatamente llenado por la contra-narrativa. Poco a poco, la narrativa dejó de pertenecer al gobierno y comenzó a ser definida por los acontecimientos, las redes sociales, los medios nacionales y los actores externos. Las deslealtades en el frente interno aceleraron el desgaste: Adriana Margarita Ochoa fue echada a la calle al año de estallar la crisis de inseguridad, en septiembre del 2025, convirtiéndose en el primer fusible quemado de un sistema de comunicación colapsado.
En los manuales de inteligencia política existe un fenómeno conocido como la desarticulación del círculo, un proceso de degradación del poder que Thomas Hobbes, uno fundadores de la filosofía política moderna, autor del libro Leviathan, describiría como el sálvese quien pueda cuando el Estado pierde el monopolio de la protección. Bien, en materia de comunicación/periodismo, al arranque el gobierno, la primera etapa que se observa o registra es la cohesión. Los aliados permanecen cerca del poder, los medios afines respaldan, los operadores amplifican los mensajes y el gobernante parece políticamente sólido. Mientras existe fortaleza y el flujo presupuestal está garantizado, el círculo permanece unido por conveniencia mutua.
La segunda etapa es la fatiga. Los problemas comienzan a acumularse, las explicaciones oficiales pierden eficacia y las narrativas defensivas empiezan a desgastarse. Los aliados siguen presentes, pero ya no muestran el mismo entusiasmo. En esta fase, las traiciones veladas o abiertas comienzan a gestarse en las salas de redacción; los mismos periodistas que antes alababan empiezan a matizar sus notas. Las defensas se vuelven esporádicas y las convicciones empiezan a mezclarse con cálculos políticos y económicos.
La tercera etapa es el repliegue. Los aliados no rompen con el gobernante, pero tampoco salen a defenderlo. Guardan silencio, toman distancia y evitan comprometer su propio capital político o reputacional. Es el momento en que la prensa cortesana aplica el mutismo estratégico: prefieren observar antes que involucrarse. Nadie quiere quedar atrapado en una crisis cuyo desenlace puede ser inclemente, y menos por un presupuesto que se percibe con fecha de caducidad.
Y finalmente aparece la cuarta etapa: la migración. Los operadores comienzan a mirar hacia la sucesión, los analistas buscan nuevos interlocutores, los grupos mediáticos exploran futuros centros de poder y los actores que antes orbitaban alrededor del gobernador empiezan a tender puentes con quienes consideran que podrían convertirse en las figuras dominantes del siguiente ciclo político. Esta es la traición institucionalizada, la falsa alianza que se rompe cuando el barco amenaza con hundirse. No necesariamente se trata de un dilema moral; es un comportamiento recurrente en todos los sistemas de poder donde la supervivencia del medio o del actor político prima sobre los compromisos del pasado.
El principal riesgo, entonces, para Rubén Rocha no es la crítica de sus adversarios ni los cuestionamientos de la oposición. El verdadero peligro es la reducción progresiva de su círculo de defensa estratégica y un aislamiento derivado de la deslealtad sistémica de quienes condicionan su pluma al tamaño del cheque oficial. Es lógico: si un gobernante entra en una crisis prolongada, el problema ya no consiste únicamente en responder a los ataques, sino en conservar aliados dispuestos a asumir costos y quemar su propio prestigio para defenderlo públicamente.
Es un hecho de que las lealtades en comunicación no se prueban cuando existen recursos, acceso privilegiado o cercanía al poder.
Las lealtades se prueban cuando defender a un gobernante implica riesgos, cuando hacerlo deja de ser rentable y cuando la narrativa dominante se vuelve adversa. Es entonces cuando cae la máscara del periodismo militante por contrato y se descubre quiénes eran aliados estratégicos y quiénes eran simplemente mercenarios circunstanciales cuya empatía terminaba en la ventanilla de pagos.
La prioridad urgente para la administración estatal es determinar cuántos actores están dispuestos hoy a arriesgar prestigio, influencia o capital político para defender públicamente al gobernador, más allá de la relación institucional que los medios mantengan con el presupuesto estatal. Si esa lista se reduce, si las voces favorables se repliegan y si los operadores comienzan a migrar hacia los proyectos que visualizan para 2027, entonces el problema ofrecerá la lectura de una crisis terminal de poder.
Michel Foucault, filósofo francés autor Vigilar y castigar, precisó en sus análisis sobre las relaciones de fuerza que quedarse sin narrativa es grave, pero quedarse solo, traicionado por quienes alimentaste en la abundancia, suele ser el preludio del fin.
