Álvaro Aragón Ayala.
Es un tipo de explotación. Los concursos de la categoría Miss Teen -específicamente bajo la gestión de su Director Nacional en México, Rafael Hernández- ocultan una maquinaria diseñada para el lucro privado a costa de la exposición y la vulneración de menores de edad.
Bajo el amparo de marcas internacionales que operan como simples cadenas de comida rápida, este negocio violenta el espíritu de las leyes mexicanas de protección a la infancia, escudándose en convenios privados que carecen de toda validez legal cuando de derechos humanos se trata.
El certamen operado por Hernández no es una institución filantrópica ni una federación avalada por el Estado; es una franquicia comercial privada. Funciona bajo un esquema puramente monetario: un director nacional compra los derechos anuales de explotación de una marca a consorcios internacionales (como las organizaciones globales que manejan las siglas Miss Teen International o Miss Teen Universe).
El negocio opera en cascada y se financia mediante la explotación de las expectativas de las adolescentes y el bolsillo de sus familias:
Inscripciones y cuotas obligatorias: Las jóvenes, en su mayoría de entre 14 y 17 años, deben pagar miles de pesos solo por el derecho a competir en las fases estatales.
Se obliga, además, a los familiares a adquirir boletos de alto costo para las galas de coronación, convirtiendo el evento en una taquilla asegurada para los organizadores.
La organización utiliza la imagen de adolescentes menores de edad para atraer patrocinadores locales (marcas de ropa, clínicas estéticas, hoteles), capitalizando comercialmente el rostro y el cuerpo de personas que, ante la ley, siguen siendo niñas.
LOS CONTRATOS NULOS
El argumento predilecto de directores como Rafael Hernández para evadir la intervención de las autoridades de protección a la infancia es la existencia de cartas de consentimiento firmadas por los padres. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico mexicano, esto constituye un simulacro legal absoluto.
La patria potestad no otorga a los padres el derecho de comercializar ni de exponer a sus hijos a dinámicas de hipersexualización o violencia simbólica. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece que el Interés Superior de la Niñez es irrenunciable. Cualquier contrato privado que vulnere el sano desarrollo de una menor es nulo de pleno derecho. Los padres no pueden firmar permisos para contravenir la ley.
Para evitar que la Secretaría del Trabajo o las fiscalías locales clausuren estos eventos por explotación visual y laboral, la organización maquilla sus convocatorias. Ya no lo llaman “concurso de belleza” (lo cual ya está tipificado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una forma de agresión que no puede recibir recursos públicos); ahora lo disfrazan de “plataformas de desarrollo de la personalidad” o “talleres de oratoria”. Una simulación semántica para seguir evaluando cuerpos en pasarelas.
El vacío legal en el que opera la dirección de Miss Teen en México subsiste únicamente por la falta de denuncias formales y por la normalización cultural de un espectáculo que reduce a las adolescentes a objetos de consumo estético.
Ninguna licencia comercial pagada en dólares a un corporativo extranjero otorga inmunidad diplomática ni jurídica. El negocio de las franquicias Teen camina sobre la cuerda floja de la ilegalidad: lucrar con la imagen de menores de edad, someterlas a escrutinio público basado en su físico y generar ganancias privadas mediante la presión económica a las familias es una práctica que la legislación mexicana actual rechaza de manera contundente.
