Álvaro Aragón Ayala.
¿Qué está pasando? ¿Dónde quedó la capacidad de reflexión y análisis de los mexicanos? La oposición política y la irrupción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han impulsado la narrativa de una colusión total y uniforme entre el Estado mexicano y el crimen organizado, una tesis que tropieza de frente con un obstáculo insalvable: la muerte sistemática de militares, marinos y fuerzas del orden civil en el combate al narcotráfico, una guerra que ha dejado en la orfandad a miles de hogares de reputación honorable.
Exactamente: si el poder político fuera una estructura homogénea entregada a la delincuencia, como lo sugieren Donald Trump y los sectores opositores que amplifican su discurso, los cuarteles militares no serían atacados, los convoyes oficiales no sufrirían emboscadas y los cementerios no albergarían a miles de servidores públicos caídos en cumplimiento de su deber. Los asesinatos desmienten la versión más simplista del llamado «narcogobierno», una narrativa electoralmente eficaz, pero analíticamente insostenible, que prefiere ignorar los cadáveres de quienes perdieron la vida defendiendo las instituciones.
Debe reconocerse que la hipótesis de un Estado capturado o infiltrado no surgió de la nada. Se alimenta de décadas de corrupción documentada, de mandos policiales cooptados, alcaldes sometidos y de la inocultable penetración del crimen organizado en diversas estructuras gubernamentales. Sin embargo, cualquier análisis que aspire a la honestidad intelectual está obligado a confrontar sus premisas con la totalidad de los hechos.
Hay un dato profundamente incómodo para la narrativa impulsada desde la oposición: los muertos del propio Estado. En el corazón de la lucha contra el crimen organizado se acumulan miles de vidas truncadas: policías municipales ejecutados, agentes estatales caídos en operativos, investigadores asesinados por grupos criminales y elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional abatidos en la primera línea de contención.
La tesis de la colusión total plantea contradicciones e interrogantes que la propaganda política difícilmente puede responder: ¿bajo qué lógica una organización criminal asesinaría sistemáticamente a quienes supuestamente forman parte de su misma estructura de poder? Si existe una alianza integral entre Estado y delincuencia, ¿por qué los gobiernos federal y estatales asumen los costos políticos, logísticos, financieros y militares de sostener una confrontación permanente contra los grupos criminales en prácticamente todo el territorio nacional?
Las explicaciones absolutas son políticamente rentables porque generan alarma, movilizan emociones y atraen votos; sin embargo, carecen de valor diagnóstico. La evidencia no respalda la existencia de un Estado inmaculado, pero tampoco sostiene la tesis de un aparato público completamente subordinado al crimen. Lo que la realidad muestra es un territorio en disputa permanente.
La dinámica del fenómeno delictivo en México revela una convivencia contradictoria de factores que ninguna simplificación logra abarcar. Coexisten espacios institucionales corrompidos con corporaciones que mantienen una resistencia férrea. Hay funcionarios que capitulan o se coluden, pero también servidores públicos que pagan con la vida su negativa a pactar. Existen regiones con distintos grados de penetración criminal, pero también zonas donde el Estado continúa siendo el principal y más letal adversario de las organizaciones armadas de facto.
Omitir los asesinatos de policías, marinos y soldados para sobredimensionar la corrupción —por real e innegable que ésta sea— no constituye un ejercicio de crítica rigurosa. Es, más bien, una amputación deliberada de la realidad con fines propagandísticos.
El riesgo de validar la narrativa de Donald Trump y de la oposicion de la colusión absoluta no es solamente conceptual, sino estratégico. Sin embargo, al borrar la frontera entre quienes combaten al crimen y quienes sucumben a la corrupción, la retórica retorcida incurre en una doble injusticia: despoja de legitimidad el sacrificio de miles de integrantes de las fuerzas del orden y concede a los cárteles del narco una victoria narrativa que no han conquistado en el terreno de los hechos, al presentarlos como dueños absolutos de instituciones que, pese a sus debilidades y contradicciones, continúan enfrentándolos.
La sociedad mexicana merece una deliberación más rigurosa y menos contaminada por intereses extranjeros y consignas electorales; una deliberación capaz de reconocer simultáneamente la descomposición y el sacrificio, la complicidad y el combate, la corrupción y la resistencia institucional ya que los muertos también cuentan historias. Y las bajas sufridas por las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiales narran una crónica de resistencia que el discurso simplificador y electorero insiste en silenciar
