La misiva que reabre un viejo debate: quién gobierna, quién influye y quién tiene derecho a opinar. La República no exige silencio: expresidentes y ciudadanía en la discusión pública
Por Álvaro Aragón Ayala
La reciente irrupción epistolar de Andrés Manuel López Obrador, en modo reflexivo para el presidente estadounidense Donald Trump, provocó una reacción previsible en determinados cenáculos del debate público: la exhumación de aquella añeja y gastada tesis que postula una bicefalia o doble mando en el Estado mexicano que reactiva, en sí, la narrativa de que el núcleo de la decisión soberana gravita fuera de las coordenadas de Palacio Nacional y que la presidenta Claudia Sheinbaum ejerce una magistratura meramente presencial, supeditada a un poder fáctico y transicional. Semejante barbaridad, si bien resulta de innegable utilidad utilitaria y retórica para las facciones de la oposición, adolece de una flagrante debilidad hermenéutica en el orden constitucional y se revela estéril a la luz de la filosofía política contemporánea.
La misiva del expresidente es, por definición, un documento pasible de escrutinio, disenso o adhesión. No obstante, calificar su difusión como la prueba irrefutable de una dualidad de mando constituye un extravío conceptual de proporciones mayores. La premisa es de una claridad meridiana: en el marco de una República constitucional, el poder político no se presume ni se conjetura; el poder se ejerce. Y el único imperium legítimo, investido con la totalidad de las prerrogativas que la Carta Magna confiere al Poder Ejecutivo Federal, reside inalterable y plenamente en la figura de su titular.
No existe en el andamiaje dogmático ni orgánico de nuestra Constitución un solo precepto que faculte la subsistencia de prerrogativas metaconstitucionales en favor de un exmandatario. Sin embargo, por simetría jurídica, tampoco asiste disposición alguna que condene al expresidente a la muerte civil, conculcando su derecho inalienable a la libre intelección, a la manifestación de las ideas o a la participación en el ágora nacional. Confundir la ascendencia moral o la influencia discursiva con el ejercicio del poder público es uno de los reduccionismos más recurrentes y burdos de la politología de coyuntura. Ambos fenómenos operan en dimensiones ontológicas radicalmente distintas.
El intelectual coadyuva a moldear la conciencia de una época sin detentar el monopolio de la fuerza; el agente económico influye en las variables del desarrollo sin suscribir decretos; el líder de masas encauza las pulsiones colectivas sin sentarse en el solio presidencial. Del mismo modo, un expresidente de la República puede vertebrar reflexiones de hondo calado sin que ello suponga la instauración de un gobierno paralelo o en las sombras. La narrativa de la tutela política parte, así, de un axioma falaz: el de concebir el mutismo absoluto como un deber republicano. Nada más ajeno a la madurez democrática.
El ordenamiento jurídico mexicano jamás ha estipulado el ostracismo ni la mudez dogmática para quienes han conducido los destinos de la nación. La pretensión de que el abandono del cargo impone un vacío de presencia para no canibalizar la legitimidad del sucesor pertenece más a la mitología y al folklore del régimen hegemónico del siglo pasado que al derecho constitucional contemporáneo. Durante décadas, el viejo sistema presidencialista requería la invisibilidad de sus antiguos jerarcas no por un celo democrático, sino por la fragilidad intrínseca de una arquitectura política que temía la colisión de liderazgos históricos. Hoy, el pluralismo democrático convoca a dinámicas civilizatorias radicalmente distintas.
El cuerpo electoral y la ciudadanía en general poseen el derecho inalienable de escuchar todas las modulaciones del espectro político y con mayor razón aquellas que encarnan la voluntad y el mandato de millones de conciencias. Resulta paradójico, cuando no sintomático, que aquellos exégetas que hoy tildan de inadmisible la manifestación de López Obrador, hayan cobijado con su aquiescencia o su silencio las constantes intervenciones de otros exmandatarios en la arena pública. Las habituales glosas de Vicente Fox, la participación sistemática de Felipe Calderón en los debates de seguridad nacional o las disertaciones globales de Ernesto Zedillo sobre gobernanza jamás fueron esgrimidas como evidencias de una usurpación de la soberanía ¿Por qué aplicar un rasero asimétrico en la hora actual?
La respuesta a esta interrogante no se halla en el texto constitucional, sino en la densidad histórica y la gravitación política del personaje. Lo que perturba el letargo de ciertos analistas no es el acto de habla del expresidente; lo que verdaderamente inquieta es la vigencia de su resonancia social. Y es imperativo disociar el prestigio de la subordinación.
Desde la perspectiva de la sociología del poder, Max Weber delimitó con nitidez la frontera entre la autoridad legal-racional y la autoridad carismática. La primera brota de la arquitectura institucional y del orden normativo; la segunda dimana del capital simbólico y la legitimidad histórica acumulada. Las democracias consolidadas coexisten de manera orgánica con ambas tensiones.
Que un líder histórico retenga una preeminencia moral, simbólica o axiológica sobre su movimiento no transmuta dicha condición en potestad constitucional. Sostener lo contrario nos obligaría a concluir, bajo una lógica absurda, que Nelson Mandela tuteló la transición sudafricana desde su retiro, que Charles de Gaulle gobernó Francia desde Colombey-les-Deux-Églises, o que Barack Obama dicta los destinos de la Unión Americana.
El fenómeno es de una complejidad superior. Las democracias maduras procrean liderazgos de largo aliento que trascienden la temporalidad de sus mandatos, lo cual no representa una anomalía patológica, sino la decantación natural de la representación política moderna. La praxis política estadounidense es elocuente al respecto: la ruptura del ostracismo ha sido la norma, no la excepción. Jimmy Carter desplegó una intensa diplomacia paralela durante décadas; Bill Clinton preservó una centralidad indiscutible y Donald Trump articuló un retorno histórico al poder. En ninguno de estos episodios la opinión pública interpretó el discurrir del expresidente como la instauración de una dictadura dual o un desafío a la investidura vigente. Se entendía que la deliberación no es coacción.
Por ende, resulta ocioso e hiperbólico interpretar la misiva de López Obrador como una prescripción velada a las Fuerzas Armadas o un mensaje cifrado para los actores fácticos de la ilegalidad. Se trata de una intervención política en toda la línea; un texto que ofrece una narrativa, una hermenéutica de la historia inmediata. Podrá ser catalogada de oportuna o desfasada por sus detractores, pero permanece inalterable en su naturaleza: la opinión razonada de un ciudadano que rigió los destinos del Estado y que ejerce su libertad de expresión.
Lo verdaderamente disruptivo del documento no es la quimérica revelación de una crisis de soberanía, sino la demolición definitiva de la regla no escrita del silencio senatorial de los expresidentes. En ese desplazamiento paradigmático radica su auténtico valor histórico.
México asiste a la inauguración de una nueva era en su cultura política: un estadio donde los exgobernantes abandonan la condición de reliquias archivísticas del Estado para devenir en actores activos de la deliberación pública. Semejante mutación puede perturbar las añoranzas del viejo régimen y quebrar las inercias de la ortodoxia tradicional, pero bajo ningún concepto configura una crisis de orden constitucional. Al contrario, testimonia la madurez de un sistema que ya no requiere del confinamiento de sus grandes figuras para garantizar la estabilidad de sus instituciones.
La posteridad registrará esta carta no como el testimonio de una presidencia tutelada, sino como el acta que clausuró el modelo del silencio cortesano. Las repúblicas no se robustecen mediante el silenciamiento de sus voces históricas, sino a través de la solidez de unas instituciones capaces de albergar todas las corrientes de pensamiento, sin que por ello se desfigure la línea que separa la opinión del mando supremo. Y mientras el orden constitucional permanezca incólume, el poder del Estado seguirá residiendo de manera unívoca, legítima y soberana allí donde el pueblo de México lo depositó en las urnas: en Palacio Nacional, bajo la conducción firme de la presidenta de la República.
