Álvaro Aragón Ayala.
En los archivos clasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos existe un expediente que sale y vuelve a guardarse bajo llave en oficinas de la DEA. El nombre en la portada es el de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, “Chuy Toño”. Según reportes de inteligencia estadounidenses, no aparece como un aliado en la guerra contra las drogas, sino como un presunto facilitador del narcotráfico desde posiciones institucionales. Años después de su muerte, el contenido de esa investigación continúa siendo consultado por agentes e investigadores interesados en reconstruir las relaciones entre poder político, corporaciones policiacas y crimen organizado en Sinaloa.
Los informes describen una estructura donde sectores de la Policía Ministerial de Sinaloa habrían operado como una extensión funcional del crimen organizado. Los analistas de la DEA identificaron un patrón recurrente: el control de la plaza pública mediante el monopolio de la violencia legal. La fortaleza de “Chuy Toño”, según esos documentos, no radicaba en ocultarse, sino en convertirse en una pieza útil e indispensable para la gobernabilidad política y para los intereses de las organizaciones criminales dominantes.
La Vieja Escuela: Sexenio de Juan S. Millán (1999-2004)
En el tercer piso del Palacio de Gobierno de Culiacán, donde se tomaban las decisiones estratégicas del estado, Juan S. Millán gobernaba con la lógica de un operador político experimentado. La delincuencia común generaba inestabilidad, afectaba la inversión y producía costos políticos. Para contenerla se requería un mando policiaco eficaz y sin contemplaciones.
Fue en ese contexto cuando Jesús Antonio Aguilar Íñiguez asumió la Dirección de la Policía Ministerial. Chaparro, corpulento, de mirada felina y pocas palabras, construyó rápidamente una amplia red de control territorial. Su influencia se extendió sobre municipios, carreteras, retenes y comandancias. El acuerdo implícito parecía sencillo: mantener las calles libres de asaltantes y secuestradores para que el gobierno pudiera exhibir estabilidad y crecimiento. A cambio, el comandante consolidó un poder propio dentro de las estructuras del estado.
Sin embargo, detrás de la fachada institucional se desarrollaban otras lealtades. Diversos reportes de inteligencia posteriores señalaron una presunta relación entre sectores de la corporación y Rodolfo Carrillo Fuentes, “El Niño de Oro”, hermano de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Los documentos describieron episodios en los que patrullas oficiales habrían brindado protección a convoyes criminales y elementos policiacos habrían servido a intereses del Cártel de Juárez.
Ese esquema de convivencia se mantuvo hasta el 11 de septiembre de 2004, cuando Rodolfo Carrillo Fuentes fue emboscado y asesinado a las afueras de la Plaza Cinépolis de Culiacán. Las balas que terminaron con la vida del capo también destruyeron la narrativa oficial de separación entre autoridad y crimen organizado.
Las investigaciones posteriores revelaron que Pedro Pérez López, “El Jaguar”, comandante de la Policía Ministerial, formaba parte del círculo de seguridad del narcotraficante abatido. El escándalo sacudió al gobierno estatal, multiplicó las sospechas sobre la corporación y colocó a “Chuy Toño” bajo una intensa presión política y judicial. Finalmente abandonó el cargo y desapareció de la escena pública mientras la entonces PGR ofrecía una recompensa de cinco millones de pesos por información que permitiera su localización.
El regreso: Sexenio de Mario López Valdez (2011-2016)
Siete años después, Sinaloa enfrentaba una realidad radicalmente distinta. La fragmentación de las organizaciones criminales y la guerra entre el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva y Los Zetas habían transformado amplias regiones del estado en escenarios permanentes de violencia. Las ejecuciones, enfrentamientos y hallazgos de cadáveres se habían vuelto parte de la rutina cotidiana.
Mario López Valdez, “Malova”, llegó a la gubernatura prometiendo una nueva etapa política, pero heredó una crisis de seguridad de grandes proporciones. Necesitaba resultados inmediatos y operadores con conocimiento profundo de las estructuras criminales y policiacas del estado.
En una decisión que generó controversia nacional, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez regresó a posiciones relevantes dentro del aparato de seguridad pública. El retorno del antiguo jefe policiaco provocó cuestionamientos desde instancias federales y organismos de seguridad, que recordaron los antecedentes que pesaban sobre él y los señalamientos relacionados con evaluaciones de control de confianza.
Pese a ello, el gobierno estatal mantuvo su respaldo. La justificación pública era simple: “da resultados”. Pero mientras en Sinaloa se defendía su permanencia, diversas investigaciones de inteligencia continuaban documentando las transformaciones del mapa criminal y los nuevos equilibrios de poder entre las organizaciones del narcotráfico.
Para entonces, según reportes estadounidenses, los viejos alineamientos habían cambiado. El antiguo protector de figuras vinculadas al Cártel de Juárez aparecía ahora relacionado con un contexto dominado por la influencia de Ismael “El Mayo” Zambada y la hegemonía creciente del Cártel de Sinaloa. La lógica criminal había sustituido antiguas enemistades por relaciones basadas en utilidad y conveniencia estratégica.
Los informes sostienen que numerosos operativos, detenciones y acciones policiacas desarrolladas durante ese periodo afectaron principalmente a células vinculadas a los Beltrán Leyva y a Los Zetas. Desde esa perspectiva, la Policía Ministerial habría funcionado no sólo como una corporación encargada de combatir la delincuencia, sino también como un instrumento que contribuía a modificar los equilibrios entre grupos rivales y a consolidar la posición de la organización criminal dominante.
El Silencio en la Cama del Hospital
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez logró sobrevivir donde muchos otros fracasaron. Atravesó dos sexenios marcados por la violencia, transitó entre diferentes configuraciones del poder criminal, sorteó investigaciones federales y concluyó su carrera sin enfrentar una condena judicial definitiva por los señalamientos que lo acompañaron durante años.
La red de relaciones políticas construida desde los tiempos de Juan S. Millán y fortalecida durante el gobierno de Mario López Valdez demostró ser, para muchos observadores, una protección más eficaz que cualquier operativo de captura o estrategia de persecución.
Y no, no fue un comando rival, una emboscada ni una operación militar la que puso fin a su historia. En mayo de 2020 murió en una cama de hospital, víctima de una enfermedad respiratoria (Covid), llevándose consigo los nombres, acuerdos, montos, complicidades y secretos de una época marcada por la convivencia entre poder político, estructuras policiacas y narcotráfico.
Sin embargo, los expedientes permanecen abiertos. En los archivos de inteligencia estadounidenses continúan acumulándose documentos, cruces de información y análisis retrospectivos. En tanto esos archivos sigan siendo consultados por la DEA, la figura de “Chuy Toño” continuará proyectando una sombra sobre uno de los capítulos más controvertidos de la historia contemporánea de Sinaloa.
