Pese a los operativos, reformas y detenciones, la delincuencia organizada no cede y deja un boquete millonario en las arcas federales
Tras la captura en Argentina del contralmirante Fernando Farías, exintegrante de la Marina, señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, dedicada al tráfico de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, el Observatorio Ciudadano de Energía revela que durante 2025, el Gobierno federal dejó de percibir 123 mil millones de pesos por esta práctica ilícita.
El desglose de las pérdidas revela la magnitud del problema: 56 mil millones de pesos corresponden a las afectaciones directas a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que agrava la ya compleja situación financiera de la empresa productiva del Estado. El resto, 67 mil millones, se explica por impuestos no recaudados, principalmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para dimensionarlo, la cifra total supera el presupuesto ejercido en sectores clave del Gobierno federal, como Agricultura, Ciencia y Tecnología, lo que evidencia el alto costo que el huachicol fiscal representa para el desarrollo nacional.
A estas pérdidas se suma el robo de combustible, o huachicol, un problema heredado de administraciones anteriores. Aunque creció durante los Gobiernos panistas, en 2018 la administración de Andrés Manuel López Obrador lanzó una estrategia para combatirlo, con vigilancia del Ejército y la Guardia Nacional en instalaciones de Pemex. Sin embargo, los resultados han sido limitados.
De acuerdo con datos oficiales, entre diciembre de 2018 y octubre de 2024 se registraron más de 70 mil tomas clandestinas en ductos. En comparación, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se contabilizaron más de 40 mil.
Pero la problemática persiste en la actual administración. Tan solo entre 2025 y los primeros dos meses de 2026, ya se han detectado alrededor de 12 mil ordeñas, lo que confirma que el fenómeno está lejos de ser erradicado.
Especialistas advierten que el impacto del huachicol no se limita al ámbito fiscal. Francisco Jiménez, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que estas pérdidas terminan afectando directamente a los consumidores, al presionar al alza los precios de los combustibles. “El quebranto a las finanzas públicas por el robo de hidrocarburos genera distorsiones en el mercado y eventualmente puede traducirse en un encarecimiento de las gasolinas”. Recordó que el robo o los derrames de combustibles han tenido consecuencias trágicas en el pasado.
El huachicol se concentra en estados como Hidalgo y Jalisco, que registran numerosas perforaciones ilegales. En Jalisco, municipios como Tototlán, Tala y Degollado son focos rojos. Este último encabeza el país en tomas clandestinas desde hace dos años, incluso por encima de zonas históricamente afectadas en Hidalgo.
El crecimiento sostenido del huachicol, tanto fiscal como tradicional, refleja no solo la persistencia de las redes delictivas sofisticadas, sino también las debilidades institucionales para contener un fenómeno que continúa drenando recursos públicos y afectando la seguridad energética del país. Y ahora la Fiscalía federal informó el aseguramiento de una nueva modalidad de robo de combustible en instalaciones de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León: un túnel clandestino que conectaba un domicilio con un poliducto. El operativo permitió decomisar 205 mil litros de hidrocarburo, equipo de extracción y vehículos, tras labores interinstitucionales de inteligencia.
Las tres modalidades del delito
1. Robo tradicional de ductos
Consiste en la extracción ilegal de combustibles mediante perforaciones clandestinas a ductos de transporte de Pemex, principalmente en zonas rurales o despobladas. El hidrocarburo es sustraído con mangueras y pipas para su venta en el mercado ilícito, poniendo en riesgo a comunidades e infraestructura energética.
2. Huachicol fiscal
Es un esquema de robo y evasión de impuestos en la importación y comercialización de combustibles. Se introduce combustible al país bajo fracciones arancelarias falsas o subvaluadas. Se reporta como “aceites”, “aditivos” u otros productos para evitar impuestos. Y se vende como combustible regular.
3. Robo mediante túneles
El caso más reciente ocurrió en Santa Catarina, Nuevo León. Es una modalidad avanzada en la que se construyen túneles para acceder a ductos sin ser detectados en superficie. Hay una mayor planeación e ingeniería que el huachicol tradicional.
El huachicol fiscal agrava la crisis en Petróleos Mexicanos
El huachicol fiscal se ha consolidado como uno de los principales factores que agravan la crisis financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex). Tan solo en 2025, este delito provocó pérdidas estimadas en 123 mil millones de pesos, recursos que no ingresaron a las arcas de la Federación ni a la empresa del Estado.
A diferencia del robo tradicional de combustible, el huachicol fiscal opera mediante esquemas de evasión y simulación en la importación, comercialización y distribución de hidrocarburos. Esta práctica no solo implica un quebranto directo a Pemex, sino que también reduce de manera significativa la capacidad recaudatoria del Gobierno federal, al evadir el pago de impuestos.
El impacto es profundo. Pemex enfrenta desde hace años una combinación de factores adversos, entre ellos una elevada deuda, una producción limitada y altos costos operativos. En este contexto, las pérdidas asociadas al huachicol fiscal representan un golpe adicional que restringe su margen de maniobra y complica su viabilidad financiera.
La magnitud del problema se dimensiona al comparar el monto perdido con distintos rubros del gasto público. Los 123 mil millones de pesos superan presupuestos clave contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026. Por ejemplo, equivalen a casi el doble de los recursos asignados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que contará con 60 mil 110 millones de pesos.
El monto rebasa el gasto funcional destinado a sectores productivos como agricultura, silvicultura, pesca y caza, que en conjunto recibirán 75 mil 874 millones de pesos. De igual forma, supera los recursos asignados a ciencia, tecnología e innovación, que ascienden a 65 mil 692 millones de pesos, áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico del país.
Las pérdidas también se acercan al total previsto para proyectos ferroviarios en 2026, estimados en más de 140 mil millones de pesos. En términos prácticos, el dinero que se pierde por el huachicol fiscal podría financiar varias líneas de trenes de pasajeros, incluido el tramo Irapuato-Guadalajara, uno de los proyectos de conectividad regional más relevantes.
A escala estatal, el impacto resulta igualmente significativo. El monto perdido equivale a una parte sustancial de las participaciones federales que recibirá Jalisco en 2026, estimadas en más de 150 mil millones de pesos. Incluso, permitiría financiar hasta nueve veces proyectos clave de infraestructura hídrica, como el acueducto Chapala-Guadalajara y la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle, considerados fundamentales para garantizar el abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En el ámbito energético, las pérdidas asociadas al huachicol fiscal representan hasta 11 veces la inversión estimada para la construcción de una nueva planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Jalisco. Este tipo de infraestructura es esencial para asegurar el suministro eléctrico que demandan sectores estratégicos como la industria tecnológica, manufacturera y de innovación, cuya presencia ha crecido en la entidad en los últimos años.
Más allá de las cifras, este delito genera distorsiones en el mercado de combustibles. Al evadir impuestos, los actores ilegales pueden ofrecer precios más bajos, lo que propicia competencia desleal y afecta a los distribuidores formales. Además, la persistencia de este delito evidencia fallas estructurales en los mecanismos de supervisión, particularmente en aduanas y en el control de importaciones energéticas.
LA VOZ DEL EXPERTO
Fallan estrategias contra el robo
Rubén Ortega y Francisco Jiménez Reynoso, especialistas de la Universidad de Guadalajara
Durante marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó la localización y aseguramiento de 70 tomas clandestinas, así como de 58 mil litros de hidrocarburo robado en distintos municipios de la entidad. Sin embargo, en ninguno de estos casos se reportaron personas detenidas, de acuerdo con las autoridades federales.
Ante este panorama, especialistas advierten que, sin una coordinación efectiva entre los tres niveles de Gobierno, el combate al huachicol difícilmente tendrá resultados. Rubén Ortega, especialista en seguridad de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señaló que la falta de acciones contundentes evidencia un problema estructural. “No hay voluntad de las autoridades principales, particularmente las federales, y hay personas que se benefician de este fenómeno criminal, porque nunca hay detenidos”, afirmó.
Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, consideró que además de la falta de voluntad política, existe complicidad entre autoridades y grupos delictivos dedicados al robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Definitivamente no está funcionando. No hay voluntad política para que esto funcione. Hay mucha corrupción, muchas autoridades involucradas con la delincuencia organizada que se dedica a estas actividades y que viven de ello”, subrayó.
Frente a los constantes hallazgos registrados en las últimas semanas, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el despliegue de operativos especiales, así como el uso de tecnología, incluidos drones, para reforzar la vigilancia. También adelantó que se intensificará la supervisión en puntos de venta de combustible, con el objetivo de rastrear la cadena de comercialización del producto ilegal.
No obstante, especialistas consideran que estas medidas serán insuficientes si no se amplía el enfoque de investigación. En ese sentido, señalaron la necesidad de indagar a autoridades municipales, particularmente en las comisarías ubicadas en las zonas con mayor incidencia.
“Es en esos puntos donde deben centrarse las investigaciones y las sanciones”, indicaron.
Por su parte, personal de Pemex ha insistido en la urgencia de implementar una estrategia logística integral que permita monitorear de manera constante la red de ductos de la empresa productiva del Estado. El objetivo es detectar oportunamente nuevas perforaciones y ubicar a los responsables.
El impacto del huachicol no se limita a la seguridad, sino que también tiene consecuencias económicas. Jiménez Reynoso advirtió que el quebranto al erario derivado de este delito fiscal termina afectando el bolsillo de los ciudadanos, al generar presiones sobre las finanzas públicas que pueden traducirse en un encarecimiento de los combustibles.
¿Cuál es la diferencia entre el huachicol fiscal y el tradicional?
- Huachicol tradicional: robo físico de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex.
- Huachicol fiscal: fraude financiero y fiscal en la importación, transporte y comercialización de combustibles.
¿Por qué es tan grave el huachicol fiscal?
- Provoca pérdidas millonariasal erario.
- Afecta directamente las finanzas de Pemex.
- Genera competencia desleal en el mercado de combustibles.
- Está vinculado a redes de corrupción y crimen organizado.
- El huachicol fiscal es menos visible que el robo en ductos, pero puede ser incluso más costoso para el país.
- Combina delincuencia organizada con corrupción institucional.
El Informador
