El IMCO asegura que la meta de 32 GW de nueva capacidad eléctrica en menos de cinco años es inédita en su ambición y ajustada en su plazo.
Algunos de los objetivos del plan para acelerar la inversión en México, especialmente en materia de energía, no son consistentes con los plazos ni con los montos de inversión requeridos por los proyectos, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El centro de investigación sostuvo en un análisis que el plan representa el esfuerzo más articulado del gobierno federal de crear condiciones reales para la inversión productiva, pero convive con tensiones que no resuelve por sí solo.
Refirió que el anuncio se da tras una caída de la inversión durante 2025, y refleja la necesidad de acelerar proyectos estratégicos y amortiguar los efectos de la incertidumbre comercial en la coyuntura actual.
En términos generales, las metas buscan agilizar las reglas para invertir, con plazos y condiciones más claras para el otorgamiento de autorizaciones y permisos, además de la definición de sectores prioritarios.
Aseguró que la meta de 32 GW de nueva capacidad eléctrica en menos de cinco años es inédita en su ambición y ajustada en su plazo.
Ese objetivo representa más de un tercio de la capacidad total del sistema (91 GW en 2024), y está por encima de los 28 GW contemplados en la planeación oficial del sector eléctrico nacional (PLADESE 2025-2039).
De esos 32 GW, CFE aportará 9.8 de energía firme (suministro continuo, confiable y garantizado) y 11.3 de renovables, mientras el sector privado sumará 10.9 renovables.
Manifestó que el presupuesto de inversión de CFE cayó 16.7% real en 2026 y con historial de subejercicio en otros años.
A lo anterior agregó que, dado el estado del sector eléctrico del país, es difícil que la capacidad entre en operación antes de 2030.
Aseveró que la simplificación administrativa anunciada depende de una coordinación intergubernamental, que históricamente ha sido uno de los eslabones más débiles del Estado.
El plan creó un comité integrado por seis secretarías que emitirá autorizaciones para proyectos prioritarios, y obligará a resolver cualquier trámite en un plazo máximo.
Los proyectos que califiquen como prioritarios, —los ubicados en Polos de Bienestar, con inversiones superiores a 2,000 millones de pesos o en sectores estratégicos—, tendrán un carril rápido de 30 días.
Para el resto, si no se resuelve en un plazo de 90 días, la inversión se considerará autorizada. Pero al estar conformado solo por titulares del Ejecutivo, la decisión del comité sobre qué proyectos son prioritarios queda centralizada en la Presidencia, sin contrapesos claros.
Sobre el régimen fiscal, el IMCO apuntó que el acuerdo pretende atender quejas de la iniciativa privada, como revisiones múltiples sobre los mismos periodos fiscales o criterios de auditoría que varían entre regiones y oficinas.
El reto más inmediato viene por el Plan Maestro SAT 2026, que endurece simultáneamente la fiscalización contra la evasión y el uso de facturas falsas.
Se introducen esquemas de auditoría inteligente, visitas domiciliarias específicas a emisores de comprobantes apócrifos y la posibilidad de denuncia penal ante el Ministerio Público cuando se confirme el hecho.
Los contribuyentes que hayan recibido facturas declaradas falsas tendrán 30 días para regularizar su situación.
“La certeza fiscal coexiste con una agenda de fiscalización más agresiva que exigirá a las empresas que se revisen hacia adentro”, dijo.
Sobre la infraestructura de carretera, el plan busca concretar una inversión de 523 mil mdp en infraestructura carretera. Para lograrlo se plantean 31 proyectos de inversión pública y 34 de participación privada.
Sin embargo, solo 5.3% de ese monto está contemplado en el presupuesto actual, lo que sugiere que gran parte del plan dependerá de inversión privada y esquemas mixtos que aún no se han definido.
