María Margarita Free del Castillo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La dependencia federal informó que dichas solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República, instancia responsable de evaluar si existen elementos suficientes para proceder conforme al marco jurídico mexicano.
En un posicionamiento oficial, la cancillería precisó que, tras una revisión preliminar, los documentos remitidos por el gobierno estadounidense no contienen elementos de prueba suficientes para determinar responsabilidad penal de las personas señaladas.
“Los documentos (…) no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional”, indicó la dependencia.
El pronunciamiento ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos cargos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses, a quienes acusa de presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
La SRE detalló que las solicitudes fueron recibidas a través de la Embajada de Estados Unidos en México y serán analizadas conforme a la Ley de Extradición Internacional y al tratado bilateral vigente entre ambos países.
No obstante, subrayó que corresponde exclusivamente a la FGR determinar la viabilidad legal de las solicitudes, así como la existencia de pruebas que permitan sustentar una eventual detención.
En paralelo, la cancillería mexicana expresó inconformidad por la forma en que el gobierno estadounidense hizo pública la información, al considerar que los acuerdos internacionales en materia de extradición contemplan criterios de confidencialidad.
Por ello, adelantó que se enviará un extrañamiento diplomático a la representación estadounidense en México.
Hasta el momento, ni la FGR ni el gobierno de Sinaloa han informado sobre acciones derivadas de estas solicitudes.
