María Margarita Free del Castillo.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó de manera categórica las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, al sostener que “carecen de veracidad y fundamento alguno” y que serán desmentidas “con toda contundencia en el momento oportuno”.
La postura del mandatario sinaloense surge luego de que medios de Estados Unidos y plataformas informativas en México difundieran la existencia de una acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se le incluye dentro de una presunta red de funcionarios vinculados al narcotráfico.
De acuerdo con la acusación presentada en Nueva York por el fiscal federal Jay Clayton, y respaldada por la Drug Enforcement Administration, Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos fueron imputados por diversos cargos, entre ellos:
— Conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos
— Distribución de grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina
— Delitos relacionados con armas de alto poder
— Presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa
Según documentos judiciales y reportes de agencias como Associated Press y Reuters, los acusados habrían facilitado operaciones del narcotráfico a cambio de sobornos y respaldo político, incluyendo protección institucional y filtración de información estratégica.
Las investigaciones señalan que esta red habría operado en coordinación con la facción conocida como “Los Chapitos”, vinculada a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Asimismo, se advierte que los cargos podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua en caso de que los imputados sean procesados y declarados culpables en tribunales estadounidenses.
Medios internacionales y nacionales coinciden en que, junto a Rocha Moya, fueron señalados nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre los que destacan:
— Enrique Inzunza Cázarez
— Gerardo Mérida Sánchez
— Juan de Dios Gámez Mendívil
— Dámaso Castro Zaavedra
Además de otros funcionarios vinculados a estructuras de seguridad y gobierno, así como actores políticos presuntamente relacionados con redes de protección al crimen organizado.
Las autoridades estadounidenses sostienen que varios de los implicados habrían permitido actos de violencia, incluyendo asesinatos y secuestros, como parte del funcionamiento de la presunta estructura criminal.
El caso también involucra a Juan Valenzuela Millán, señalado por el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA, así como de un familiar de ésta.
De forma previa a la acusación formal, investigaciones periodísticas ya habían revelado que a Rocha Moya le fue revocada la visa estadounidense desde 2025, en medio de sospechas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Este proceso se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Estados Unidos para actuar contra políticos mexicanos presuntamente ligados a cárteles, la cual incluye la cancelación de visas y la eventual judicialización de casos en cortes federales.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Rocha Moya no sólo negó los señalamientos, sino que los calificó como un ataque político.
Afirmó que las acusaciones carecen de sustento y sostuvo que el señalamiento no es únicamente en su contra, sino contra el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
Finalmente, llamó a la población sinaloense a mantener la confianza y aseguró que prevalecerá la verdad frente a lo que definió como “calumnias”.
