Álvaro Aragón Ayala.
Ciudad de México. En medio del debate político que en los últimos días ha rodeado su nombre y que incluso modificó el escenario de la sucesión gubernamental en Sinaloa, el senador Enrique Inzunza Cázarez participó este jueves, de manera virtual, en la sesión de la Comisión de Justicia del Senado de la República, donde defendió la necesidad de profundizar el análisis jurídico de la futura Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.
La reunión, encabezada por el presidente de la Comisión, Javier Corral Jurado, definió la ruta legislativa para construir el dictamen que armonizará las iniciativas presentadas por el propio Corral y por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, con el propósito de que el nuevo ordenamiento pueda discutirse al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.
Durante la sesión, el senador sinaloense Enrique Inzunza centró su intervención en la necesidad de fortalecer técnicamente el proyecto.
El legislador sostuvo que es indispensable profundizar la revisión jurídica de diversos conceptos relacionados con las facultades de las autoridades administrativas y con los procedimientos previstos en la nueva legislación, con el propósito de construir una norma sólida y funcional para todo el país.
La propuesta busca cubrir un vacío legislativo existente desde 2017 mediante un modelo de justicia orientado a resolver conflictos derivados de faltas administrativas, privilegiando la conciliación, la mediación y la reparación del daño antes que el enfoque exclusivamente sancionador.
Javier Corral informó que la Secretaría Técnica elaborará una nueva versión del proyecto integrando elementos de ambas iniciativas, además de las observaciones que presenten legisladores, especialistas e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La participación de Enrique Inzunza adquirió especial relevancia debido al contexto político que rodea actualmente al senador.
En los últimos meses su nombre ha aparecido en diversas versiones periodísticas relacionadas con investigaciones de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con organizaciones criminales.
Hasta el momento, de acuerdo a las leyes mexicanas, la acusación en su contra por parte del Departamento de Justicia de Estados es improcedente; el gobierno federal y la Fiscalía han precisado que no pueden actuar en su contra si Estados Unidos no presenta pruebas contundentes.
La polémica alcanzó uno de sus momentos más intensos cuando solicitó licencia para separarse temporalmente de su escaño en el Senado. Sin embargo, esa licencia tuvo una duración de apenas unas horas y posteriormente regresó al ejercicio de sus funciones legislativas, decisión que generó múltiples interpretaciones en los ámbitos político y mediático.
Días después, el propio senador afirmó públicamente que permanecerá en el cargo para el que fue electo y que concluirá su mandato constitucional en 2030.
Antes de que surgieran esos señalamientos públicos, Enrique Inzunza era considerado por diversos analistas y actores políticos como uno de los perfiles con mayores posibilidades de convertirse en coordinador estatal de Morena en Sinaloa y, posteriormente, en candidato a la gubernatura.
El cambio del contexto político modificó sustancialmente ese escenario y abrió una nueva etapa de especulación sobre el reacomodo de las fuerzas internas del partido.
Pese a ello, el senador mantiene una intensa actividad legislativa y continúa participando en asuntos considerados prioritarios para la agenda del Senado, como la construcción de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.
Al concluir la reunión, Javier Corral reiteró que el objetivo es contar con un dictamen fortalecido antes del 1 de septiembre para saldar una deuda legislativa pendiente desde hace varios años y dotar al país de un marco jurídico uniforme en materia de justicia cívica.
