Álvaro Aragón Ayala.
Cuando el diputado federal del PRI, Mario Zamora Gastélum, afirmó con contundencia que, de haber sido él gobernador de Sinaloa, «nada de esto estaría pasando», activó de inmediato la sospecha analítica sobre una alarmante confesión política: la velada añoranza de que, bajo su mando, las facciones del Cártel de Sinaloa jamás habrían roto sus pactos de coexistencia y el Estado continuaría transitando en esa perversa «pax narca» donde el dinero ilícito fluye con normalidad hacia los sectores sociales y productivos. El problema radica en que el legislador esquiva definir el alcance real de su pronombre; porque «esto» que hoy sacude a la entidad es un entramado complejo que incluye la captura y traslado de Ismael «El Mayo» Zambada, la persecución frontal contra las estructuras de «Los Chapitos» y «Los Mayos», la presión geopolítica sin precedentes de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre las organizaciones criminales mexicanas, la fiscalización de redes financieras y políticas, y la ruptura definitiva de los viejos equilibrios criminales que durante décadas subordinaron la vida pública sinaloense.
Frente a la espectacularidad de la frase, la pregunta metodológica e inevitable es de qué forma un gobierno local encabezado por Zamora habría impedido este escenario de quiebre. En el estricto diseño institucional del Estado mexicano, ningún gobernador constitucional posee facultades legales ni operativas para controlar investigaciones de carácter federal, y mucho menos cuenta con la capacidad de veto para frenar las decisiones estratégicas de seguridad nacional y persecución criminal dictadas desde la Casa Blanca y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por lo tanto, desprovista de viabilidad jurídica, la declaración del diputado conduce inevitablemente a una interpretación sociopolítica mucho más incómoda: el deseo explícito de preservar un modelo político y económico que durante años convivió simbióticamente con el narcotráfico, garantizando una estabilidad aparente y cosmética a cambio de impunidad estructural.
Ahí es donde la retórica de Mario Zamora adquiere su verdadera y peligrosa dimensión. Durante décadas, Sinaloa presumió un vigoroso crecimiento económico, expansión inmobiliaria de vanguardia, auge comercial y una febril circulación de capitales; sin embargo, en los análisis periodísticos y académicos siempre se documentó la realidad paralela de un inconmensurable flujo de recursos de origen ilícito dopando los circuitos formales. La discusión de fondo siempre giró al grado de su penetración en el PIB regional, puesto que la narcoeconomía no opera para producir un caos permanente, sino todo lo contrario: su éxito radica en mimetizarse en la vida cotidiana, mezclarse con las cámaras empresariales, aceitar el sistema financiero y edificar una falsa percepción de normalidad. Si el dinero corre con fluidez y la violencia criminal se mantiene encapsulada mediante cuotas toleradas, la clase política y los sectores beneficiados tienden a confundir deliberadamente la estabilidad del mercado con la salud institucional del Estado.
Sin embargo, la «pax mafiosa» y el orden democrático son variables antagónicas: la tranquilidad aparente puede subsistir perfectamente mientras las estructuras delictivas amplían sus rutas de tráfico, conquistan nuevos mercados internacionales y consolidan un poder financiero capaz de desafiar al monopolio de la violencia legítima. Por ello, la sentencia del diputado federal funciona como un bumerán ideológico que devela que el equilibrio previo debió haber continuado inalterable, asumiendo la relación entre política, economía y Poder Criminal como un ecosistema inalterable y funcional para las élites locales. Al postular la vigencia del modelo coexistencia pacífica como solución de gobierno, el Mario Zamora sitúa el debate en un terreno ético y de seguridad nacional irreversible: si la crisis de violencia actual es el doloroso costo de haber roto los viejos esquemas de complicidad, la interrogante ya no es si habría menos balas y menos muertos con la oposición en el poder, sino si el Estado mexicano debía seguir postergando el cáncer de la narcoeconomía a cambio de una paz hipócrita. Que conste: la sentencia popular se cumple con precisión quirúrgica en los micrófonos del Congreso y en las conferencias de prensa: el pez por su propia boca muere, y Zamora terminó defendiendo, «con esto no estuviera pasando», el orden del viejo régimen criminal priista que parió la crisis que hoy estalla ante los ojos de los sinaloenses.
