Álvaro Aragón Ayala.
La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, volvió a colocar sobre la mesa uno de los dramas humanos más dolorosos que vive México y, particularmente, Sinaloa: el desplazamiento forzado provocado por la violencia. Su preocupación en el discurso es legítima; la realidad es incontestable. Las familias desplazadas existen. Los pueblos semivacíos existen. El abandono institucional existe.
Nadie que conozca la realidad de la sierra sinaloense puede negar una tragedia que durante años ha expulsado a miles de personas de sus comunidades, de sus tierras y de su patrimonio. El problema no es la causa que defiende, sino la ligereza con la que politiza un criterio judicial para evadir la responsabilidad de su propia trinchera.
La gravedad del fenómeno no exime la obligación de analizar con rigor las resoluciones judiciales. Afirmar, como lo hizo la legisladora, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación «dejó sin respuesta» a las víctimas y determinó que el gobierno carece de obligaciones, no solo es jurídicamente falso: es una manipulación discursiva que busca culpar al árbitro constitucional de una parálisis que nace en el Poder Legislativo al que ella pertenece.
El asunto discutido en el Amparo en Revisión 269/2025 no gira alrededor de la existencia de la tragedia, ni es un cheque en blanco a la indolencia gubernamental. La discusión técnica de la Corte es otra: los límites de la división de poderes. Se trata de definir si un juez puede obligar al Congreso de la Unión a legislar cuando no existe un mandato constitucional expreso.
Presentar un debate constitucional tan sofisticado como un «abandono a las víctimas» por parte de la Corte es una simplificación excesiva. Peor aún, es una coartada perfecta para el oportunismo político.
La diputada confunde convenientemente dos planos distintos: el plano de los derechos humanos y el plano de las competencias institucionales. Nadie discute que las víctimas merecen protección. Lo que se discute es el método. Lo que el proyecto de la Corte sostiene no es que el Estado esté libre de culpas, sino que el juicio de amparo no es una fábrica de leyes sustituta del Congreso.
La diferencia entre ambas afirmaciones es sustancial. La precisión importa, y más cuando se lucra con un tema tan sensible. Resulta un contrasentido alarmante que una legisladora profesional exija rigor a las instituciones del Estado, pero sea incapaz de aplicar el mismo estándar al examinar los documentos jurídicos que critica. El expediente y los antecedentes muestran una discusión matizada; la declaración de Gárate, en cambio, parece guiada por la prisa de la nota de prensa y la búsqueda de la condena fácil.
La tragedia del desplazamiento forzado merece ser denunciada. Merece presupuestos, registros y políticas públicas eficaces. Lo que no merece es convertirse en materia prima para la retórica de barricada o para lecturas apresuradas que anteponen la consigna al estudio.
Si algo revela este episodio es que el problema central sigue siendo estrictamente político y de omisión parlamentaria. La Corte interpreta la Constitución, pero la responsabilidad de legislar es de los legisladores.
Si durante años los congresos —donde su partido y otros tantos han tenido mayorías y posiciones clave— han conocido la magnitud del desplazamiento forzado ¿por qué siguen esperando que sea una sentencia judicial la que les haga la tarea? ¿Por qué la solución tiene que venir de los ministros cuando los que cobran por hacer leyes son ellos?
La indignación de la diputada sería más creíble si viniera acompañada de iniciativas locales blindadas y de una verdadera autocrítica por la omisión histórica de los partidos en el Congreso de la Unión. Bien. Su postura se queda en eso: una legítima preocupación social vestida de una profunda y conveniente imprecisión jurídica.
