Álvaro Aragón Ayala.
La revocación del decreto que proyectaba el Puerto de Altura y Cabotaje en Loreto, Baja California Sur, representa un colapso político de primer orden para el “Grupo Los Cabos”. Esta facción, históricamente vertebrada por la dinastía Agúndez y el antiguo bloque PRD-PT, pretendía capitalizar dicha infraestructura como el catalizador económico para consolidar su hegemonía y asaltar la sucesión gubernamental en 2027. La cancelación de la declaratoria federal, forzada por la resistencia civil, la academia y el sector turístico de baja densidad, desmanteló una sofisticada estrategia de expansión portuaria y logística que buscaba reconfigurar la economía política del Mar de Cortés bajo el cobijo de la modernización marítima.
El instrumento normativo promulgado en abril de 2026 modificaba el régimen estatutario de Loreto para habilitarlo en la recepción de tráfico mercante internacional, cruceros de gran calado y operaciones de cabotaje a escala global. Si bien la infraestructura física -como escolleras, terminales polivalentes o el dragado de canales de navegación- permanecía en fase de planeación, el cambio de estatus jurídico constituía el vector habilitante para inversiones de gran envergadura. Esta alteración del ordenamiento portuario encendió las alarmas en una ecorregión de altísima vulnerabilidad ecológica, sede del Parque Nacional Bahía de Loreto y santuario de la ballena azul, confrontando el proyecto marítimo con un modelo de conservación ecosistémica firmemente defendido por la comunidad local.
La arquitectura del proyecto descansaba en la Administración Portuaria Integral (API-BCS), conducida por Narciso Agúndez Gómez, pieza clave de un clan que ha usufructuado el control territorial y la plusvalía inmobiliaria del estado desde finales de los noventa. Transitando del sol azteca hacia el Partido del Trabajo y al ala pragmática de Morena, este grupo tiene sus pilares históricos en los exgobernadores Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño, y hoy proyecta su continuidad en Christian Agúndez Gómez, actual alcalde de Los Cabos. El diseño del Puerto de Altura operaba como la plataforma de lanzamiento para la candidatura de este último a la gubernatura en 2027, respaldada de forma abierta por la dirigencia nacional del PT.
A pesar de la opacidad en torno a las concesiones y los convenios de exclusividad con navieras transnacionales, el marco legal abría una ventana de oportunidad para consorcios turísticos, operadores de muelles y desarrolladores de zonas de actividades logísticas. En los círculos de la alta política sudcaliforniana era evidente que Loreto funcionaría como el eslabón septentrional de un corredor marítimo-turístico articulado desde Los Cabos, expandiendo la frontera de acumulación del capital inmobiliario costero. Así, la infraestructura portuaria mutaba de un nodo de conectividad elemental a un enclave de gobernanza privada, alimentando las sospechas sobre la densa red de intereses financieros imbricada con el aparato de la API estatal.
La inviabilidad del proyecto minó la línea de flotación discursiva del “Grupo Los Cabos”, cuya narrativa vinculaba la modernización portuaria con un destino manifiesto de crecimiento ilimitado. La polarización social decantó el conflicto en una disyuntiva irreductible: la preservación biocultural frente a la lógica del megadesarrollo extractivista. Ante el riesgo de un costo político sistémico, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío optó por ejercer un arbitraje táctico a favor de las demandas comunitarias; al desautorizar el decreto, el ejecutivo estatal no sólo blindó la soberanía ambiental del litoral, sino que marcó una distancia sanitaria frente a la agenda económica de la API y sus operadores políticos.
La dación de carpetazo al puerto redefinió el balance de poder en la península: capitalizó la legitimidad social de colectivos ecologistas, prestadores de servicios náuticos tradicionales, la comunidad científica y el propio gobernador Castro Cosío en su papel de garante del equilibrio ecológico. Por el contrario, el pasivo político fue absorbido en su totalidad por la estructura de los Agúndez, cuyo posicionamiento dentro de la coalición Morena-PT de cara a 2027 queda severamente erosionado. La coyuntura de Loreto deja una lección concluyente para el tablero político: en Baja California Sur, los megaproyectos de reconversión costera ya no son viables sin licencia social y transforman la ecología política en el primer y más complejo filtro rumbo a la sucesión gubernamental.
