Álvaro Aragón Ayala.
El 15 de mayo de 2017, a las 11:50 de la mañana, el periodismo de investigación en México sufrió un golpe demoledor. A plena luz del día y a unos pasos del semanario Ríodoce fue ejecutado Javier Valdez Cárdenas. La dinámica del asesinato ofrece pistas de que se llevó a cabo mediante una operación táctica de alta precisión en la que los criminales habrían recibido el “respaldo” de las corporaciones policiacas para perpetrar el homicidio.
Años después de las sentencias dictadas contra los autores materiales vinculados a la facción de Los Dámaso (Cártel de Sinaloa), las preguntas sobre la facilidad con la que se realizó el asesinato obligan a exigir a la Fiscalía General de la República a que desentrañe el entorno operativo, político y de seguridad que permitió, por acción u omisión, que el atentado se ejecutara con total impunidad inmediata.
Cuando a Javier Valdez se le quitó la vida su trabajo ya no era sólo periodismo; era un diagnóstico radiográfico incómodo para el crimen organizado, los cuerpos de seguridad pública y figuras políticas coludidas con el narcotráfico. Tres de sus obras bibliográficas fundamentales se habían convertido en una amenaza directa para el statu quo criminal:
Miss Narco (2009) y Huérfanos del Narco (2015), libros donde visibilizó las entrañas del tejido social capturado, desnudando cómo las estructuras criminales operaban con la aquiescencia de las autoridades.
Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia (2016). Esta fue su última obra y la más peligrosa. En este libro, Valdez Cárdenas rompió el silencio al evidenciar no solo cómo el narcotráfico infiltraba y amenazaba a los medios, sino las relaciones promiscuas entre altos mandos de la seguridad pública y los capos del Cártel de Sinaloa.
Este mapa de relaciones publicado por el periodista quebrantó el principio de invisibilidad que tanto el Cártel como sus protectores institucionales, incluyendo políticos y mandos policiales, necesitaban mantener.
En la criminalística y los manuales modernos de Investigación de Homicidios (como los tratados de la Academia Nacional del FBI o el Manual de Investigación de Homicidios), un principio es inamovible: a mayor perfil de la víctima, mayor es la necesidad de asegurar el entorno para atentar contra su persona.
Para entender el caso: la “concertación criminal” es el acuerdo previo, explícito o implícito, entre actores delictivos y elementos del aparato estatal para coordinar un fin común. En el caso de Javier Valdez, esta teoría se sostiene técnicamente bajo tres variables forenses:
1.Control de la “zona de muerte» y disposición del entorno: los manuales de investigación de homicidios señalan que, para ejecutar un blanco de alto perfil en una zona urbana altamente transitada, se requiere un “vacío de contención”.
En el atentado contra Javier Valdez se deduce que los asesinos calcularon la ruta de escape y contaban con la certeza de que el patrullaje cuadrante de la policía municipal (entonces bajo la administración de Jesús Valdés Palazuelos) y los cuerpos de seguridad estatal no interferiría en el rango de tiempo de la ejecución.
2.La parálisis operativa o efecto de omisión: La ausencia total de una persecución inmediata, la falta de activación del “Código Rojo” para tender un cerco policial para evitar el escape de los criminales y el casi nulo seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia urbana del C4 no pueden atribuirse a una mera “ineficiencia”.
El análisis forense de la respuesta policial sugiere una coordinación negativa, donde la orden de «no intervención» o el retraso deliberado de los primeros respondientes formó parte del diseño del crimen.
3.La doctrina del ataque quirúrgico: si se analiza el asesinato de Javier Valdez a través del prisma de la estrategia militar, el Manual de Investigación de Homicidios y el tratado clásico de Sun Tzu, El arte de la guerra, el atentado deja de ser un homicidio ordinario y se revela como una operación de “guerra irregular”.
El diagnóstico profundo el entorno del homicidio ofrece elementos para establecer que los asesinos recibieron información de Javier Valdez (rutas, horarios, vulnerabilidades) lo que denota, pues, una red de seguimiento y de acción concertada. Es claro que el crimen organizado utilizó “halconeo” avanzado que cruzaba información civil y, presuntamente, frecuencias policiales.
El crimen ocurrió bajo la gubernatura de Quirino Ordaz Coppel, un periodo caracterizado por una narrativa oficial de «paz social» y «estabilidad». Sin embargo, los tratados de gobernanza criminal demuestran que las “pax mafiosas” se sostienen mediante acuerdos de alto nivel.
Durante el régimen de Ordaz Coppel se consolidó un modelo de gobernabilidad donde el crimen no se combatió, únicamente se administró. Ocurrió un fenómeno que en la superficie se presentó como estabilidad, pero que en el subsuelo del poder funcionó como un equilibrio criminal entre Estado y narcotráfico.
Entonces ¿Cómo se desplazaron los asesinos por el corazón de Culiacán sin ser detectados? ¿Por qué fallaron los anillos de seguridad urbana? El asesinato de Javier Valdez Cárdenas cumple con todos los elementos de un crimen arreglado, apoyado por un diseño operativo donde el brazo armado ejecuta y el brazo institucional garantiza la “impunidad temporal” mediante la parálisis reactiva.
En tanto, las líneas de investigación no agoten la responsabilidad de los mandos políticos, policiales y municipales que controlaban el perímetro de Culiacán aquel 15 de mayo de 2017, la verdad jurídica seguirá estando subordinada a la verdad histórica de las balas: aquella que dicta que, en Sinaloa, el silencio se coordina desde las oficinas del poder y los sótanos del Cártel.
