Claudia Sheinbaum la semana pasada presumió los buenos niveles de su popularidad en las encuestas. Quizá ha llegado el momento de usar algo de ese capital político en advertir que el año podría ser muy complejo, y en aparcar el triunfalismo
El 9 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió que ha habido “23 reformas constitucionales y han sido más de 60 leyes que hemos cambiado”. Se trata de una reingeniería cuya implementación demandará tiempo y recursos. Y que no está exenta de riesgos.
La más reciente de las reformas constitucionales reduce y limita el número de regidores en los municipios, y los presupuestos en las legislaturas estatales. Buena o mala idea, se redactó desde el centralismo presidencialista y sin debate republicano.
No es, por supuesto, la más importante de cuantas se han hecho a la Constitución desde octubre de 2024. Pero hasta esa iniciativa, tramitada de prisa en medio de tropiezos de una presidenta que pretendía más, denota la concentración de poder en el Ejecutivo.
La presidencia de Claudia Sheinbaum decide lo mismo cómo se va a organizar un ayuntamiento que el límite monetario de las llamadas pensiones doradas (sin dejar de mencionar que se atreve a hacer de esa reforma una de carácter retroactivo).
Y ya no digamos que también lleva mano sobre quién será el nuevo auditor superior de la Federación –que se supone era atribución de San Lázaro para, precisamente, vigilar el gasto presupuestal– o que avanzan candidatos al Instituto Nacional Electoral ligados a ella.
En el mismo sentido, se ha reconfigurado la procuración de justicia al grado de que en días pasados la mandataria llevó a la mañanera a la fiscal Ernestina Godoy, quien, advirtió Claudia, no tomaría preguntas. El órgano supuestamente autónomo enmudece por orden presidencial.
Dejando de lado que sus socios partidistas tumbaron dos veces la reforma electoral que pretendía –no por razones de gobernabilidad, sino de estricto cálculo de negocio electoral–, tenemos una presidenta que goza de un poder sin contrapesos.
Hay quien dice, en ese sentido, que hasta el Banco de México se pliega ya a Palacio Nacional con su decisión de seguir recortando la tasa de referencia a pesar de que la inflación da muestras de descontrol y que aún se temen efectos por la subida del petróleo.
En ese panorama –de instituciones que no disputan voz al Ejecutivo, agravado por el estilo de micrománager de Sheinbaum– la presidenta se queda como único y total referente de la política pública, incluido, y sobre todo, de aquello que no salga bien o, de plano, salga pésimo.
2026 pinta para dar raquíticos resultados económicos. Si el pronóstico ya era, en el mejor de los escenarios, mediocre, la sangrienta aventura de Trump en Irán lo ha hecho más sombrío. Es una pésima noticia para un país con tantas reglas nuevas por poner en práctica.
Además de reformas, Claudia Sheinbaum la semana pasada presumió los buenos niveles de su popularidad en las encuestas. Quizá ha llegado el momento de usar algo de ese capital político en advertir que el año podría ser muy complejo, y en aparcar el triunfalismo.
Mostrarse realista puede ayudar a Sheinbaum a que, si la situación empeora, a ella no le ocurra lo que a López Portillo con la devaluación (aplica también a Peña Nieto con el gasolinazo).
Soledad Loaeza recuerda en un libro que en tiempos de JLP “la crisis había borrado las de por sí tenues fronteras entre la persona del presidente y la institución. El propio López Portillo vivía esta confusión; por ejemplo, en lugar de ver en la devaluación un instrumento financiero, la consideraba un descrédito personal, no solo se devaluaba el peso, también perdían valor la institución presidencial y él mismo. México tenía, según él, una presidencia devaluada. En marzo de 1982, ante la Asamblea General de la Concanaco, dijo: ‘… Un presidente que devalúa, se devalúa; sé que un presidente que toma decisiones en los momentos como los actuales, para muchos sectores, pierden [sic] credibilidad y, desde luego, para muchos otros es causa de retiro de fe’”.
Hoy, como en los 80, el enorme poder de la presidencia puede hacer que los costos del desgaste económico se traspasen a la persona que la ostenta. Más si presume todo lo que modificó para concentrar más poder.
No se requiere una devaluación para que una presidencia se devalúe.
“Las consecuencias políticas de la expropiación bancaria”, Colmex, 2008.
El Financiero
