Álvaro Aragón Ayala.
El Estado mexicano reconfiguró el sistema de jubilaciones y pensiones públicas. Al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución, se establecieron límites a los salarios en activo, sepultando igualmente las pensiones doradas.
La reforma cerró el vacío legal que permitió, por décadas, que exfuncionarios de entidades federales percibieran ingresos astronómicos de retiro. Los puntos clave de la reforma son: Ninguna pensión o haber de retiro podrá superar la remuneración del titular del Ejecutivo Federal.
Se consideran “remuneración” todos los bonos, gratificaciones y prestaciones, sin excepción.
Aplica a los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), órganos autónomos, estados y municipios.
A pesar del discurso de austeridad total, el decreto establece excepciones que deben analizarse con lupa. El texto constitucional señala que quedan fuera del alcance de la reforma:
Las jubilaciones o pensiones constituidas por aportaciones voluntarias en cuentas individuales.
Las jubilaciones o pensiones derivadas de aportaciones sindicales en sistemas complementarios.
La pensión no contributiva (Bienestar) establecida en el artículo 4º constitucional.
Mientras se blindan los ahorros voluntarios y sindicales, se genera una especie de “limbo financiero” para las pensiones y jubilaciones que dependen directamente del presupuesto público sin un fondo de respaldo.
Las universidades públicas son el “foco rojo”, pues la SEP y la SHCP no avala el pago de jubilaciones universitarias con cargo al subsidio ordinario. Si una institución no cuenta con un fideicomiso sólido y sus pensiones se pagaban directamente del presupuesto corriente, la reforma las deja en la indefensión.
El decreto dice respetar derechos adquiridos, pero prohíbe que estos contravengan el nuevo tope. Instituciones que históricamente gozaban de autonomía presupuestal ahora están bajo el control estricto del tabulador presidencial.
Más allá de la técnica jurídica, la reforma consolida la visión de que el servicio público no es una vía para el enriquecimiento post-cargo.
Se intenta, pues, eliminar la brecha entre la élite burocrática y el resto de los trabajadores bajo el régimen de seguridad social ordinario.
La reforma es un punto de inflexión. Al dejar fuera las pensiones y jubilaciones que se sostienen con aportaciones sindicales, el gobierno federal manda la lectura que desaparecerá o no se permitirá pagar prestaciones de retiro con los subsidios universitarios. Es decir: “castigará” a las instituciones que no fondearon sus sistemas (como muchas universidades), obligándolos a forzar una reconfiguración a quienes no tengan un soporte financiero propio. Quien no se ajuste al nuevo esquema simplemente quedarán fuera de los sistemas jubilatorios.
