Álvaro Aragón Ayala.
Culiacán, Sin. – Lo que debió ser un acto de reivindicación institucional se transformó en una renuncia histórica. El retorno de la diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth -Ely- Montoya, a su escaño en el Congreso del Estado, fue la reaparición de una figura vaciada de autoridad moral. Al evadir la exigencia de justicia y omitir el reclamo por el atentado que sufrieron ella y su jefe, Sergio Torres Félix, Montoya canjeó su capital político por una supervivencia irrelevante.
Su presencia en la tribuna es hoy un monumento a la impunidad. No hubo una sola palabra que incomodara al poder/gobierno ni a los autores del atentado criminal, no emitió ni un solo señalamiento que buscara desentrañar la opacidad de un ataque que dejó secuelas físicas y heridas profundas en el tejido democrático de Sinaloa. Que atentó contra el Poder Legislativo.
La conducta de la legisladora es una capitulación absoluta. Al renunciar al derecho elemental de exigir castigo para sus agresores, Montoya envió un mensaje devastador: si una diputada, investida con el fuero y la protección del Estado, decide agachar la cabeza, el ciudadano común queda en el desamparo total.
Esta omisión deliberada se desglosa en tres frentes de fracaso:
- Aniquilación de la Estatura Moral: Quien es incapaz de defender su propia integridad y la de sus colaboradores más cercanos, carece de la legitimidad necesaria para legislar sobre la seguridad de los sinaloenses. La curul le queda grande a quien utiliza el micrófono para el protocolo y no para la verdad.
- Validación de la Barbarie: Su negativa a señalar responsables, materiales e intelectuales, funciona como un indulto implícito hacia los perpetradores. La ausencia de indignación pública es, en los hechos, una forma de colaboración pasiva con el estado de cosas que impera en la entidad.
- Traición a la Alianza Política: Al no exigir justicia precisa el deslinde fáctico de Sergio Torres Félix —quien aún padece las consecuencias del atentado— y revela una falta de lealtad que la inhabilita para cualquier proyecto de liderazgo futuro. No se puede aspirar a gobernar una ciudad como Culiacán cuando se abandona a los propios en el campo de batalla.
En Sinaloa la política no admite medias tintas frente a la violencia. La actitud de Montoya no es prudencia política; es una claudicación ante el miedo. Al evitar el llamado a la Fiscalía de Justicia y al no ejercer presión institucional, la diputada decidió que su carrera es más importante que la justicia.
Esta «victoria médica» de recuperar la salud se conviertió en su derrota política terminal. Una representante que no confronta al poder cuando éste falla en su obligación mínima de otorgar seguridad, se convierte en un eslabón más de la maquinaria que perpetúa el desorden.
Ely Montoya reveló hoy su verdadera talla. Aquella aspiración legítima de buscar la alcaldía de Culiacán o cualquier otro cargo de relevancia ha quedado sepultada bajo el peso de su propia claudicación. La ciudadanía no necesita figuras decorativas que se limiten a ocupar un espacio físico en el Congreso; busca líderes que tengan el temple de llamar a las cosas por su nombre, incluso bajo el asedio de la adversidad.
La diputada regresó a la vida pública, pero lo hizo despojada de su esencia combativa y de su compromiso con la verdad. Hoy, su carrera política no es más que un eco de lo que pudo ser: una oportunidad desperdiciada para dignificar la política sinaloense. Quien no tiene el valor de exigir justicia para sí misma, no posee el derecho de representar a nadie más.
