Álvaro Aragón Ayala.
El “paro nacional del campo” no ocurrió. Tampoco hubo un bloqueo total de las carreteras del país. Lo que sí quedó registrado es que el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano —o los tres personajes que impulsan estas acciones— está rompiendo la agenda de negociación de los organismos agrícolas legalmente constituidos, interfiriendo en los canales institucionales que representan al sector.
Las movilizaciones fueron parciales, sin cierre absoluto de la circulación vehicular. No hubo paralización total en las carreteras del país. Fueron más bien de acciones de presión intermitentes, diseñadas como advertencia política hacia la SADER, la SEGOB y la Presidencia de la República, sin alcanzar la fuerza de un paro nacional real.
Un elemento central que no puede pasarse por alto es la disminución en la participación. A diferencia de otras coyunturas, no se observaron concentraciones masivas ni una movilización homogénea en todo el territorio nacional. Hubo menos presencia, menos capacidad de convocatoria y, por tanto, menor impacto operativo.
A esta debilidad se suma un hecho clave: las organizaciones del transporte del país se deslindaron del movimiento, rompiendo una posible alianza estratégica que en otros momentos ha sido determinante para ejercer presión real bloqueándo las vías de comunicación.
Pero el fondo del conflicto no está únicamente en la baja intensidad de la movilización, sino en la disputa por la representación del campo mexicano. Diversos organismos formalmente constituidos han comenzado a cerrar filas ante lo que consideran una intromisión que les arrebata la interlocución con el gobierno.
El Frente no sólo convoca movilizaciones, sino que irrumpe en las negociaciones institucionales, desplazando a organizaciones que históricamente han representado a ejidatarios, campesinos, jornaleros, pequeños propietarios y agroempresarios.
Entre los organismos que están siendo desplazados o debilitados en su papel de interlocutores se encuentran: El Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional Campesina, la Central Campesina Independiente, la Central Campesina Cardenista, la Confederación Agrarista Mexicana, la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, Colegios de Ingenieros Agrónomos y otras estructuras nacionales, estatales y regionales del sector
Para estos organismos, el problema es gravísimo: el Frente les está restando visibilidad, les roba la agenda y obstaculiza procesos de negociación ya establecidos con el gobierno federal y los gobiernos estatales. En este contexto, lo que en un inicio pudo haber sido visto y tolerado como un mecanismo de presión complementario, hoy es percibido como una amenaza directa a la estabilidad del campo organizado y a su representatividad institucional.
Otro punto crítico es la naturaleza misma del Frente. Diversos liderazgos del sector han identificado que no cuenta con una estructura territorial sólida, ni base ejidal, ni organización orgánica permanente. Su principal herramienta es el discurso y la capacidad de agitación.
Más aún, se advierte que las decisiones no son colegiadas, sino concentradas en un reducido núcleo de dirigentes, entre los que se ubican Baltazar Valdez Armentía, Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez y David Castañeda. Este esquema centralizado implica que las convocatorias se realizan sin coordinación con las organizaciones formales, sin respetar agendas previamente establecidas y sin mecanismos internos de representación amplia.
A ello se suma otro elemento que genera preocupación: la adhesión de actores con mayor capacidad económica —incluidos agroempresarios de gran escala— que encuentran en estas movilizaciones una oportunidad para presionar por mejores márgenes de utilidad, desdibujando aún más el carácter social del movimiento.
El resultado es un escenario complejo: por un lado, una estructura de presión basada en discurso y movilización; por otro, organizaciones formales que ven vulnerada su interlocución y capacidad de negociación. De ahí que múltiples organismos del sector se encuentren hoy en estado de alerta, no sólo por las amenazas de bloqueos en sí, sino por el impacto que estas tienen en los procesos institucionales.
Los dirigentes de las organizaciones formales valoraron ya que este tipo de acciones no fortalecen la negociación con el gobierno, sino que pueden fragmentarla, debilitarla y, en algunos casos, bloquear acuerdos en curso. En términos estratégicos, la vía de presión basada en bloqueos —además de no haber logrado paralizar al país— está mostrando signos de desgaste y empieza a generar más costos internos que beneficios políticos.
No hubo, entonces, paro nacional ni bloqueo total carretero. Lo que se registró fue una señal inequívoca de que el Frente amenaza con colapsar las dirigencias de los organismos instituidos que mantienen acercamientos y negociaciones en curso, por la vía institucional, con la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Gobernación.
