Julio Astorga.
Los ministros han rebasado los seis meses establecidos para analizar asuntos como los amparos relacionados con la prisión preventiva oficiosa y el caso de la Guardería ABC
La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene un rezago en el 75% de los casos penales pendientes por atender, los cuales rebasan el plazo constitucional de seis meses que establece la reforma judicial para resolverlos.
La SCJN tiene por discutir un total de 104 casos en materia penal y 57 en materia fiscal. Del total, 78 asuntos penales y 11 de carácter fiscal tienen más de medio año sin haber sido resueltos por los primeros ministros electos por voto popular.
La reforma judicial se promovió por el gobierno de Morena y sus aliados como una solución para tener una justicia más rápida y obtener sentencias en tiempos más cortos. Incluso, los nuevos ministros electos en la primera votación para renovar al Poder Judicial hicieron campaña con la promesa de darle celeridad al trámite de los asuntos.
La llamada nueva Corte mantiene en el escritorio asuntos como los amparos en revisión 730/2023 y 236/2024, que tienen relación con la prisión preventiva oficiosa, así como uno relacionado con la Guardería ABC, ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón.
En un esfuerzo por dar transparencia sobre el trabajo de los nuevos ministros, la Suprema Corte habilitó un portal en el que se muestra el total de asuntos penales y fiscales que les fueron turnados y cuántos de ellos ya pasaron el límite de seis meses.
La ministra Loretta Ortiz es la integrante del pleno que tiene mayor rezago, con 28 expedientes penales asignados que ya sobrepasaron los seis meses sin sentencia. Entre ellos, el amparo en revisión 648/2024, sobre una posible prescripción del caso de la Guardería ABC, en el que murieron 49 niños.
En un escenario similar se encuentra la ministra María Estela Ríos, con ocho expedientes penales turnados a su ponencia, seguida de Hugo Aguilar, con dos expedientes en la misma materia y que llevan más de medio año sin solución.
En el ámbito fiscal, la ministra Sara Irene Herrerías tiene cinco casos con más de seis meses sin sentencia; mientras que a Lenia Batres, ministra que le sigue en cuanto a rezago en ese rubro, mantiene tres trámites pendientes.
Por ejemplo, los ministros Aguilar Ortiz, Herrerías Guerra y Ortiz Ahlf tienen asignados amparos en revisión que cuestionan la constitucionalidad del impuesto sobre adquisición de inmuebles en la Ciudad de México, modificado durante el mandato de Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno.
Con la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, además de establecer un plazo límite para resolver asuntos de índole penal o fiscal, se obligó a los órganos jurisdiccionales a dar vista al Tribunal de Disciplina Judicial del atraso en las sentencias.
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