Álvaro Aragón Ayala.
Rumbo al 2027, el gobernador que Sinaloa necesita debe entender, ante todo, que la entidad no estalló de la noche a la mañana. Que la crisis de violencia, la erosión institucional y la pérdida de control territorial que hoy enfrenta la administración de Rubén Rocha Moya no es un fenómeno de generación espontánea de este sexenio. Es, en rigor, el sedimento acumulado de más de dos décadas de decisiones políticas erráticas, omisiones y un modelo de ejercicio del poder que privilegió la administración de equilibrios precarios por encima de la edificación de un Estado de derecho robusto.
Desde el mandato de Juan S. Millán Lizárraga se consolidó una lógica que signó el destino del estado: una estabilidad política aparente, cimentada en la evitación de confrontaciones sistémicas con las estructuras del crimen organizado. Bajo este esquema, incluso mandos de la entonces Policía Judicial (hoy Ministerial) fueron señalados por colusión delictiva. Se edificó una gobernabilidad sobre cimientos de cristal, donde el crecimiento económico de ciertos grupos avanzó con una celeridad que la capacidad institucional fue incapaz de regular o sostener.
Con Jesús Aguilar Padilla, dicha inercia se mantuvo incólume: no existió la ruptura necesaria ni la reforma estructural que los sinaloenses demandaron; el aparato estatal continuó operando por inercia, sin un proceso de fortalecimiento orgánico. En ese vacío de autoridad, las estructuras del crimen organizado expandieron su visibilidad y dominio, ocupando espacios geográficos y sociales. Prueba de esa vulnerabilidad fueron los magnicidios de figuras clave como Enrique Mendívil Flores, Antonio Ibarra Salgado y el vocero de seguridad Oscar Rivera Inzunza; crímenes que desnudaron la fragilidad del pacto institucional.
La alternancia encabezada por Mario López Valdez despertó expectativas de transformación que terminaron en una continuidad retórica. El sistema político no se desarticuló; simplemente mudó de manos. La violencia escaló y la institucionalidad permaneció en un estado reactivo. Durante este periodo, la fractura interna de los grupos criminales evidenció una preocupante instrumentalización de la Policía Estatal, la cual, lejos de salvaguardar el orden, coadyuvó en la consolidación de ciertas hegemonías delictivas mediante el combate selectivo de facciones rivales, como la de los Beltrán Leyva.
El punto de inflexión más crítico en esta secuencia de degradación se localiza en el sexenio de Quirino Ordaz Coppel. Su gestión apostó por la cosmética del poder: la obra pública visible y la proyección turística como una narrativa de éxito prefabricada. Si bien Mazatlán experimentó una transformación estética, esta coexistió con una orfandad institucional en materia de seguridad y justicia. Críticos y analistas coinciden en que el Estado participó, por acción u omisión, en la consolidación de la estructura del narco-Estado.
Diversos señalamientos públicos y auditorías formales y sociales todavía cuestionan el uso hiperbólico de recursos públicos en promoción personal y en la priorización de las apariencias. El manejo financiero de Ordaz Coppel permanece bajo el escrutinio debido a acusaciones de desfalco económico para favorecer proyectos particulares y familiares, incluyendo la construcción de infraestructura deportiva para intereses corporativos como los de Ricardo Salinas Pliego. La opacidad alcanzó niveles alarmantes con el señalamiento de la “desaparición” de aproximadamente 2 mil millones de pesos del SAT, dejando un estado financieramente anémico.
Lo cierto es que, más allá de la virulencia del debate político, el saldo estructural es irrebatible: el Estado llegó debilitado y financieramente quebrado al relevo de 2021. Las instituciones de seguridad carecían de depuración, el control territorial en nodos estratégicos como Culiacán, Mazatlán, Navolato y El Dorado era prácticamente nulo, y el modelo económico imperante seguía siendo incapaz de generar cohesión social o de imponer la autoridad de la ley.
Es bajo este escenario de escombros institucionales que gobierna hoy Rubén Rocha Moya. Su administración enfrenta la síntesis de todas las claudicaciones anteriores. La violencia fratricida del crimen organizado y la erosión de la paz pública no son anomalías del presente, sino la consecuencia lógica de un sistema que postergó las decisiones de fondo durante veinticinco años. Cargarle la totalidad de la responsabilidad al Ejecutivo actual resulta una herramienta política opositora eficaz, pero un análisis intelectualmente honesto revela que es un diagnóstico incompleto.
El desafío para Sinaloa no es solo pacificar el territorio, sino reconstruir su tejido productivo. El estado arrastra una dependencia excesiva del sector primario que, aunque vital, es vulnerable a la captura de rentas y a la volatilidad externa. De cara al proceso electoral 2027, el gobernador que Sinaloa necesita debe poseer la visión para transitar hacia una industrialización con valor agregado y una modernización tecnológica que desarticule las economías ilícitas que hoy compiten con el sector formal.
En este contexto, el debate hacia 2027 es imperativo advertir que un retorno al pasado, sin una ruptura ontológica con sus métodos, implicaría el riesgo de restaurar las mismas redes de complicidad heredadas que hoy tienen al estado en vilo. Un gobierno que carezca de una articulación orgánica con el Poder Ejecutivo Federal y con la dinámica de la Cuarta Transformación —de la cual emanan hoy los flujos presupuestales y las directrices de seguridad nacional— estaría condenado a la inoperancia.
El gobernador que necesita Sinaloa no puede ser un simple administrador de la escasez, ni un operador de imagen, ni un gestor electoral. Debe ser un reconstructor del poder público. Se requiere un perfil con la estatura política para reorganizar las instituciones desde sus cimientos y la solvencia para negociar con la Federación en una relación de respeto, pero de absoluta eficiencia.
Sinaloa exige un mandatario con interlocución directa y funcional en Palacio Nacional, capaz de transformar esa cercanía en inversión tangible e infraestructura estratégica. En un régimen político centralizado, la capacidad de gestión ante el centro es la diferencia entre el estancamiento y el desarrollo. Sin ese puente de confianza, resulta quimérico dinamizar los sectores agropecuario, industrial y de servicios. Quien ignore esta realidad estructural gobernará con las manos atadas desde el primer día.
Este perfil demanda experiencia probada en el manejo de crisis, un control político que no dependa de concesiones a grupos fácticos y una autonomía real frente a los poderes económicos tradicionales. No basta con la promesa de desarrollo; es urgente rediseñar la arquitectura misma de ese desarrollo para que sea incluyente y resistente a la infiltración criminal.
La pregunta que gravita sobre el futuro del estado es si existe o no hoy ese perfil en la arena pública. Aunque abundan las aspiraciones, son pocos los que reúnen la densidad política y la probidad técnica que exige la complejidad sinaloense. Gobernar Sinaloa no consiste en ganar una elección; consiste en ejercer la autoridad en un territorio donde en el pasado el Estado abdicó sistemáticamente de sus facultades. La lección de los últimos años es clara: cuando el Estado retrocede, la barbarie avanza.
Sinaloa no necesita una continuidad inercial ni una alternancia cosmética. Lo que el pueblo reclama, por primera vez en su historia moderna, es una ruptura real con la herencia de la omisión y la construcción de una nueva hegemonía de la legalidad y el progreso social. Exige, no el regreso a la pax narca, sino que continue el combate al crimen, que se fortalezca aún más la presencia militar y los cuerpos de seguridad civil. Que consolide el cambio y que el Estado recupere el territorio.
