Álvaro Aragón Ayala.
El estruendo ensordecedor del derrumbe en la zona minera de Cacalotán–Chele, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, fue el grito agónico de una tierra violada por siglos. Mientras varias almas permanecen atrapadas bajo toneladas de roca implacable, el evento es la manifestación más reciente y dolorosa de una herida profunda que sangra desde hace casi 300 años. Es la crónica de una extracción intensiva que ha desangrado a una de las regiones más antiguas del país, un saqueo sistemático de la riqueza nacional que contrasta obscenamente con la realidad de un pueblo atrapado en las fauces de la pobreza extrema.
Desde su fatídico descubrimiento en 1655, El Rosario fue marcado con el hierro candente de la codicia novohispana. Se convirtió en un enclave estratégico donde el oro y la plata comenzaron a brotar como sangre de las entrañas de la tierra para alimentar los centros de poder colonial. Durante siglos, la opulencia generada en estas montañas jamás echó raíces en la región: fue arrebatada y enviada a las arcas de la Monarquía Española, financiando reinos lejanos mientras aquí solo quedaba el polvo y el sudor.
La Independencia fue un espejismo; el modelo depredador solo cambió de máscara. La minería continuó bajo el yugo de inversionistas privados, buitres ajenos al El Rosario que solo venían y vienen a llevarse el botín. En el siglo XX y lo que va del XXI, ese patrón de despojo se consolidó brutalmente con la entrada de empresas nacionales y extranjeras. Operando bajo concesiones extensas y oscuras, replican un esquema infame donde las utilidades millonarias huyen del territorio a paraísos fiscales, mientras los costos ambientales y humanos permanecen aquí, como una herencia maldita.
Bajo tierra, el legado es un laberinto de horror y muerte: más de 70 kilómetros de túneles excavados por generaciones de hombres olvidados. Viejas galerías abiertas en la época colonial, verdaderas tumbas olvidadas, han sido reactivadas una y otra vez con una negligencia criminal, sin condiciones estructurales adecuadas. Este entramado subterráneo convertió la montaña en un queso gruyer que colapsa, filtra veneno y representa un riesgo de muerte permanente para quienes descienden a sus profundidades por una miseria de salario.
La historia laboral es una mancha negra de sombras y cadenas invisibles. Si bien no existió un sistema generalizado de esclavitud formal, sí operaron mecanismos de coerción que, en la práctica, sometían a los trabajadores a condiciones infrahumanas. Sistemas como el repartimiento, el peonaje por deudas que pasaba de padres a hijos, y las jornadas extenuantes en espacios confinados e insalubres, configuraron una realidad donde la libertad era un lujo inalcanzable y la vida humana era, simplemente, material desechable para la maquinaria de la avaricia.
El impacto no se limita al infierno del subsuelo. En la superficie, el paisaje de la sierra ha sido violado de manera profunda, dolorosa y, en muchos casos, irreversible. La apertura de minas, la construcción de caminos de muerte, el uso intensivo y caníbal de madera y la explotación continua han provocado deforestación, erosión y una pérdida de biodiversidad que hace llorar a la tierra. Los suelos han sido alterados para siempre, los cuerpos de agua expuestos a contaminación por metales pesados, envenenando el sustento de las comunidades y comprometiendo el equilibrio ecológico de forma severa y criminal.
A pesar del río de riqueza extraída durante siglos, la realidad social del municipio es una contradicción que clama al cielo. Una parte significativa de la población sobrevive en condiciones de pobreza humillante, con acceso limitado a servicios básicos, oportunidades laborales precarias que rozan la servidumbre y rezagos históricos en educación y bienestar. El territorio que generó enormes volúmenes de oro y plata, el mismo que enriqueció imperios y corporaciones, no logró traducir esa opulencia en desarrollo sostenido para sus propios hijos.
El accidente reciente volvió a colocar bajo la luz pública, con una crueldad insoportable, un modelo que ha operado impunemente durante generaciones: extracción intensiva, beneficios concentrados en unas pocas manos rapaces y costos socializados para los más pobres. Los mineros atrapados hoy bajo la montaña representan una tragedia inmediata y el sacrificio humano que exige freno a la continuidad de un sistema que expone a miles de trabajadores a condiciones de alto riesgo, ignorando su dignidad.
El Rosario es, en muchos sentidos, un espejo roto de la historia minera del país: un territorio profundamente intervenido, con cicatrices visibles e invisibles que gritan injusticia, donde la riqueza ha fluido hacia afuera mientras las comunidades enfrentan las ruinas. Los túneles siguen ahí, expandiéndose como cáncer o colapsando como tumbas frescas, recordando que bajo la superficie no solo hay minerales, sino también siglos de desgaste humano, ambiental y moral.
¿Cuánto años más puede resistir un territorio que ha sido perforado, explotado y transformado durante tres siglos sin que su población haya recibido una parte proporcional de esa riqueza? ¿Cuántos años más puede resistir este pueblo antes de que el peso de su propia montaña, vaciada por la codicia ajena, termine de aplastarlo por completo?
