El Gobierno de México actualiza un acumulado de 132 mil 534 personas en esta situación, pero organismos critican informe nacional
En México, la crisis de desapariciones no sólo crece en número, también en incertidumbre. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país acumula 132 mil 534 personas en esta situación, pero una de cada tres no cuenta con información suficiente para ser buscada.
Detrás de las cifras hay historias truncas. Como la de una madre que denuncia haber entregado nombre, fotografía y lugar de los hechos, pero cuyo caso terminó clasificado con datos incompletos. O la de familias que, ante la falta de respuesta oficial, se organizan en brigadas para rastrear fosas clandestinas con sus propios recursos.
El informe oficial muestra un panorama fragmentado: 46 mil 724 registros carecen de datos mínimos, lo que impide iniciar su búsqueda; 40 mil 308 presentan actividad posterior a la desaparición —como trámites en el INE, SAT o matrimonios—, lo que sugiere posibles errores administrativos; y 43 mil 128 casos cuentan con información completa, pero las personas aún no han sido localizadas.
El propio Gobierno reconoce que el problema es estructural. Antes de la reforma de 2025 no se exigían datos básicos al reportar desapariciones, por lo que miles de registros nacieron incompletos. Hoy, esa omisión dificulta reconstruir pistas clave como el último paradero, el contexto o incluso la identidad de la persona.
Frente a este escenario, la administración de Claudia Sheinbaum impulsa una Estrategia de Búsqueda y Localización, que apuesta por el cruce de las bases de datos. El plan contempla dos rutas: contactar directamente a personas con registros activos o, en ausencia de datos, solicitar información a instituciones como el INE o compañías telefónicas. A partir de ello, se realizan visitas domiciliarias para confirmar si la persona sigue con vida.
Esta estrategia ha permitido ubicar a más de cinco mil personas y actualizar su estatus.
Lo anterior genera cuestionamientos. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advierten que reducir la crisis a registros con datos completos distorsiona la magnitud real del problema. Señalan que los más de 46 mil casos sin información suficiente quedan, en los hechos, sin búsqueda activa, trasladando la responsabilidad a las familias.
Además, alertan sobre la falta de transparencia en la metodología oficial. ¿Cómo se determina que una persona tuvo actividad posterior a su desaparición? ¿Qué criterios definen que un caso no está vinculado a un delito? Sin respuestas claras, sostienen, el riesgo es minimizar el problema.
Expertos también cuestionan el bajo número de investigaciones formales: de los más de 43 mil casos con datos completos, apenas tres mil 869 cuentan con carpeta de investigación. En un país donde la cifra negra supera el 90%, advierten, esto no refleja una ausencia de delito, sino obstáculos para denunciar y fallas en las Fiscalías estatales.
Las recomendaciones coinciden en varios puntos clave: Transparentar las metodologías del Registro Nacional. Incluir a familias, colectivos y especialistas en el diseño de políticas públicas. Fortalecer las Fiscalías estatales para garantizar investigaciones efectivas. Y no condicionar la búsqueda a la existencia de una carpeta de investigación. También subrayan la necesidad de una política integral que no sólo busque, sino prevenga las desapariciones y combata la impunidad.
Activistas lamentan la crisis de desaparecidos en México
Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la forma en que el Gobierno federal presenta las cifras sobre personas desaparecidas en México, al considerar que reduce la dimensión real del problema y debilita la responsabilidad institucional frente a una crisis que, aseguran, supera los 132 mil casos en el país.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que limitar a poco más de 43 mil los registros con información suficiente para la búsqueda distorsiona la magnitud del fenómeno. La organización señaló que existen además más de 46 mil casos con datos incompletos que no cuentan con acciones de localización, lo que en la práctica traslada a las familias la responsabilidad de buscar a sus desaparecidos.
En el contexto de la presentación del informe oficial sobre la estrategia de búsqueda, el Centro Prodh subrayó que el bajo número de carpetas de investigación abiertas no refleja la ausencia de delitos, sino las dificultades estructurales para denunciar, especialmente en regiones donde el crimen organizado influye en las instituciones de justicia. Recordó que organismos internacionales han documentado niveles de impunidad superiores al 99% en estos casos.
La organización también cuestionó la afirmación oficial de que más del 90% de las personas reportadas han sido localizadas. Señaló que, en múltiples casos, estos resultados no derivan de acciones gubernamentales, sino del trabajo de las propias familias y colectivos.
Por su parte, Amnistía Internacional reconoció avances en las labores de búsqueda, pero consideró que son insuficientes frente a la magnitud del problema. La organización pidió que la revisión del Registro Nacional se realice con metodologías científicas, análisis de datos y apertura total del proceso.
Asimismo, planteó garantizar la participación de familiares de víctimas, organizaciones civiles y especialistas en la construcción de estrategias, al considerar que su inclusión es clave para fortalecer la confianza en las cifras oficiales.
Ambas organizaciones coincidieron en que, sin transparencia, inclusión y una política integral de prevención, las acciones institucionales seguirán siendo limitadas ante una crisis de gran escala.
A estas críticas se sumaron al menos diez organizaciones que acompañan a familias buscadoras, quienes rechazaron el informe presentado en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum. En su posicionamiento, señalaron que el enfoque oficial reduce la problemática a un asunto administrativo y deja de lado a las víctimas.
Colectivos como Data Cívica, Fundar y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia advirtieron que utilizar únicamente las carpetas de investigación como referencia resulta engañoso en un país donde la cifra de delitos no denunciados alcanza el 93%. Señalaron que el número de investigaciones abiertas no equivale al total de personas desaparecidas, ya que el Registro Nacional documenta más de 132 mil casos acumulados durante años, muchos impulsados por las propias familias.
Las organizaciones también cuestionaron que el discurso oficial descarte la existencia de desapariciones forzadas al atribuir el fenómeno exclusivamente al crimen organizado. Consideraron que esta postura omite posibles responsabilidades del Estado, tanto por acción como por omisión.
Respecto a la reciente reforma en materia de desaparición, indicaron que la obligación de abrir carpetas de investigación no es nueva, pues existe desde 2017. Afirmaron que el problema no radica en la falta de leyes, sino en prácticas institucionales que dificultan la denuncia y el seguimiento de los casos.
SUN
Hay “diálogo permanente”
El Gobierno federal aseguró que mantiene comunicación constante con familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, en medio de cuestionamientos recientes por el caso de la activista Cecilia Flores, quien afirmó haber localizado en Sonora restos humanos que corresponderían a su hijo, desaparecido desde 2019.
Durante la presentación del informe sobre personas desaparecidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, fue consultado sobre este caso y sobre las acciones emprendidas para fortalecer la política pública en la materia.
El funcionario afirmó que existe diálogo permanente con madres buscadoras y organizaciones civiles a través de distintas instancias federales, particularmente la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación, en atención a las directrices de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Explicó que este contacto se mantiene tanto en la Ciudad de México como en otras regiones del país, mediante reuniones periódicas con familias de personas desaparecidas o no localizadas.
Gobierno asegura que busca a personas con vida
Estrategia. El Gobierno federal aseguró que mantiene la búsqueda con vida de personas reportadas como desaparecidas, incluso en casos de larga data, en coordinación con familiares y colectivos.
Contexto. Félix Arturo Medina Padilla indicó que muchos de estos casos corresponden a periodos pasados marcados por represión del Estado, por lo que las familias continúan en la búsqueda.
Herramientas. El funcionario destacó que, tras la reforma en materia de desaparición, se implementaron herramientas como la Plataforma Única de Identidad y la CURP Biométrica, que permiten cruzar datos y detectar actividades administrativas de personas reportadas.
Coordinación. Explicó que estos mecanismos se complementan con la emisión de alertas y fichas de búsqueda difundidas en distintos espacios, además de la coordinación con fiscalías y comisiones estatales.
Sanciones. Asimismo, recordó que la legislación contempla sanciones a servidores públicos que no activen los protocolos. La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ahora se exige información completa en los registros y la apertura de investigaciones en todos los casos.
El Informador
