Álvaro Aragón Ayala.
La sentencia se leyó en un frío salón de la Sede de Justicia Penal de la Zona Centro, pero el eco que dejó no fue el del mazo de la ley, sino el de una verdad a medias. Este 24 de marzo, Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde se convirtió en el reo con una placa de 19 años de prisión sobre la espalda. Es el autor material del crimen del periodista Luis Enrique Ramírez.
Vizcarra es el dedo que apretó el gatillo, el último eslabón de una cadena de investigación-custodia que se rompe justo donde empieza el poder. Sin embargo, para la familia de Luis Enrique, 19 años no son justicia; son un insulto cronometrado. A los 50 o 60 años, el homicida volverá a pisar la calle. Mientras tanto, el periodista sinaloense sigue confinado al silencio de una tumba que la Fiscalía de Justicia de Sinaloa no ha sabido —o no ha querido— explicar. O desentrañar.
En la criminalística forense, el cadáver habla, pero en el caso de Ramírez, la investigación prefirió ensordecer. La resolución judicial castigó al «brazo» ejecutor, pero mantiene al «cerebro» en las sombras.
No hay un móvil del crimen establecido; no hay una narrativa técnica que conecte los puntos entre la última vez que se vio a Luis Enrique y el hallazgo de su cuerpo.
Culiacán no es una ciudad de coincidencias; es una ciudad de jurisdicciones criminales. El sector donde el periodista fue interceptado, levantado y desaparecido, no es un «punto ciego». Es un territorio bajo control operativo de células del crimen organizado donde nada ocurre sin que el «sistema» lo autorice.
La Fiscalía omitió la dimensión estructural: no se definió a qué red criminal pertenecían los ejecutores. Se ignoró quién ostenta el dominio de la zona de la ejecución. El asesinato presentó rasgos de una ejecución por encargo, un error o una “limpieza” territorial de gente incómoda, pero los peritajes se detuvieron en la superficie del casquillo.
EL FIASCO DE LA EVIDENCIA DIGITAL
El caso de Brysia Carolina es el monumento a la debilidad ministerial. Presentada como la pieza clave del encubrimiento, su imputación se desmoronó por la ausencia del objeto material: un teléfono celular desaparecido que nunca entró en la cadena de custodia.
Sin el dispositivo, sin peritajes de extracción de datos y sin una sábana de llamadas que vinculara directamente a los implicados la “investigación” se convirtió en un castillo de naipes en medio de un huracán. La justicia intentó sostenerse en inferencias y sospechas, en una técnica que en el derecho penal es sinónimo de impunidad técnica.
¿A qué se dedicaban los verdugos antes de cruzarse con el periodista? Ese dato es el gran desaparecido. Al aislar a los perpetradores de su entorno delictivo, la Fiscalía de Justicia creó un crimen de laboratorio, desconectado de la realidad de Sinaloa.
Se privilegió el «carpetazo» operativo para calmar las aguas, pero el motor del crimen sigue encendido. La ausencia del autor intelectual y móvil del crimen es el núcleo de una sentencia sin verdad. Se sabe quién disparó, pero no quién pagó la bala ni quién dio la orden de silenciar al periodista.
