Álvaro Aragón Ayala.
En la Universidad Autónoma de Sinaloa la narrativa/retórica de una célula de jubilados avanza hacia su claudicación ante la aritmética implacable. Lo que otrora se discutía en términos de «conquistas laborales», hoy se analiza bajo la óptica de la sostenibilidad financiera y la Constitucionalidad. El conflicto actual es una colisión entre un modelo viejo de privilegio insostenible y el derecho inalienable de 170 mil estudiantes a una educación pública de excelencia.
El núcleo del conflicto reside en la pretensión de un grupo reducido de jubilados de perpetuar la llamada jubilación dinámica sin aportaciones. Este esquema es una anomalía en el derecho comparado de la seguridad social y un desafío a la lógica actuarial: permite percibir un “salario” íntegro y actualizado como si el ex trabajador continuara en activo, sueldo al que se le suma la pensión que les otorga el IMSS.
Esta «doble jubilación» carece de una contrapartida contributiva proporcional. El principio de corresponsabilidad financiera dicta que no puede existir beneficio sin aportación. Sostener este privilegio sin alimentar el Fondo Pro-Jubilación es un acto de canibalismo institucional ya que se devoran los recursos destinados a la investigación, la infraestructura y la docencia para financiar un esquema que el propio tiempo y la ley ya declaró caduco.
Hoy, pues, se enfrentan dos visiones diametralmente opuestas sobre el futuro de la centenaria institución:
- El Proyecto de Reingeniería Integral impulsado por las autoridades de la Universidad y por la fuerza laboral activa, del cual es apoyado por el gobierno federal. Este modelo busca la viabilidad intergeneracional. El sistema ya está alineado con el reformado Artículo 127 Constitucional garantizando que las dobles pensiones sean dignas pero proporcionales, transparentes y, sobre todo, financiables a largo plazo mediante auditorías y fondos capitalizables.
- El Modelo de «Caja de Pago»: Una visión externa y reduccionista que pretende convertir a la UAS en una oficina de dispersión de nómina para jubilados. Este camino conduce inevitablemente al cierre técnico de la Universidad. Si el presupuesto se devora en jubilaciones inconstitucionales y extralegales el destino es la expulsión de 170 mil estudiantes a la calle, sacrificando el porvenir de la institución por el beneficio extraordinario de unos pocos.
La realidad es, pues, insoslayable: cuando el gasto en pasivos laborales excede la capacidad operativa, la institución deja de ser una universidad para convertirse en un fondo de liquidación en quiebra técnica.
La defensa de la “Caja de Pago” por medio del litigio perdió su eficacia. La Reforma a la Ley de Amparo y los criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación limitaron la suspensión de actos que busquen la ordeña de las finanzas públicas. Ya no existe el “blindaje judicial” para beneficios que atenten contra el interés general y la estabilidad del Estado.
Los datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los estudios actuariales de la Subsecretaría de Educación Superior son contundentes: en el corto plazo, el número de jubilados superará al de trabajadores activos. Sin la activación del Fondo Pro-Jubilación, el déficit crecerá de manera exponencial hasta el colapso.
Imperativo Constitucional: Ningún Contrato Colectivo de Trabajo puede estar por encima de la Constitución, que prohíbe remuneraciones y pensiones desproporcionadas con recursos públicos. La descalificación de las auditorías y el rechazo a la aportación solidaria son síntomas de una negación de la realidad que pone en riesgo la autonomía misma.
Los directivos y la fuerza laboral activa defienden a la institución que educa y transforma y rechaza un modelo que la asfixia. La justicia social/laboral no es transferir el riesgo a las nuevas generaciones; la verdadera justicia es garantizar que la Universidad siga existiendo para quienes aún no han nacido.
