Durante el gobierno de Quirino Ordaz se creó una estructura criminal – https://vocesnacionales.com/2026/03/14/el-narco-intocable-la-estructura-criminal-con-quirino-ordaz/ – que institucionalizó el narco. Las actividades criminales fueron ocultadas por el andamiaje de comunicación del gobernador de Sinaloa.
Álvaro Aragón Ayala.
En Sinaloa, durante el periodo de gobierno de Quirino Ordaz Coppel, se consolidaron simultáneamente dos estructuras operativas complementarias: por un lado, un esquema de estabilidad criminal administrada; por el otro, un sistema de comunicación gubernamental orientado a la adulteración de percepción pública. El análisis integrado de indicadores financieros, mediáticos y de comportamiento institucional determina que ambos componentes operaron de manera coordinada, no necesariamente de forma explícita, pero sí funcionalmente alineada.
La operación de este sistema de comunicación tuvo un eje claro: la Coordinación de Comunicación Social, encabezada por Alberto Camacho. Desde esa posición se centralizó la relación con medios, se diseñaron campañas, se administraron contratos y se definieron líneas narrativas. Pero más allá de su función formal, el aparato de comunicación operó como una estructura para construir un Sinaloa imaginario. Camacho decidió qué temas se posicionaban, cuáles se minimizaban y cuáles simplemente desaparecían del espacio público.
Exacto: construyó un modelo funcional basado en tres mecanismos. Primero, la saturación publicitaria que inundó el entorno mediático con la marca “Puro Sinaloa”, generando presencia constante del gobierno y desplazando otras narrativas. Segundo, el alineamiento editorial, donde la dependencia económica condicionó la cobertura informativa, reduciendo el margen de crítica real. Y tercero, la invisibilización sistemática de la violencia, donde los hechos más violentos o sangrientos fueron diluidos, fragmentados o desplazados por falsas historias de crecimiento económico, turismo e inversión.
Los datos disponibles muestran que el gasto en comunicación social superó ampliamente los parámetros presupuestales ordinarios. Registros documentados por Iniciativa Sinaloa y organizaciones civiles indican que durante la gestión de Quirino Ordaz se ejercieron alrededor de dos mil millones de pesos en este rubro, con sobre-ejercicios significativos respecto a lo autorizado. Este nivel de inversión, analizado bajo metodologías de inteligencia política, revela que la comunicación no fue utilizada exclusivamente como herramienta informativa, sino como instrumento estratégico para ocultar hechos delictivos.
Este modelo no solo comunicaba mentiras: administraba la percepción. Mientras los indicadores operativos mostraban una caída en decomisos, detenciones y acciones contra el crimen, la narrativa pagada sembraba la falsa idea de estabilidad y progreso, buscando por todos los medios invisibilizar los movimientos del Cártel de Sinaloa. Esa “contradicción” no fue parte del acuerdo y del diseño. Se construyó así un Sinaloa donde la violencia estructural quedó fuera del encuadre público y del debate periodístico.
El grado de control alcanzado por este sistema afloró en los momentos críticos. Uno de los más significativos fue el saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la madre de un capo en La Tuna, Badiraguato. El episodio, potencialmente explosivo en términos mediáticos, no generó una sanción periodística significativa contra Quirino Ordaz y, sin embargo, la logística, el contexto y la organización del encuentro estuvieron vinculados al aparato estatal sinaloense. En términos de análisis, esto demuestra algo contundente: la estructura de comunicación neutralizaba la crítica.
Pero el fenómeno fue más allá de lo mediático: lo que se configuró en Sinaloa fue un ejemplo funcional de comunicación corrupta en un esquema de “Estado profundo”. En este tipo de estructuras, la comunicación gubernamental no es únicamente un canal de información sino un dispositivo de control mediante la distribución de millones de pesos del presupuesto gubernamental. Este modelo no informa, no explica los hechos: los reordena. No confronta el poder: lo protege.
Así, la comunicación cumple funciones estratégicas. Primero, actúa como mecanismo de legitimación, presentando un falso crecimiento económico y obra pública como prueba de gobernabilidad. Segundo, opera como instrumento de contención, evitando que crisis políticas o eventos de violencia escalen en la agenda pública. Tercero, funciona como dispositivo de distracción, saturando el espacio informativo con temas inventados. Y cuarto, se convierte en una interfaz entre lo legal y lo ilegal.
El resultado fue una ruptura entre percepción y realidad. En tanto en el territorio se consolidó la hegemonía de la violencia, en la esfera pública se publicitó estabilidad. El gobierno dejó crecer los grupos delictivos y redujo a cero la confrontación directa con el narcotráfico y la narrativa exaltó la seguridad. Mientras ocurrían eventos como “El Culiacanazo”, la comunicación gubernamental construyó relatos de control institucional y de obras terminadas que quedaron inconclusas.
Así, el modelo se describe con precisión: dinero público convertido en narrativa, narrativa convertida en percepción, percepción convertida en control informativo. Fue un circuito cerrado donde cada elemento alimentó al siguiente. Y en ese circuito, la verdad se volvió secundaria. O, de plano, se ocultó. Así, el narco no se volvió intocable únicamente por su capacidad de fuego, sino porque existió un sistema de comunicación que lo cubrió y lo normalizó.
Durante el gobierno de Quirino Ordaz, ese modelo operó con eficacia con dinero público. Bajo la conducción de su aparato de comunicación se construyó una realidad pública donde el crimen organizado, aunque consolidaba su dominio territorial, simplemente no ocupó el centro del debate periodístico. Ese fue el blindaje real construido por Alberto Camacho. En él, los grupos criminales encontraron el mejor cómplice para ocultar su crecimiento y la perpetración de actos delictivo de alto impacto.
