Reformas constitucionales y a la Ley de Amparo del 2025 cambian el terreno para demandas y pensiones en las universidades públicas
Álvaro Aragón Ayala.
El sistema de jubilaciones universitarias en México está entrando en una nueva etapa jurídica. Las recientes reformas Constitucionales impulsadas por el gobierno federal —particularmente la modificación al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos— junto con cambios a la Ley de Amparo del 2025, están redefiniendo las reglas bajo las cuales se mantendrán las pensiones/jubilaciones financiadas con recursos públicos.
El proyecto del Estado mexicano establece que las jubilaciones del sector público deberán ser sostenibles y no podrán financiarse indefinidamente con recursos del erario. La reforma aprobada por el Senado de la República precisa un límite general para las pensiones pagadas con recursos públicos, fijando que no podrán superar la mitad de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal.
La medida busca eliminar las llamadas “pensiones doradas”, casos en los que exfuncionarios de organismos públicos reciben jubilaciones de hasta cientos de miles o incluso un millón de pesos mensuales con cargo al presupuesto público.
Pero más allá del límite salarial-pensionario-jubilatorio, la reforma contiene una disposición clave que impacta directamente en el futuro de muchas pensiones institucionales: los Contratos Colectivos de Trabajo. Las condiciones generales o instrumentos jurídicos laborales no podrán establecer beneficios pensionarios/jubilatorios que excedan los límites Constitucionales.
La lógica jurídica detrás de la reforma es sencilla. El Estado mexicano considera que las prestaciones de retiro financiadas totalmente con dinero público no pueden convertirse en cargas permanentes que desestabilicen o quiebren las finanzas públicas.
Durante el debate legislativo en el Senado de la República se explicó que existen sistemas pensionarios en organismos del Estado que representan costos multimillonarios anuales, lo que genera presiones fiscales insostenibles. Por esa razón, el objetivo central de la reforma es poner orden en los sistemas de jubilación financiados por el erario.
LA EXCEPCIÓN QUE SALVA ALGUNOS SISTEMAS
Sin embargo, la reforma también establece excepciones importantes. Quedan fuera del límite Constitucional, las pensiones derivadas de cuentas individuales de ahorro para el retiro, LAS PENSIONES/JUBILACIONES FINANCIADAS CON APORTACIONES SINDICALES EN SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, las pensiones no contributivas del Sistema de Bienestar y los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas.
Esto revela el principio rector del nuevo modelo: el Estado permitirá jubilaciones complementarias siempre que estén financiadas con aportaciones propias y no exclusivamente con dinero público. Es en este apartado donde aparece las restricciones Constitucionales para impedir que las jubilaciones dinámicas o universitarias sean pagadas con los subsidios la para educación.
Durante décadas, varias universidades públicas del país construyeron sistemas jubilatorios basados en Contratos Colectivos de Trabajo que no contaron con fondos propios de financiamiento. En algunos casos, las pensiones/jubilaciones universitarias se pagaban directamente con recursos del subsidio federal o estatal destinado a la educación.
Ese modelo funcionó durante años, pero con el crecimiento de los pasivos pensionarios comenzó a generar presiones financieras severas. En ese contexto, la reforma Constitucional envía una señal inequívoca: LAS JUBILACIONES QUE DEPENDAN EXCLUSIVAMENTE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL/UNIVERSITARIO PUEDEN DESAPARECER O SER MODIFICADAS.
Durante años, los argumentos más utilizados en litigios laborales fueron los derechos adquiridos, la no retroactividad de la ley. Con esos argumentos, diversos grupos de jubilados promovieron amparos para evitar aportaciones obligatorias a Fondos Pensionarios/Jubilatorios, reformas a los sistemas de jubilación y modificaciones a prestaciones contractuales.
Sin embargo, el nuevo contexto Constitucional y legal vuelve estos litigios inviables, jurídicamente improcedentes, por varias razones. Primero, porque las reformas Constitucionales tienen una jerarquía superior y su aplicación no puede ser suspendida mediante amparo. Segundo, porque la reforma a la Ley de Amparo del 2025 introdujo requisitos más estrictos para admitir demandas y limitar suspensiones contra decisiones del Estado.
En términos prácticos, especialistas consideran que los amparos basados únicamente en la defensa de derechos adquiridos no tienen ninguna probabilidad de prosperar frente a las Reformas Estructurales del Sistema Pensionario
EL NUEVO MODELO QUE EMPIEZA A PERFILARSE
El rumbo que se dibuja en el sistema jurídico mexicano apunta hacia un modelo claro: pensiones básicas garantizadas por el sistema nacional de seguridad social, sistemas complementarios financiados mediante aportaciones de trabajadores y empleadores y eliminación gradual de esquemas pensionarios/jubilatorios sostenidos exclusivamente con recursos públicos.
En este nuevo paradigma, las Universidades Públicas enfrentan un desafío importante: reformar sus sistemas jubilatorios antes de que el marco Constitucional las obligue a hacerlo o determine desaparecerlas definitivamente evitando que sean pagadas con los presupuestos universitarios.
La reforma al artículo 127 aún deberá completar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados y posteriormente ser ratificada por los Congresos Estatales. Sin embargo, el rumbo ya está trazado. El Estado mexicano busca construir un sistema pensionario/jubilatorio más equilibrado, donde los recursos públicos no sostengan privilegios desproporcionados.
En ese escenario, las Instituciones de Educación Superior que mantengan sistemas jubilatorios sostenibles y financiados con aportaciones propias tendrán mayores posibilidades de preservar sus prestaciones. Las que no lo hagan enfrentarán una presión creciente para modificar sus esquemas o bien el gobierno federal ordenará desaparecerlas.
En síntesis: Las reformas constitucionales y legales recientes no eliminan las jubilaciones universitarias, pero sí establecen una nueva condición para su supervivencia: las pensiones/jubilaciones universitarias o dinámicas podrán mantenerse siempre y cuando cuenten con mecanismos de financiamiento propios.
