Álvaro Aragón Ayala.
Hay que partir de una tesis: quien define y construye la versión del poder que llega a la opinión pública también gobierna. En ese espacio se ubican las oficinas de comunicación social. Ahí se fabrica la verdad oficial del gobierno. Por tanto, en política no solo gobierna quien firma decretos, también quien administra qué sale a la luz pública y qué se oculta.
Bien. Durante años se ha pretendido presentar a los jefes y jefas de prensa como funcionarios técnicos. Un puente entre el gobierno y los medios, dicen. Un enlace institucional, repiten. La realidad muestra que la comunicación social es un centro de poder narrativo, una oficina donde se decide qué escándalo se apaga, qué crítica se minimiza y qué error se transforma en propaganda.
Quien dirige esa oficina no es un simple vocero. Es un operador político del poder: administra percepciones, dosifica información, controla agendas mediáticas y distribuye publicidad oficial. Y la publicidad oficial, no es un trámite administrativo: es un instrumento político para premiar lealtades y castigar críticas y controlar, hasta donde sea posible, la narrativa pública.
Bajo esa lógica, las responsables de comunicación social de distintos gobiernos estatales no pueden presentarse como figuras neutrales. Fueron parte de la maquinaria que sostuvo públicamente a esos gobiernos. Construyeron la relatoría, la crónica, el reportaje y la noticia que los defendió, los explicó y, en ocasiones, los protegió del escrutinio social y periodístico.
En el gobierno de Juan S. Millán, la narrativa oficial fue conducida y administrada -muchas veces dosificada- desde la oficina de comunicación social encabezada por Rosa del Carmen Lizárraga Félix.
Desde ahí se articuló el discurso institucional de una administración que, con el paso del tiempo, ha sido objeto de revisiones críticas dentro del debate político sinaloense.
Años después, durante el gobierno de Mario López Valdez, la relación con los medios y la construcción de la imagen pública del poder estuvo bajo la responsabilidad de Elisa Pérez Garmendia. Su oficina no era un simple departamento administrativo, sino el espacio desde donde se diseñaba la narrativa oficial del malovismo.
Y en el sexenio actual de Rubén Rocha Moya, esa misma función estratégica fue ocupada por Adriana Margarita Ochoa del Toro, una periodista que cruzó la frontera entre el análisis del poder y su administración narrativa. Las tres ocuparon el mismo lugar dentro del aparato estatal: la oficina donde se decide qué versión del gobierno se cuenta a la sociedad.
Pero la comunicación gubernamental no se limita a informar. Su función real aparece cuando llegan las crisis, cuando estallan los escándalos, cuando las decisiones del poder generan rechazo. Entonces la oficina de comunicación entra en operación para contener daños, administrar silencios y fabricar explicaciones.
Ese proceso tiene un nombre que en política se conoce bien: control de daños. Sin embargo, cuando el control de daños consiste en ocultar información, reducir la visibilidad de los errores o diluir responsabilidades públicas, la comunicación deja de ser información. Se convierte en propaganda institucional.
Y quien dirige esa propaganda no puede sostener que su papel es neutral dado que el silencio también es una decisión política. Ocultar, pues, información es una medida política; seleccionar qué se publica y qué se calla es una resolución política. Y quien toma esas determinaciones participa en el ejercicio del poder.
Por eso la discusión sobre las jefaturas de comunicación social no puede resolverse con el argumento cómodo de que se trata de funcionarios técnicos. No lo son. Son fabricantes del relato gubernamental.
Ellos —o ellas— construyen la historia oficial que intenta explicar el gobierno ante la sociedad. Si el gobierno funciona, la narrativa lo fortalece. Si el gobierno falla, la narrativa intenta protegerlo. En ambos casos, el aparato de comunicación actúa como escudo político del poder.
¿Puede, entonces, la oficina que defendió a X o tal gobierno declararse completamente ajena a su destino político o deslindarse de responsabilidades administrativas o históricas? La respuesta es no.
Ya que en política también gobiernan quienes construyen el relato que intenta justificar las decisiones de la autoridad. Cuando la historia pasa factura a un gobierno, no distingue entre quienes ejercieron el poder y quienes construyeron el discurso que lo defendió.
Ambos formaron parte del mismo engranaje, ambos participaron en el mismo andamiaje del poder y ambos quedan inscritos —con mayor o menor protagonismo— en el juicio público que tarde o temprano alcanza a todo gobierno.
