Álvaro Aragón Ayala.
En Sinaloa, durante la regencia de Quirino Ordaz Coppel, se consolidó un modelo de gobernabilidad donde el crimen no se combatió, únicamente se administró. Documentos, indicadores y lecturas de inteligencia —militar, policial y financiera— reconstruyen un fenómeno que en la superficie se presentó como estabilidad, pero que en el subsuelo del poder funcionó como un equilibrio criminal entre Estado y narcotráfico. El gobierno robusteció un esquema que los analistas de seguridad describen como un sistema de estabilidad delincuencial administrada.
Las agencias de inteligencia observan los territorios por lo que revelan los indicadores operativos. Por los resultados. Y en Sinaloa, durante ese periodo, los decomisos de drogas disminuyeron de manera sostenida, las detenciones por delitos contra la salud se desplomaron y el aseguramiento de armas siguió una curva descendente. Para cualquier aparato de inteligencia militar, esa combinación de variables sugierió una hipótesis inevitable: la presión estatal sobre el aparato criminal fue reducida deliberadamente o neutralizada por filtración institucional.
Ese patrón se volvió aún más revelador porque mientras otras entidades ardían en guerras abiertas entre cárteles —Guanajuato, Zacatecas, Michoacán—, Sinaloa mantuvo una violencia relativamente contenida, vendiéndose a la sociedad la idea de una supuesta seguridad. Sin embargo, en la doctrina de seguridad nacional significa la hegemonía territorial de un actor criminal dominante. Cuando un solo cártel controla el territorio, la violencia disminuye porque la competencia desaparece. Lo que surgió, entonces, no fue paz, sino orden criminal.
El episodio que reveló la verdadera correlación de fuerzas fue el llamado “Culiacanazo” del 17 de octubre de 2019. Aquella tarde el Estado mexicano mostró, en pleno corazón de la capital sinaloense, su incapacidad para sostener una operación contra el crimen organizado. Decenas de sicarios paralizaron la ciudad, incendiaron vehículos, sitiaron cuarteles y obligaron al gobierno federal a liberar al objetivo del operativo. Para cualquier analista militar, más que una crisis táctica fue una radiografía del poder real en el territorio. La organización criminal demostró una capacidad de movilización paramilitar superior a la estructura estatal y federal.
No hay margen para equivocaciones: el gobierno de Quirino Ordaz administró el equilibrio criminal y normalizó una realidad donde la delincuencia impuso reglas y ejerció control sobre los cuerpos de seguridad municipales y estatales, convirtiendo la coexistencia entre autoridad y narcotráfico en una práctica cotidiana del poder público. Los jefes de las corporaciones policiacas los impuso el Cártel o bien fueron designados trazando convenios en los que los mandos operaban como informantes o como apoyo táctico o logístico en el cuidado de los territorios dominados por los delincuentes.
La construcción de ese maridaje también se construyó en el plano de la narrativa pública. Quirino Ordaz levantó una estructura mediática destinada a ocultar esa realidad. Destinó alrededor de dos mil millones de pesos en publicidad oficial. La marca “Puro Sinaloa” inundó medios estatales y nacionales, se instalaron espectaculares y se cultivó una relación privilegiada con columnistas y comentaristas. La operación consistió en construir una imagen de prosperidad y estabilidad que desplazara del debate público la estructura criminal que seguía operando en el subsuelo del estado. El gasto masivo en propaganda funcionó como una cortina narrativa que transformó la violencia estructural en un problema invisible.
Un diagnóstico de inteligencia reveló, incluso, que el nivel de eficacia de ese control mediático fue tan preciso que el manejo de la narrativa del saludo de Andrés Manuel López Obrador a la madre de un capo en La Tuna, Badiraguato —un gesto cargado de lecturas— no generó ninguna sanción o crítica periodística significativa contra el gobernador, pese a que fue Quirino Ordaz quien organizó la logística y la comida donde ocurrió el encuentro. Nada fue casual. Todo fue calculado con precisión milimétrica. El aparato de comunicación se concentró totalmente en la protección de la figura del mandatario estatal.
Lo que ocurrió en Sinaloa encaja con una observación que Karl Marx formuló hace más de siglo y medio en su célebre reflexión sobre el delito. Marx sostenía que el crimen no es un accidente del sistema económico, sino una función dentro de él. El delincuente —escribía— produce policías, jueces, leyes, industrias de seguridad y, sobre todo, circulación de riqueza. Esa tesis adquirió con Quirino Ordaz una dimensión tangible. La narcoeconomía no operó al margen del mercado: se integró a él. Inversiones inmobiliarias, auge turístico, expansión comercial y circulación de efectivo convivieron con el flujo financiero del narcotráfico global. La economía legal y la economía criminal se entrelazaron hasta volverse indistinguibles.
Ese enlazamiento explica por qué el narcotráfico no necesitó gobernar Sinaloa formalmente. Bastó con integrarse al orden existente. En ese esquema el Estado no desapareció ni se convulsionó. Negoció y se adaptó. Redujo la confrontación directa, administró los equilibrios y permitió que el sistema económico regional continuara funcionando bajo el esquema de la llamada “pax narca”. El resultado fue una estructura híbrida donde las instituciones legalmente constituidas convivieron o se fusionaron con el poder criminal real. El narcotráfico no se combatió frontalmente porque terminó formando parte del metabolismo económico del territorio.
A este fenómeno el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla lo reconoció como una manifestación del México profundo. En la superficie existe el país institucional: leyes, gobiernos, policías, pero en la realidad cotidiana operan redes sociales, económicas y culturales que determinan el verdadero ejercicio del poder.
En Sinaloa, el narcotráfico penetró durante décadas esas estructuras profundas: financió economías locales, generó empleo, construyó prestigio social y produjo una forma de legitimidad que las instituciones formales no pueden disputar. De ahí surge la hipótesis sobre la regla tácita quirinista: no rompió el equilibrio que sostiene el control delincuencial del territorio.
Sin embargo, las agencias estadounidenses estudian estos escenarios con otra lógica. Para organismos como la DEA o el FBI, el análisis consiste en rastrear redes: flujos financieros, estructuras políticas, vínculos empresariales y mecanismos de protección institucional. Bajo este enfoque, la pregunta central nunca es si un gobernador pertenece o no a un Cártel. La interrogante es si el aparato estatal facilitó las condiciones para que la organización criminal operara con menor presión y mayor estabilidad.
Los indicadores disponibles —disminución de decomisos, caída en detenciones, control territorial consolidado y expansión económica regional— establecen que durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel se consolidó un modelo donde la confrontación directa contra el Cártel de Sinaloa se redujo a su mínima expresión mientras la economía regional continuaba creciendo, impulsada en parte por los flujos de la narcoeconomía. El sistema funcionó precisamente porque nadie alteró el equilibrio. El gobernador dejó crecer y operar a los grupos criminales.
Así fue como Quirino Ordaz participó en la construcción del narco intocable: no mediante conspiraciones espectaculares ni pactos visibles, sino a través de una estructura de tolerancias, narrativas y equilibrios político-criminales. En ese modelo, el Cártel no necesitó capturar el Estado por la fuerza. Le bastó con algo más eficaz: integrarse al sistema hasta volverse indistinguible de él. El gasto masivo en propaganda ayudó a construir una narrativa de progreso y seguridad que invisibilizó el andamiaje criminal subyacente.
En ese esquema el narcotráfico no se combatió frontalmente: se integró al orden económico y político y terminó consolidando el control real del territorio.
