Álvaro Aragón Ayala.
La denuncia contra el gobernador es el plan piloto de una ofensiva nacional contra los gobiernos de Morena
Sinaloa se convirtió en el primer escenario de una estrategia que apunta a replicarse rumbo al proceso electoral rumbo al 2027 en otras entidades gobernadas por Morena. La denuncia presentada contra el gobernador Rubén Rocha Moya es el ensayo general de una ofensiva legal y mediática que busca debilitar políticamente a los mandatarios estatales antes de que inicien formalmente las campañas.
La acusación opera como caso piloto. Permite medir tiempos institucionales, reacción mediática, impacto social y capacidad de contención política. Lo que hoy ocurre en Sinaloa anticipa lo que está por venir en Sonora, Baja California, Colima, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Tlaxcala y Baja California Sur.
El telón de fondo es el proceso electoral de 2027 en el que renovarán 17 gubernaturas, más de mil diputaciones locales y cientos de alcaldías. De ellas, doce están actualmente en manos de Morena. Ese mapa convierte a los gobiernos estatales morenistas en el principal objetivo estratégico de la oposición.
La ruta elegida, en una primera instancia, es la judicialización sistemática de la política. Se trata de abrir múltiples frentes legales, instalar sospechas, asociar gobiernos con criminalidad y generar el desgaste permanente de los gobernadores ubicados como operadores políticos de Morena, aunque las denuncias carezcan de sustento jurídico sólido.
De acuerdo con criterios reiterados del Poder Judicial de la Federación, en materia penal rige un principio elemental: quien acusa está obligado a probar. La carga de la prueba corresponde al denunciante, no al acusado. Sin evidencia directa, verificable y suficiente, ninguna imputación puede sostenerse jurídicamente.
Este principio ha sido confirmado en múltiples resoluciones y tesis jurisprudenciales que establecen que las versiones periodísticas, rumores o inferencias políticas no sustituyen la prueba judicial. La justicia no opera con percepciones, sino con hechos acreditados.
Sin embargo, la experiencia reciente muestra que la oposición ha recurrido en otros procesos electorales a la utilización política de las instancias de procuración de justicia para montar lo que analistas denominan “teatros jurídicos”: expedientes mediáticos diseñados para impactar en la opinión pública, aunque carezcan de viabilidad legal.
El patrón del pasado ya comienza a repetirse: acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado, denuncias ante instancias federales, filtraciones selectivas a medios, amplificación en redes sociales y mantenimiento artificial de la narrativa, incluso cuando los procesos no avanzan.
Desde el análisis interno de Morena, esta ofensiva ha sido detectada con anticipación. A través de su Centro de Inteligencia Electoral, que opera con monitoreo en tiempo real, minería de datos y rastreo de actores políticos, sociales y económicos, se ha identificado que la judicialización será uno de los ejes centrales de la estrategia opositora en la fase preelectoral y tal vez en la electoral.
Este centro observa tendencias, documenta vínculos, alianzas, financiamientos y patrones de coordinación entre partidos, organizaciones civiles, grupos empresariales y actores mediáticos, con el objetivo de desmontar anticipadamente las campañas de desgaste.
La diferencia entre una denuncia política y una denuncia jurídica es fundamental. En el ámbito judicial, no basta con columnas, recortes o campañas digitales. Se requieren hechos verificables, responsables identificados, documentos oficiales, testigos directos, peritajes técnicos y daño comprobable.
Sin estos elementos, los expedientes se debilitan desde su origen. La experiencia muestra que muchas denuncias basadas en versiones mediáticas terminan archivadas, congeladas o desechadas por falta de pruebas.
En delitos graves como delincuencia organizada, encubrimiento o uso ilícito de atribuciones, el estándar probatorio es aún más alto. Debe demostrarse organización, permanencia, coordinación e intencionalidad. Sin esa estructura probatoria, la imputación se derrumba.
Por esa razón, el diagnóstico del Centro de Inteligencia de Morena vaticina que muchas de las denuncias que surgirán en 2026 y 2027 contra sus gobernadores funcionarán sólo como instrumentos de presión política, pero serán jurídicamente inviables. Su utilidad será mediática, no judicial.
Esta estrategia también implica riesgos para quienes la desarrollan y promueven. Las denuncias sin sustento pueden derivar en demandas por daño moral, responsabilidad civil o pérdida de credibilidad pública. El lawfare puede revertirse contra sus promotores.
El verdadero objetivo de las denuncias no es, pues, obtener sentencias, sino instalar sospechas que quiten votos. Que los gobernadores aparezcan “bajo investigación”, aunque no haya resoluciones. Que la duda se normalice. Que el desgaste impacte en Morena y sus futuros candidatos.
En ese contexto, Sinaloa opera como laboratorio político. Aquí se prueba el modelo, se ajustan tiempos, se evalúan impactos y se perfecciona la narrativa. Lo que hoy es experimento, mañana se consolidará como estrategia nacional.
La denuncia contra el gobernador Rubén Rocha es el primer movimiento de una batalla anticipada rumbo a 2027, donde más que propuestas se disputará reputación, legitimidad y confianza pública.
