Alvaro Aragón/PALACIO NACIONAL
Ciudad de México. – Más allá del ruido mediático y del escándalo coyuntural, en Sinaloa el gobernador Rubén Rocha Moya se mantiene en funciones con el respaldo institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ya fijó una postura clara: el gobierno federal no actúa con base en rumores, filtraciones ni presiones externas. Frente a cada embate, la Presidencia defiende la estabilidad del Estado y el respeto al marco legal, bajo la premisa de que las decisiones de fondo no se toman en atención a la estridencia extrínsica, sino de la ley, las pruebas y las responsabilidades formales. En ese contexto, la permanencia del mandatario sinaloense responde a una visión de gobierno que privilegia las instituciones por encima de las narrativas.
En el proceso de planeación de la próxima visita a Sinaloa de la presidenta de la República -aún sin fecha definida-, equipos especializados en análisis político, seguridad e inteligencia elaboraron un diagnóstico integral sobre la situación del estado. Ese “mapeo” concluyó que Rubén Rocha, al igual que otros mandatarios emanados de Morena, ha sido colocado en el centro de una estrategia sistemática de desgaste, basada en la difusión de trascendidos sin sustento legal, el uso recurrente de “fuentes” anónimas y la siembra deliberada de versiones en redes digitales. A partir de ese entramado informativo, los opositores a la Cuarta Transformación construyen y reproducen líneas de acusación que buscan instalar, de manera artificial, el relato de una supuesta caída, renuncia o cese inminente del gobernador.
Los ataques responden a una lógica organizada, con un origen identificable y un destinatario político claramente definido.
Desde la óptica del gobierno federal, el patrón de ataques busca erosionar la figura del gobernador, generar inestabilidad política y debilitar la gobernabilidad. La estrategia apunta a crear un clima de incertidumbre permanente, en el que la percepción pública sea moldeada por la sospecha antes que por los hechos verificables. Sin embargo, los informes internos y las evaluaciones institucionales coinciden en que, hasta ahora, no existen elementos jurídicos que justifiquen una intervención extraordinaria o una decisión política en contra del mandatario estatal. Por el contrario, la Presidencia optó por cerrar filas en torno al principio de legalidad, convencida de que ceder ante campañas de presión mediática sentaría un precedente que pondría en riesgo la estabilidad de los gobiernos estatales y el equilibrio del propio sistema federal.
Desde la lógica institucional, la conservación de Rubén Rocha Moya en el cargo obedece a una decisión de Estado. El Gobierno de México no puede, ni debe gobernar a partir de versiones, filtraciones o presiones mediáticas. En un país con instituciones, ningún gobernador puede ser removido por columnas, rumores, campañas en redes o “trascendidos” sin sustento legal. Ceder ante ese tipo de presión equivaldría a debilitar al Estado, abrir la puerta al linchamiento político y convertir la desinformación en instrumento de poder. Respaldar al mandatario sinaloense, en este contexto, significa defender el principio básico de que sólo la ley -y no el ruido- define responsabilidades.
La posición presidencial es no convalidar escenarios construidos para erosionar la gobernabilidad. En regiones donde existen disputas por el control territorial y fuertes intereses en juego, la fabricación de “culpables políticos” forma parte de estrategias de desgaste que no siempre responden a demandas ciudadanas legítimas. Si el Estado respondiera destituyendo funcionarios bajo ese tipo de presión, enviaría un mensaje peligroso: que la estabilidad institucional puede quebrarse desde afuera mediante campañas de descrédito. Por esa razón, Claudia Sheinbaum Pardo no avala, no concede valor a narrativas que buscan imponer decisiones desde la confrontación mediática.
Sobre los ataques políticos e «informativos», el marco jurídico es claro: un gobernador únicamente puede ser removido mediante juicio político, resolución judicial o un procedimiento Constitucional específico. Hasta ahora, no existe un proceso firme que sustente una destitución. Actuar sin ese respaldo legal implicaría violar la Constitución y convertir al Ejecutivo federal en un poder arbitrario. A ello se suma un dato contundente: no hay sentencias, no hay imputaciones federales definitivas, no hay resoluciones concluyentes. En democracia, la presunción de legalidad institucional no se rompe con gritos en la calle, ni por sospechas digitales ni por “contenidos” periodísticos.
En un escenario marcado por retos simultáneos en materia de seguridad, economía, programas sociales y relaciones internacionales, abrir desde Palacio Nacional un conflicto político sin causa legal clara debilitaría la agenda nacional. Exacto: Sheinbaum Pardo privilegia la coordinación antes que la confrontación estéril. Al mismo tiempo, la defensa del bloque institucional de gobernadores surgido del voto popular responde a una lógica democrática: romper con un mandatario sin pruebas sería aceptar la narrativa de los adversarios, fracturar al movimiento y debilitar la legitimidad del mandato ciudadano. La unidad implica respeto a las reglas.
No puede ignorarse que sectores vinculados a viejas estructuras de poder han encontrado en estas versiones una oportunidad política. En lugar de construir propuestas, amplifican rumores, otorgan credibilidad a filtraciones sin sustento y convierten la sospecha en arma electoral rumbo al 2027. Frente a ello, la presidenta apuesta por procesos, no por impulsos. Su lógica es clara: si hay delitos, que se investiguen; si hay pruebas, que se juzguen; si hay responsabilidades, que se sancionen. Pero todo dentro de la ley, no desde la plataforma digital o de las salas de redacción ni de las cabinas radiofónicas.
El apoyo que mantiene la Presidencia hacia Rubén Rocha Moya no es la negación de los problemas que enfrenta Sinaloa. Es, ante todo, una defensa de tres pilares fundamentales: la legalidad, la estabilidad y el Estado de derecho. En un contexto saturado de versiones interesadas, rumores amplificados y lecturas oportunistas, el Gobierno de México ha elegido por no ceder terreno ante el escándalo. La presidenta Claudia Shieinbaum gobierna, pues, desde las instituciones y en tiempos de incertidumbre, esa decisión -aunque no siempre sea popular- es la que sostiene a la República.
