Álvaro Aragón Ayala.
A pocas semanas de que inicie la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Guasave anunció que en marzo concluirá su nuevo Atlas de Riesgos. El instrumento técnico-geográfico (cartográfico) es presentado como una herramienta clave para proteger a la población, ordenar el crecimiento urbano y prevenir desastres. Sin embargo, detrás del optimismo o mascarada institucional, comienzan brotar dudas técnicas, vacíos legales y señales de opacidad que obligan a una investigación profunda.
Un Atlas de Riesgos, es, sí, un instrumento vital: de su calidad depende que una colonia no se inunde, que una escuela no se construya sobre suelo inestable o que una planta de gas no se instale junto a zonas habitacionales. Cuando falla, las consecuencias se pagan con vidas, patrimonio y recursos públicos. Hay tragedias. Por esa razón su elaboración debe regirse bajo las normas de la ciencia, las tecnologías, la certificación y transparencia.
En México, la manufactura de Atlas municipales debe ajustarse a los lineamientos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que exige metodologías científicas, información histórica verificable, cartografía validada, especialistas acreditados y, sobre todo, compatibilidad con el Atlas Nacional.
Además, en Sinaloa, estos trabajos deben articularse con el padrón técnico del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, que regula quién está autorizado para realizar estudios de esta naturaleza. Sin estos requisitos, cualquier Atlas es una simulación costosa.
DEMASIADAS PREGUNTAS
Los avances del actual proyecto, Nuevo Atlas de Guasave, fueron entregados por los investigadores Maycool Zepeda Mardueño y José Gilberto Lara Córdova, del Centro Nayarita de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la presidenta municipal, Cecilia Ramírez Montoya. Este hecho, por sí solo, no sería irregular. Ya que, efectivamente, la cooperación académica es deseable, sobre todo si es gratuita. Pero aquí no lo es.
Los problemas comienzan a emerger cuando se revisa el contexto en que fue cedido el contrato para la elaboración del Atlas dado que en Sinaloa existen empresas, consultoras y universidades con experiencia comprobada y hay padrones oficiales de especialistas locales, pero la Universidad Autónoma de Nayarit no aparece como consultora responsable registrada ante el Instituto Estatal de Protección Civil.
La alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya tampoco ha transparentado plenamente el proceso de contratación/licitación que, una vez firmado, llegó a traer de la Universidad de Autónoma de Nayarit a los «especialistas» en la fabricación del susodicho Atlas. No ha informado nada sobre costo real del proyecto a lo que se anexa que no se han publicado dictámenes técnicos independientes.
¿Por qué traer personal de otro estado cuando en Sinaloa hay capacidad instalada? ¿Por qué no se privilegió a especialistas certificados localmente? ¿Por qué no se abrió un proceso plenamente competitivo y documentado? Estas preguntas siguen sin respuesta y son antecedentes que agravan la sospecha.
No es la primera vez que Guasave invierte en la “actualización” de su Atlas de Riesgos. En administraciones anteriores se destinaron más de un millón de pesos para ajustarlo con datos del INEGI. Ahora se habla de un nuevo instrumento cartográfico. Hoy los costos de estos estudios pueden oscilar entre 4, 5 y 10 millones de pesos o más, dependiendo de su alcance.
Sin embargo, hasta ahora la ciudadanía desconoce el monto contratado, los términos de referencia, los entregables técnicos, las garantías de validación. Así, sin transparencia financiera, cualquier proyecto público se vuelve vulnerable ante la crítica y la sospecha.
La presidenta municipal, Cecilia Ramírez, aparece hoy, así, de nuevo, en medio de un escenario que raya en el escándalo provocado por la desconfianza y la duda colectiva. No solo enfrenta problemas históricos de inseguridad, servicios públicos y deterioro urbano, sino ahora quedó atrapada en un proyecto “estratégico” envuelto en interrogantes.
Si el Atlas resulta deficiente, incompleto o inválido ante CENAPRED, la responsabilidad política recaerá directamente en su administración. Sería una omisión grave en materia de protección civil. Un Atlas mal hecho no previene: expone.
Cuando un proyecto se ejecuta sin claridad, surge inevitablemente el recelo social: ¿Quién está detrás del negocio del Atlas? ¿Quién recomendó a los elaboradores? ¿Quién supervisa técnicamente el proceso? ¿Quién validará los resultados? ¿Quién responderá si falla?
Un Atlas de Riesgos debía ser una oportunidad para reconstruir confianza. Hoy amenaza con convertirse en otro símbolo del desorden y la corrupción municipal.
