Álvaro Aragón Ayala / CAMPUS.
La reciente crisis en el pago de las quincenas a trabajadores activos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no tuvo su origen en la falta de recursos federales ni en supuestas irregularidades administrativas. Su detonante fue el griterío y la irresponsable presión ejercida por un reducido grupo de jubilados que, al anteponer intereses particulares, provocó la retención temporal del subsidio federal.
Lejos de tratarse de un conflicto menor, el episodio evidenció uno de los problemas estructurales más graves de la institución: el peso financiero de la llamada “jubilación dinámica”, un esquema que carece de respaldo constitucional, legal y presupuestal, pero que durante años fue tolerado mediante la aceptación de Contratos Colectivos de Trabajo mañosamente diseñados.
De acuerdo con estudios actuariales de la Subsecretaría de Educación Superior, la UAS destina más de 2 mil 400 millones de pesos anuales al pago de jubilaciones para más de 5 mil 800 trabajadores en retiro, la mayoría de los cuales ya recibe pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esta doble carga financiera convirtió al sistema de pensiones en el principal factor de desequilibrio institucional. No es casual que organismos como la Auditoría Superior de la Federación, la ANUIES y la AMOCVIES hayan coincidido en sus diagnósticos: la crisis de las universidades públicas estatales no deriva de corrupción sistemática, sino de modelos de pensiones financieramente inviables.
Tras más de 15 auditorías, incluso de carácter forense, la ASF no ha documentado desvíos en la UAS, pero sí ha reiterado la urgencia de reformar su esquema de jubilaciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público condicionó la liberación de recursos a dos instrumentos clave: El Proyecto de Reingeniería Integral y la creación del Fideicomiso Projubilación. Ambas medidas respondieron a una exigencia federal: ordenar un pasivo considerado ilegal e insostenible. La Secretaría de Educación Pública avaló este proceso, reconociendo que sin estas herramientas no habría margen para garantizar la viabilidad financiera de la institución.
En este escenario, el papel del Rector Jesús Madueña Molina fue determinante. Frente a la presión de un grupúsculo beligerante, optó por una ruta de negociación institucional con la Federación, priorizando la estabilidad de la comunidad universitaria por encima de costos políticos inmediatos.
Las gestiones realizadas con el apoyo del gobernador Rubén Rocha Moya ante Hacienda y la SEP permitieron destrabar los recursos y reanudar el pago de salarios, evitando un colapso operativo. En ambos niveles de gobierno se reconoció la disposición del Rector para impulsar una transformación estructural, no un simple rescate coyuntural.
Incluso en las mesas de trabajo encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso de la UAS ha sido presentado como ejemplo de reingeniería institucional necesaria para sanear universidades públicas. Se ha recomendado a otras instituciones en crisis que copien el modelo de la UAS.
La reciente liberación de recursos confirmó una realidad: sin reingeniería ni fideicomiso, no hay viabilidad posible. Sí, si hay un grupo reducido jubilados que pretende convertir a la UAS en una simple tesorería de pagos, pero también opera una Rectoría que impulsa su transformación en una institución sostenible, académicamente sólida y financieramente responsable.
La crisis de pagos reveló que el problema de fondo no era la nómina, ni la falta de apoyo federal, sino la resistencia a abandonar privilegios insostenibles. También demostró que el liderazgo institucional puede marcar la diferencia entre el colapso y la reconstrucción.
Hoy, con los pagos regularizados y los mecanismos de control en marcha, la UAS avanza en un proceso de reordenamiento profundo, no exento de tensiones, pero imprescindible.
