Alvaro Aragón/SINALOA.
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) de Sinaloa falleció poco después de cumplir 22 años de edad tras la aprobación de su desaparición por el Congreso local
La reciente publicación del decreto que elimina a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) en Sinaloa se presenta oficialmente como un acto de “armonización jurídica” con la reforma constitucional federal del 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, más allá del discurso institucional, esta decisión revela un proceso tardío, deficiente y profundamente cuestionable en términos democráticos.
En primer lugar, resulta imposible ignorar el retraso. La reforma federal estableció desde finales de 2024 la obligación de adecuar los marcos normativos locales. No obstante, el Congreso de Sinaloa dejó pasar más de un año para cumplir con este mandato. Este incumplimiento no puede interpretarse como un simple desfase administrativo: evidencia la baja prioridad que se le otorga a la transparencia y al derecho de acceso a la información en la agenda pública estatal.
La armonización, además, no llegó acompañada de un debate amplio, plural y abierto a la ciudadanía. Por el contrario, el proceso se realizó sin una discusión profunda con organizaciones civiles, especialistas o académicos, lo que debilitó su legitimidad desde el origen. La desaparición de un órgano autónomo no puede decidirse en un entorno de opacidad y prisa legislativa.
Más grave aún es el fondo del asunto: la extinción de la CEAIP representa un retroceso institucional. Durante años, este organismo funcionó -con limitaciones y deficiencias- como un contrapeso frente al poder público, garantizando el derecho ciudadano a conocer el uso de los recursos, las decisiones gubernamentales y la actuación de los funcionarios.
Al transferir sus funciones a instancias internas de control, subordinadas a los propios poderes públicos, se incurre en un evidente conflicto de interés: el gobierno pasa a vigilarse a sí mismo. Esta lógica debilita la rendición de cuentas y reduce los incentivos para sancionar irregularidades, ocultar información o corregir malas prácticas administrativas.
La transparencia no puede depender exclusivamente de estructuras internas diseñadas para responder a jerarquías políticas. Sin independencia institucional, el acceso a la información se convierte en un trámite discrecional, no en un derecho garantizado.
Ciertamente, la CEAIP no fue un organismo perfecto. Sus integrantes eran designados por el Congreso y su presupuesto dependía del poder público, lo que limitaba su margen de acción. Sin embargo, aun con esas restricciones, representaba un espacio especializado, con experiencia técnica y con cierta autonomía funcional.
Algunos de sus presidentes y consejeros contaban con trayectorias profesionales legítimas en el ámbito jurídico, administrativo o académico. El problema no residía únicamente en los perfiles, sino en el entramado político que condicionaba su operación. Nunca se permitió consolidar una autonomía plena, precisamente porque el poder político se reservó siempre el control presupuestal y de nombramientos.
En este sentido, la desaparición de la CEAIP no soluciona los problemas estructurales del sistema de transparencia: los profundiza. En lugar de fortalecer la independencia, se optó por eliminarla.
A ello se suma otro elemento histórico: la constante influencia de organismos empresariales y agrupaciones de la sociedad civil vinculadas a intereses privados, que durante años buscaron incidir en las decisiones del órgano garante. Aunque se presentaban como actores ciudadanos, muchas veces respondían a agendas económicas y políticas específicas. Este fenómeno evidenció que la autonomía formal nunca estuvo blindada frente a los grupos de poder.
Sin embargo, la respuesta del Estado no debió ser la desaparición del organismo, sino su fortalecimiento mediante reglas más claras, mayor participación ciudadana real y mecanismos de selección transparentes.
La eliminación de la CEAIP debe entenderse, entonces, no como un acto técnico de armonización legal, sino como una decisión política que reduce los contrapesos institucionales y concentra el control de la información en manos del propio poder público.
En una democracia funcional, la transparencia no es una concesión del gobierno: es una obligación. Y los órganos encargados de garantizarla deben ser independientes, fuertes y protegidos de presiones políticas.
Con un decreto tardío, sin debate ciudadano y sin una alternativa verdaderamente autónoma, se debilita el derecho a saber y se envía un mensaje preocupante: la rendición de cuentas deja de ser prioridad. La verdadera armonización no consiste en borrar instituciones, sino en fortalecerlas. Todo lo demás es simulación.
