Alvaro Aragón Ayala.
En la política mexicana, la distancia entre el desplante político/mediático y la realidad territorial se mide en hectáreas de sangre. El diputado priista Mario Zamora Gastélum decidió emprender una cruzada personal que oscila entre el romanticismo legislativo y la irresponsabilidad política: la legalización del cultivo de amapola y marihuana con fines medicinales.
Lo que Zamora presenta como una “vanguardia humanista” en foros de la derecha estadounidense (CPAC), en las tierras de Sinaloa, Guerrero o Michoacán, suena a una broma de humor negro. Su propuesta no es una solución; es una quimera que ignora la ley más básica del México profundo: donde no hay Estado, el patrón es el cártel.
Resulta paradójico que un legislador que presume de “brillante” o “ilustrado” busque legitimidad en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro que históricamente ha criminalizado a México. Zamora asistió a uno de sus Foros a título personal, sin mandato del Congreso ni de la Cancillería, a jugar al “estadista” con figuras como Sara Carter.
Vender una charla informal de pasillo como un «logro diplomático» es desinformación pura. Pero lo verdaderamente grave no es su sed de reflectores en el extranjero, sino la ligereza con la que pretende lanzar a los campesinos al matadero bajo el sello de una “regulación” que el Estado mexicano es incapaz de garantizar.
Para que la propuesta de Zamora pudiera funcionar se requeriría un Estado de Derecho que hoy es inexistente en las zonas productoras. Intentar regular el opio y el cannabis en territorios bajo control criminal es, en la práctica, entregarle al narcotráfico el Registro Federal de Contribuyentes.
¿Cree el diputado que los cárteles van a permitir que el Estado llegue a censar parcelas y certificar calidad sin cobrar su respectivo «derecho de piso»? En un país donde hasta el aguacate y el limón están bajo extorsión, una planta de amapola legal es simplemente un nuevo botín.
La historia reciente nos demuestra que la legalización de la mariguana y la amapola no detiene la violencia. El crimen organizado ya no solo vive de la droga; vive del control territorial. Si el margen de la droga baja, compensan con secuestro y cobro de cuotas. La propuesta de Zamora no desarma a nadie; solo le da una fachada legal a la producción.
Autorizar el cultivo sin control territorial es ponerle una diana en el pecho al agricultor. Si el campesino le vende al Estado, el cártel lo mata por “traidor”; si le vende al cártel, el Estado lo persigue por «delincuente».
La agenda de Mario Zamora parece redactada en un Starbucks de Washington y no en una brecha de Badiraguato. Es una propuesta que nace de la urgencia del like y la foto, ignorando que en México la seguridad no se decreta, se construye con instituciones que hoy están de rodillas.
Legitimar el cultivo de estupefacientes en un ecosistema de impunidad del 99 por ciento no es progreso; es cinismo. Mientras Zamora busca el aplauso en foros conservadores, la realidad le grita que su “agenda medicinal” terminaría siendo el combustible de una nueva ola de violencia, donde el único beneficiario sería el mismo verdugo que hoy azota al país.
El diputado debe dejar de jugar a la diplomacia de pasillo. En México, la realidad no necesita más “cuentos” médicos, necesita justicia y seguridad que su propuesta, hoy por hoy, es incapaz de ofrecer.
