Alvaro Aragón/CAMPUS.
Si hoy los trabajadores en activo enfrentan retrasos en el pago de sus quincenas, no es por falta de recursos, sino por la agitación/presión de una célula de jubilados que antepone su beneficio particular al interés colectivo y que provocó la retención y demora en la entrega del subsidio federal a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los hechos documentados, las posturas institucionales y los estudios actuariales coinciden en un punto central: la crisis financiera de la UAS tiene como origen el pago de la jubilación dinámica.
Ya no hay margen para la confusión ni para el lenguaje distractor: el retraso del subsidio federal a la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene responsables directos y perfectamente identificables. No es la SEP, no es Hacienda, no es la Rectoría ni un supuesto “jineteo” del presupuesto. Los causantes son el grupo reducido de jubilados universitarios, ya pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que insiste en cobrar una doble jubilación ilegal y pretende que el Estado mexicano la financie eternamente.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo el subsidio y condicionó su liberación a la presentación de dos instrumentos concretos: El Proyecto de Reingeniería Integral de la UAS, y la creación de un Fideicomiso Projubilación. Ambos responden a una exigencia federal clara: poner orden en un pasivo ilegal e insostenible. Es muy claro: el problema no es la nómina ordinaria, ni los salarios del personal activo; es el pago de jubilaciones que no están reconocidas en la Constitución, no existen en la Ley Federal del Trabajo y no cuentan con financiamiento autorizado por el Congreso.
Los propios estudios actuariales elaborados por la Subsecretaría de Educación Superior confirman que la jubilación dinámica es la causa directa de la crisis financiera de la UAS. Los números son contundentes: más de 2 mil 400 millones de pesos anuales destinados al pago de jubilaciones a más de 5 mil 800 trabajadores en retiro que ya reciben pensión del IMSS. De ahí se desprendió un grupúsculo – ruidoso y políticamente beligerante- ha secuestrado que escandaliza y trata de distorsionar la realidad convirtiéndose en el principal factor que pone en riesgo la liberación regular de los recursos federales
No. No hay otra realidad y es la siguiente: ANUIES, la AMOCVIES y la Auditoría Superior de la Federación en sendos diagnósticos precisaron que la crisis de las Universidades Públicas Estatales no deriva de desvíos ni saqueos ni es culpa de los actuales Rectores, sino de modelos de pensiones obsoletos, financieramente inviables y jurídicamente débiles. La ASF, tras más de 15 auditorías -algunas forenses- no ha encontrado corrupción en la UAS, pero sí ha reiterado la urgencia de ordenar el sistema de jubilaciones.
DEMANDAR AGRAVARÍA LA CRISIS
La célula de jubilados que se niegan a aportar para el rescate financiero de la UAS amenaza con demandar a la Universidad. Es aquí, pues, donde se encuentra el punto más delicado que ciertos jubilados se niegan a reconocer: la judicialización del conflicto no fortalece su causa; la debilita y pone en riesgo a toda la comunidad universitaria. Perjudica a los trabajadores activos y a los propios jubilados. La agitación ya provocó la primera retención del subsidio de la UAS.
Y como ya advirtió la investigadora Ana Luz Ruelas Mojardín, la ola de amparos anunciada se enfrenta a un escenario adverso tras la reciente Reforma Judicial que reduce significativamente la viabilidad de suspensiones y resoluciones favorables. En palabras llanas: hay abogados que harán el negocio de su vida vendiendo una quimera jurídica, estafando a los jubilados, mientras el daño real recae sobre la Universidad.
La llamada “jubilación dinámica universitaria” no existe en la Constitución, no está reconocida en la Ley Federal del Trabajo, no tiene respaldo presupuestal aprobado por el Congreso y no cuenta con un esquema de financiamiento sostenible. Es un privilegio nacido de contratos colectivos mal diseñados, que hoy chocan de frente con la realidad financiera del país.
Más aún: quienes la exigen ya reciben una pensión legal del IMSS. Es decir, no están desprotegidos, no están en indefensión social, no carecen de ingreso. Lo que reclaman es una segunda jubilación completa, indexada a los aumentos salariales de los trabajadores en activo, sin haber aportado un solo peso para sostenerla. Eso no es justicia social, es una “renta” pagada con dinero público. Y el erario no está para sostener dobles jubilaciones sin aportaciones.
