Álvaro Aragón / CAMPUS.
Las Universidades Públicas Estatales enfrentan una presión financiera creciente que se manifiesta en retrasos en el pago de salarios, prestaciones y jubilaciones, incluidas aquellas denominadas extralegales por el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta situación ha generado un comprensible malestar entre las comunidades universitarias, el cual, sin embargo, ha sido canalizado de manera equivocada hacia las Rectorías, cuando la raíz del problema se encuentra en el ámbito de competencia del Gobierno Federal, particularmente en la Secretaría de Educación Pública.
La SEP ha venido operando bajo una constante que ha debilitado de manera estructural a las universidades: el retraso sistemático en la ministración de los subsidios federales, en un contexto donde dichos subsidios no sólo resultan insuficientes, sino que además han sufrido un recorte real al compararse con el índice inflacionario. Aunque en términos nominales los presupuestos pueden parecer estables, en términos reales las universidades cuentan cada año con menos recursos para atender obligaciones crecientes e ineludibles.
Es fundamental subrayar que las universidades no generan de manera autónoma los recursos federales que financian la mayor parte de su operación. Sin embargo, en cada una de las instituciones hay grupos que, de manera ruin, perversa, presionan a las autoridades Rectorales exigiendo a las Universidades que impriman dinero ¡imposible! Los salarios, las prestaciones contractuales y los compromisos de jubilación -incluidos aquellos derivados de contratos colectivos no avalados por las propias autoridades federales- dependen directamente de la oportunidad y suficiencia de las transferencias presupuestales que la SEP está obligada a realizar conforme a la normatividad vigente y a los convenios de subsidio firmados anualmente.
El retraso en estas partidas coloca a las Rectorías en una posición administrativa y política que a veces raya en lo insostenible: se les exige cumplir puntualmente con obligaciones laborales y las agendas institucionales sin contar con los recursos necesarios para hacerlo. Esta situación no sólo distorsiona la percepción pública sobre la gestión universitaria, sino que traslada de manera injusta y perversa la responsabilidad de una crisis que es esencialmente de diseño y ejecución presupuestal federal.
En el caso específico de las jubilaciones extralegales, resulta impreciso y conveniente responsabilizar exclusivamente a las universidades. Estos esquemas surgieron, en su mayoría, en contextos donde el propio Estado mexicano, a través de la SEP y otras instancias federales, toleró modelos de retiro sin garantizar posteriormente los fondos necesarios para su sostenibilidad. Hoy, la negativa del Gobierno Federal a reconocer plenamente estos pasivos contrasta con décadas de condescendencia institucional.
El enojo legítimo de las comunidades universitarias debe, por tanto, reorientarse hacia las instancias que concentran la capacidad real de decisión presupuestal. La SEP y el Gobierno Federal no sólo determinan el monto de los subsidios, sino también el ritmo de su entrega, y con ello condicionan la estabilidad laboral, académica y social de las universidades públicas estatales.
Defender a la universidad pública implica exigir responsabilidad, suficiencia y oportunidad presupuestal por parte del Gobierno Federal. Sin ello, cualquier discurso sobre austeridad, eficiencia o buena gestión universitaria resulta vacío. Las Rectorías administran, pero no imprimen dinero; ejecutan políticas, pero no diseñan el presupuesto nacional. La crisis financiera de las UPES no es un problema de mala voluntad local, sino el resultado directo de decisiones federales que deben ser señaladas y corregidas.
Así, pues, es indispensable precisar un hecho básico que con frecuencia se omite de manera deliberada: las Rectorías no generan recursos, no fijan el monto del subsidio ni controlan el calendario de ministraciones federales. Las Rectorías administran recursos públicos previamente definidos por el Gobierno Federal y canalizados a través de la Secretaría de Educación Pública. No imprimen dinero, no crean partidas extraordinarias y no tienen margen legal para sustituir la falta de transferencias federales con decisiones discrecionales.
Cuando la SEP retrasa la entrega de los subsidios, coloca a las Rectorías en una situación de incumplimiento forzado. La autoridad universitaria se ve obligada a diferir pagos, reprogramar compromisos o recurrir a medidas de emergencia que inevitablemente impactan a trabajadores y académicos. Estas decisiones no responden a negligencia ni a mala gestión, sino a una restricción financiera impuesta desde fuera de la universidad.
Este escenario tiene un efecto profundamente nocivo en la gobernabilidad universitaria. El retraso presupuestal desplaza artificialmente el conflicto hacia el interior de las universidades y convierte a los Rectores en el blanco inmediato del descontento. Se genera así una agitación perversa, donde el enojo legítimo de la comunidad es canalizado contra la autoridad universitaria más cercana, mientras las instancias federales responsables permanecen políticamente blindadas.
En este contexto, grupos disidentes internos -con intereses gremiales, políticos o personales- encuentran un terreno fértil para exacerbar el conflicto. El retraso de recursos se convierte en un instrumento de presión y desgaste institucional: en vez de presionar o señalar a la SEP como directa responsable, se acusa a las Rectorías sin reconocer que operan bajo un esquema de asfixia financiera deliberada. Esta dinámica no es casual; es consecuencia directa de una política federal que fragmenta la responsabilidad y debilita a las autoridades universitarias.
Más grave aún, esta estrategia pretende erosionar la legitimidad de las Rectorías y fractura el tejido institucional, debilitando la vida académica y desviando la atención de la discusión central: la obligación del Estado mexicano, de la SEP, de garantizar el financiamiento oportuno y suficiente de la educación superior pública. El conflicto interno, amplificado por la falta de recursos, sustituye el debate sobre política pública por confrontaciones locales que benefician únicamente a quienes eluden la responsabilidad presupuestal.
Por ello, cualquier análisis serio sobre los problemas salariales, las prestaciones o las jubilaciones en las Universidades Públicas Estatales debe partir de este principio elemental: la gobernabilidad universitaria depende, en gran medida, de la responsabilidad financiera del Gobierno Federal. Mientras la SEP continúe retrasando recursos y reduciendo su valor real, seguirá alimentando conflictos internos que no nacen en las universidades, pero que las desgastan profundamente.
