Álvaro Aragón Ayala.
Si tiene nombre la estrategia militar que soslaya los enfrentamientos a muerte que libran dos facciones del crimen organizado en Sinaloa. Pese a los daños colaterales -pérdidas de vidas de inocentes y la “quiebra selectiva” de la economía- la Secretaría de la Defensa Nacional decidió «aplicar» las tácticas de la “Guerra de Desgaste” – War of Attrition-, que consiste en forzar la decadencia y permitir que ambos bandos se “desangren” mientras el ejército mantiene su fuerza intacta para intervenir al final.
El gran problema de la Guerra de Desgaste es que es extremadamente costosa en vidas humanas y suele ser una estrategia de “último recurso” que implica aceptar que la violencia continúe durante mucho tiempo con la esperanza de que las facciones que se disputan el territorio se rindan por la muerte de sus operadores o por agotamiento físico y económico. La táctica, a la vez, tiene una responsabilidad ética devastadora: la población inocente suele huir de las “plazas” en disputa o caen en medio del fuego cruzado.
Cada muerte colateral bajo la mirada pasiva del Ejército erosiona la confianza en la democracia y en las autoridades estatales y federales. La gente deja de ver al Ejército como protector y empieza a observarlo como un “espectador cómplice”. Sin embargo, el Estado no puede usar la «estrategia militar» como excusa para abandonar a los ciudadanos. El argumento de que «se están matando entre malos” se cae legalmente en cuanto una sola persona inocente resulta herida o pierde su patrimonio.
Igualmente, la Doctrina de la «Neutralidad Táctica» o “Pasividad Operativa” orienta a una “omisión estratégica”. El ejército mantiene presencia (patrullajes), pero evita el contacto directo con los bandos en disputa creando un “punto muerto” donde los delincuentes se ven obligados a exponerse y salir de sus escondites para pelear por el territorio. A veces, el Estado espera a que un grupo o los grupos estén casi derrotados para intervenir y “limpiar” la zona, enfrentándose a enemigos ya debilitados.
Cuando el Estado o el Ejército deciden aplicar una estrategia de pasividad o desgaste (dejar que las facciones peleen), no quedan libres de culpa. Jurídicamente, la responsabilidad del Estado no sólo se gesta por lo que hace, sino también por lo que deja de hacer. A esto se le llama Responsabilidad por Omisión. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger la vida, integridad y bienes de sus ciudadanos.
Si el Estado tiene conocimiento de un enfrentamiento inminente en una zona poblada y decide bajo la estrategia War of Attrition no intervenir para “dejar que se desgasten”, está incumpliendo su función primaria. Los ciudadanos pueden demandar al Estado por fallas en la prevención de delitos o de seguridad. El Ejército, al ser la fuerza con el monopolio de las armas, es el “garante” de la seguridad. Si permite que un tercero (un cartel) ejerza violencia sobre la sociedad se vuelve responsable solidario de esos daños.
EL “EFECTO HIDRA”
El gran riesgo de esta táctica en el hipotético “combate” al narcotráfico es que, a diferencia de una guerra entre países, las facciones delictivas no siempre desaparecen por agotamiento. A menudo, el bando que gana absorbe a los sobrevivientes del bando perdedor, creando un monopolio criminal más difícil de combatir que los dos grupos originales.
En la aplicación de la estrategia siempre está latente el «efecto hidra»: en el contexto militar y de seguridad es una metáfora utilizada para describir situaciones en las que los esfuerzos por eliminar una amenaza (un grupo terrorista, un cartel de la droga, o una red criminal) resultan contraproducentes al provocar que la amenaza se multiplique, se fragmente o se vuelva más resistente, tal como el monstruo mitológico griego que generaba dos cabezas por cada una que le cortaban.
LA GRAN TRAGEDIA
El costo de la táctica militar “del disimulo” es muy alto. La pérdida de vidas humanas es espeluznante. Los desaparecidos causan el desgarre de familias enteras. El dolor se vuelve tan cotidiano que la sociedad corre el riesgo de anestesiarse ante la tragedia, lo que dificulta la reconstrucción del tejido social a futuro. La “estrategia” olvida que, detrás de cada baja o cada atentado, hay una familia sinaloense que pierde su paz y su futuro.
La War of Attrition provoca el desplazamiento forzado. Comunidades enteras quedan vacías por el terror o para evitar engancharse en una guerra que no les pertenece. Familias que han vivido por generaciones en la sierra o en sindicaturas o ciudades deben abandonar sus hogares en cuestión de horas, dejando atrás ganado, cosechas y negocios. El cierre de comercios y empresas en zonas citadinas genera desempleo y pobreza.
En una guerra de desgaste la necesidad de “carne de cañón” es constante. La desaparición forzada de jóvenes no siempre termina en muerte inmediata; muchos son obligados a integrarse a las filas de las facciones bajo amenaza de dañar a sus familias. Miles de niños crecen en entornos donde la violencia es el único lenguaje, normalizando una tragedia que marcará su desarrollo psicosocial.
Quizás la consecuencia más invisible pero duradera es el trauma colectivo. El miedo a las “balaceras”, a los sicarios o a los “punteros” provoca que la gente deje de habitar el espacio público. Los parques se vacían, algunas escuelas cierran y la vida nocturna desaparece…
