Alvaro Aragón Ayala.
Categorizado por politólogos y analistas afines a su causa como el “candidato natural” del partido Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Ahome para el proceso electoral 2027, en la accidentada ruta sucesoria del presidente Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, el secretario del ayuntamiento de Ahome, Cutberto Ríos Beltrán, quedó “prensado” en una inherente guerra sucia de baja intensidad que, por su contenido y alcance, intentaría dañar su imagen pública, restarle credibilidad y sacarlo de la jugada política.
Después del presidente municipal, Cutberto Ríos es el funcionario más visible y expuesto. Brazo derecho del alcalde, es el encargado de articular las relaciones internas, gestionar los conflictos con los regidores, cabildear acuerdos políticos y asegurar la gobernabilidad, más allá de sus tareas administrativas. Es parte fundamental del grupo morenista que tomó el control del ayuntamiento accionando una cadena de despidos de funcionarios de alto y medio nivel ligados al equipo de Gerardo Vargas Landeros.
Sobre Ríos Beltrán se colgó información en WhatsApp, la cual, de acuerdo a las versiones de café, llegó de manera anónima a la clase política y funcionarios municipales y estatales. Se trató de una maquinación perversa de una supuesta “biografía oculta” del funcionario municipal con el evidente propósito de enganchar a los despedidos y a las corrientes opositoras en una virtual campaña de descrédito más visible para potencializar el daño a la figura pública del secretario del ayuntamiento. Sin embargo, la información no contiene datos de prueba ni basamento jurídico ni penal.
Es más, esa “biografía” es falsa. No hay registros oficiales ni periodísticos que involucren a Ríos Beltrán en sucesos irregulares, mucho menos en la comisión de delitos graves. No existen tampoco antecedentes para precisar que solapa o está vinculada a personas con antecedentes penales ni que haya participado en un accidente vial de consecuencias trágicas. La narrativa fue construida, sin duda, con “versiones del pueblo» y es probable y posible que en ella hayan participado comunicadores que están enganchados en los proyectos de quienes se dicen precandidatos de Morena a la alcaldía o de otros partidos que tendrían como objetivo “destruir” al funcionario.
Cutberto Ríos se desenvuelve al interior de un ayuntamiento con visibles fracturas y vacíos por una serie de despidos, estructura municipal en la que están incrustados regidores, funcionarios o personal de medio pelo que “piensa en su futuro” y que mantienen relación o filtran información a personajes que han sido despedidas o directamente a los liderazgos de los partidos PRI, PAN, MC, PAS, etc., o a los jefes de equipos políticos específicos. En el escenario externo, con interés de “bombardear” al ayuntamiento y sepultar a Cutberto Ríos, figura el Grupo Malova, El Grupo Trébol, el Grupo de César Guerrero/Minerva Vázquez, el Grupo de Domingo-Mingo-Vázquez, el de Marcos Osuna, y los grupos políticos que se mueven al interior del PRI y el PAN.
Los partidos y las figuras políticas tienen definidos sus equipos de comunicación no únicamente para “blindar» sus imágenes en contra de ataques, sino también para construir narrativas coherente en torno a cada uno de ellos, conectar emocionalmente con la ciudadanía y, por supuesto, asegurar la difusión de sus actos o propuestas en un entorno mediático saturado. La integración de los periodistas es estratégica para la supervivencia política. Incluso, hay quienes ya montaron “cuartos de guerra” -no de inteligencia política-, para embestir a sus contrarios, diseñando y difundiendo relatorías novelescas totalmente falsas.
La ley impide que los ciudadanos y los funcionarios públicos puedan ser culpados por acciones ajenas, limitando su responsabilidad a su propia conducta y funciones. El principio fundamental en el derecho administrativo y penal es que la responsabilidad es individual y subjetiva, lo que significa que el funcionario público responde únicamente por sus propios actos u omisiones, no por los comportamientos de sus familiares, a menos que exista complicidad, encubrimiento o participación directa y probada en algún ilícito. La responsabilidad de los funcionarios se enfoca en el desempeño de su propio empleo, cargo o comisión.
