PABLO CABAÑAS DÍAZ.
El tiempo, ese juez silencioso de la política internacional, ha dictado su fallo al inicio de enero de 2026.La frontera entre México y Estados Unidos ha dejado de ser una línea administrativa para convertirse en una cicatriz histórica: un espacio donde confluyen violencia, fentanilo, dólares y una hipocresía estratégica cuidadosamente administrada.Allí se libra hoy una batalla que no es militar —todavía— sino narrativa: la que enfrenta a la Casa Blanca con Palacio Nacional.
El 7 de enero de 2026, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó sin matices las declaraciones del presidente Donald Trump sobre México.Los cárteles, dijo el mandatario, gobiernan el país; la presidenta Claudia Sheinbaum “tiene miedo” de ellos; el flujo de drogas, particularmente el fentanilo, continúa filtrándose hacia Estados Unidos.Leavitt defendió estas palabras apelando a un término que en diplomacia suele ser una advertencia: franqueza.
En ese mismo contexto reapareció una amenaza recurrente: la oferta de “enviar tropas” para combatir al crimen organizado.Una propuesta que Sheinbaum ha rechazado con firmeza, invocando el principio histórico de la no intervención y la soberanía nacional.La paradoja es evidente.Apenas en noviembre de 2025, la propia Leavitt había afirmado que Trump “tiene mucho respeto” por la presidenta mexicana, aunque añadió de inmediato el núcleo del mensaje: Estados Unidos seguirá presionando a México para que haga más contra el narcotráfico.Respeto retórico, presión estructural.
La narrativa estadounidense descansa sobre una arquitectura intelectual sólida, construida durante décadas por universidades y think tanks.En Harvard, la profesora Melissa Dell ha sostenido, con rigor econométrico, que la violencia criminal en México es consecuencia directa de una incapacidad estatal prolongada para imponer el monopolio legítimo de la fuerza.Para esta escuela de pensamiento, los cárteles no son desviaciones morales, sino organizaciones racionales que ocupan los vacíos del Estado.
Esta visión es reforzada por instituciones como la Brookings Institution, cuyos informes recientes subrayan que México enfrenta un problema de “captura territorial fragmentada”: regiones completas donde el Estado mantiene presencia formal, pero carece de control efectivo.Brookings insiste en que el narcotráfico debe leerse como un fenómeno de gobernanza fallida, no solo como un problema de seguridad.
Desde el Council on Foreign Relations, Shannon K.O’Neil ha ido más lejos al caracterizar a los cárteles como Organizaciones de Tráfico de Drogas Transnacionales: corporaciones criminales con logística, finanzas y capacidad de diversificación.En esta lectura, compartida por el Center for Strategic and International Studies (CSIS), el fentanilo no es una anomalía, sino el resultado lógico de mercados ilícitos altamente eficientes que responden a la demanda estadounidense.
RAND Corporation, por su parte, ha advertido que incluso una militarización extrema en México tendría efectos marginales si no se ataca el corazón financiero del negocio.Sin embargo, estos mismos informes reconocen una verdad incómoda: más del 70% de las armas de alto poder utilizadas por los cárteles provienen de Estados Unidos, un dato que raramente ocupa el centro del discurso político en Washington.
Las cifras explican la ansiedad estadounidense.El Departamento del Tesoro estima que al menos 19 mil millones de dólares anuales en ganancias por drogas regresan a México.Pero la cifra que domina la narrativa es otra: más de 100 mil muertes por sobredosis al año.El Wilson Center ha señalado que el fentanilo se ha convertido en un símbolo político, una sustancia que condensa miedo social, fracaso sanitario y urgencia electoral.Y 2026, conviene no olvidarlo, es un año electoral.
Del lado mexicano, el diagnóstico es distinto.Históricamente, apenas alrededor del 10% de los homicidios han sido resueltos.La impunidad no es una excusa; es una herencia estructural.Frente a ello, Palacio Nacional plantea una pregunta devastadora: ¿cómo exigir el fin del tráfico de drogas sin asumir la responsabilidad por el flujo masivo de armas?
Aquí emerge la incompatibilidad de fondo.Washington exige resultados inmediatos; México opera en tiempos largos.La Casa Blanca habla de fentanilo; Palacio Nacional habla de armas y corresponsabilidad.La batalla narrativa no es sobre quién tiene razón, sino sobre quién controla el sentido de la tragedia.
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El Independiente MX
