Jaziel Trasviña Osorio.
La resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el régimen de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha encendido las alarmas en todo el país. El máximo tribunal determinó que los trabajadores del propio Instituto que ya reciben una jubilación bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) no podrán cobrar también la pensión de vejez establecida por la Ley del Seguro Social. El argumento es claro: no puede haber duplicidad de beneficios por el mismo concepto.
Detrás del tecnicismo jurídico se encuentra un mensaje más profundo: el modelo de seguridad social en México enfrenta una crisis estructural de sostenibilidad, y la Corte ha decidido trazar límites para impedir que el sistema colapse bajo su propio peso. El fallo reconoce que el RJP del IMSS es un régimen “extralegal”, es decir, uno que otorga prestaciones más amplias que las previstas por la ley, incluyendo cobertura por invalidez, edad avanzada, fallecimiento y ayudas familiares. Por tanto, recibir una segunda pensión por el mismo periodo laboral sería, en palabras del tribunal, un doble cobro sin justificación.
Más allá del ámbito del Seguro Social, esta decisión sienta un precedente nacional que alcanza a otros sectores públicos, incluidos los universitarios. Lo que está en juego no es un simple ajuste administrativo, sino la redefinición de un principio: el equilibrio entre el derecho adquirido y la viabilidad del sistema que lo sostiene.
En este contexto, resulta inevitable mirar hacia Sinaloa, donde la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) vive un proceso de Reingeniería Institucional que busca precisamente lo que la Corte ha subrayado: garantizar la permanencia del régimen de jubilaciones y pensiones sin comprometer el futuro financiero de la institución. Quien crea que estas medidas son producto del capricho o voluntad unilateral de las autoridades universitarias se equivoca. Se trata de una política de Estado, marcada desde la política educativa nacional y avalada por los órganos colegiados universitarios.
El rector Jesús Madueña Molina ha insistido, con razón, que el objetivo de la reingeniería no es eliminar derechos, sino protegerlos. Si no se actúa con responsabilidad, lo que hoy se discute en el plano judicial, la eliminación de la doble jubilación, podría convertirse en una imposición que despoje a las universidades públicas de la posibilidad de administrar sus propios sistemas de retiro.
Por ello, resulta contradictorio que algunos grupos minoritarios de jubilados universitarios sigan atribuyendo al rector decisiones que en realidad emanan del Poder Judicial de la Federación. Pretender sostener un esquema financiero insostenible sería, en términos simples, ignorar la realidad que ya golpea a otras instituciones nacionales.
El fallo de la Suprema Corte es, en esencia, una advertencia: el tiempo de los privilegios duplicados terminó. El país enfrenta un rediseño profundo de su política de seguridad social, donde los sistemas especiales deberán ajustarse a los principios de racionalidad financiera, equidad intergeneracional y transparencia.
En esa ruta, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene una oportunidad histórica. Su proceso de reingeniería no solo busca equilibrar números, sino proteger el alma misma de la institución: la estabilidad de quienes hoy la sirven y de quienes mañana la harán posible. Ignorar esa responsabilidad sería condenar a las futuras generaciones a cargar con un peso que ya hoy resulta difícil de sostener.
La decisión de la Corte, guste o no, marca el inicio de una nueva era. Y en ella, la responsabilidad colectiva deberá prevalecer sobre los intereses individuales. Porque si algo ha dejado claro este país, es que solo la unidad, la visión y la sensatez podrán garantizar un futuro digno para quienes han entregado su vida al servicio público y a la educación.
