Álvaro Aragón Ayala.
La UAS cruza por una aguda crisis que la conduce a la bancarrota derivada del pago de la jubilación dinámica sin sustento de financiamiento. El gobierno federal se cierra en el no pago del beneficio de retiro a aquellos que no quieran aportan ni un centavo para garantizar la prestación ya que considera que con su negativa dañan la economía de la Universidad. La SEP exige dejar sin la jubilación a todos los que rechazan incorporarse al Fideicomiso en proceso de creación bajo el concepto de que la jubilación, además de ser una “prestación extralegal”, no la paga la UAS, sino los gobiernos federal y estatal.
Incluso, dada la cerrazón de un “fragmentado” grupo de jubilados y para no perjudicar a la mayoría de los universitarios en activo y jubilados, el gobierno federal -entiéndase SEP y SHyCP-, con base a un reciente estudio actuarial y el resultado de once auditorías practicadas a la institución, se declaró listo para decretar la quiebra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para que, con esa virtual resolución o decreto, la UAS pueda solicitar la terminación o cancelación del Contrato Colectivo de Trabajo o pedir su reforma. El plan federal es echar fuera de la nómina a todos los que no quieran aportar para seguir gozando de la jubilación ya que, además, reciben la pensión del IMSS.
El gobierno federal se opone a que la Universidad Autónoma de Sinaloa aplique su presupuesto educativo en el pago de la jubilación dinámica ya que zambute en la quiebra a la institución. Ante la demanda de recursos adicionales para atacar la crisis en la la Universidad, la Secretaría de Educación Pública proyectó la cancelación o prohibición de la prestación de retiro, pero después, dejando abierta la posibilidad de la abolición del beneficio jubilatorio, planteó dos alternativas: la implementación de la jubilación complementaria o ajustarla al tabulador del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por considerar que se perjudicaría el ingreso de miles de familias –la UAS sostiene a más de 5 mil 800 jubilados-, el Rector Jesús Madueña Molina rechazó la desaparición de la jubilación y propuso a la SEP un proyecto encaminado a proteger a los trabajadores en retiro: La Reingeniería Integral que incluye la creación de un Fideicomiso Pro-Jubilación Dinámica, constituido con aportaciones de la UAS y de los empleados activos y jubilados. La fórmula del Rector la respalda el SUNTUAS, académicos y administrativos, y la comunidad universitaria a través de una Consulta.
El gobierno federal exige e insiste en dejar atrás el modelo viejo de pago de pensiones sin aportaciones de los trabajadores tomando como base que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró legal, Constitucional, la aplicación de cuotas o deducciones para alimentar económicamente los Fideicomisos o Fondos de Pensiones y Jubilaciones en las Universidades Públicas.
La ministra Lenia Batres precisó que la jubilación (universitaria) “es una prestación netamente extralegal (….), tal pensión es adicional a las previstas en el derecho de nuestro país (por lo tanto), es objetivo y razonable establecer su aportación al Fondo aun a cargo de personas jubiladas, a fin de preservar las prerrogativas de las que gozan”, y consideró Constitucional las deducciones que se aplican a los trabajadores en activo y jubilados para poder gozar de la pensión/jubilación, ya que se estipulan en Contratos para “dar mayores prestaciones que las legales”.
Cinco ministros, entre ellos la ponente Lenia Batres, constituidos en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación, determinaron que debido a que la jubilación dinámica es una “prestación extralegal”, que se ubica por encima de los límites que imponen los regímenes del IMSS y del ISSSTE, es válida la deducción o cuota al monto de la pensión por jubilación de una persona jubilada para aportar a los Fondos de Pensiones y Jubilaciones.
