Alfonso Carlos Ontiveros Salas.
Las «disposiciones» de los Contratos Colectivos de Trabajo como instrumentos de mejoramiento a las prestaciones mínimas legales no son determinantes en todos los casos que «regulen». La finalidad de esos instrumentos jurídicos incorporados a nuestro sistema jurídico llevan una misión esencial, como la de obtener prestaciones superiores a las mínimas fijadas por la ley laboral. Los actores directos para lograrlo son los sindicatos de trabajadores o las coaliciones cuando se constituyen.
Los artículos constituciones que regulan los derechos de los trabajadores son diversos como el 115, 116 y 123 en sus dos apartados “A” y “B”. En ninguno de ellos se regula el derecho jubilatorio.
Las leyes reglamentarias de dichos preceptos no regulan tampoco el derecho a la jubilación, sino un sistema de pensiones que obliga a los titulares de la relación laboral a realizar aportaciones a las instituciones de seguridad social conforme los porcentajes que las mismas imponen.
Solo en algunas empresas descentralizadas del gobierno federal se sentaron precedentes para incorporar en sus contrataciones colectivas el derecho a la jubilación, que operaría de manera colateral a los derechos de la seguridad social para sus trabajadores. Es el caso, entre otras muchas, de la CFE, PEMEX, TELMEX, y en las Instituciones Públicas Autónomas por ley.
Los regímenes jubilatorios en las empresas descentralizadas se constituyó el sistema de pensiones con aportación de sus beneficiarios, sistemas que, hoy en día, enfrentan crisis obligando a revisarlos para fijar nuevas condiciones que permitan conservarlo y no desaparecerlo.
Los que no sentaron el precedente contributivo fueron los trabajadores al servicio de las Instituciones de Educación Superior. Una omisión que ahora hace crisis. Por muchos años, debe reconocerse, hubo una evidente permisibilidad por el gobierno federal como fuente concesionaria del subsidio; el crecimiento gradual de las IES en matrícula, personal académico y administrativo, infraestructura educativa e insumos para educar, así como prestaciones contractuales colapsaron las finanzas que ocasionaron la alerta y preocupación de las autoridades federales.
La Reingeniería Integral propuesta y aprobada por el Consejo Universitario Rosalino, ha sido una medida que trascenderá en la historia universitaria porque sentará las bases de una reforma integral en la administración del presupuesto y normatividad de la universidad pública.
La federación sigue el proceso de los cambios en la Universidad Autónoma de Sinaloa porque el saneamiento es un imperativo en los campos de actuación de la UAS que incluye, sin duda, una prestación que deberá ser sustentada con la aportación de todos como es la jubilación dinámica.
El llamado a la mesura seguirá siendo un antídoto que permita el sostenimiento de la fuente financiera que la UAS requiere para seguir cumpliendo con el pago comprometido en el contrato colectivo de trabajo.
Es saludable que las diferencias construyen consensos que se dirijan a la protección de derechos que interesa que prevalezcan en favor de todos de manera vitalicia. Judicializar la protección no es la mejor decisión.
La defensa en un juicio, no es sólo de una parte, es de dos o más, por lo que la estrategia de cada uno no necesariamente deberá seguir la misma dirección procesal. Los pedimentos pueden variar y, en algunos de ellos causará malestar, como sería el caso de solicitar la suspensión de la percepción jubilatoria, porque pondría en riesgo el derecho de las mayorías y la estabilidad financiera de la institución como patrón.
No es un derecho exclusivo de los demandantes, no olviden que un juicio es un riesgo para todos. Asúmanlos. La federación espera resultados. La consulta del pasado diez de octubre despeja horizontes aún nebulosos para que la federación resuelva sobre los apoyos presupuestales que se requieren. El fondo de pensiones es una realidad que no variará en el futuro. La jubilación es un derecho de todos. Todos debemos defenderla con el fondo que se constituya.
